A dos años del crimen, la FGR solo ha identificado el sitio donde ocurrieron los hechos, pero las investigaciones, que además fueron selladas hasta 2031, no se han judicializado ni derivado en órdenes de aprehensión; mientras que el Mayo Zambada fue sentenciado a cadena perpetua y el Jando quien piloteó el avión fue extraditado a EU sin enfrentar la justicia en México

La finca San Julián en Huertos del Pedregal, donde Héctor Melesio Cuen Ojeda fue presuntamente asesinado e Ismael el Mayo Zambada secuestrado, se encuentra desolada. En el portón y la puerta de madera siguen pegados dos sellos de la FGR, y junto a la entrada, un parapeto con sacos de arena rotos fue abandonado por la Guardia Nacional, que según vecinos cambió su punto de vigilancia hacia el acceso opuesto.

La vista adentro del campestre, cuyos dueños han intentado recuperar a través de amparos, es muy diferente a las imágenes mostradas en 2024: el pasto que cubría casi la totalidad del suelo se ha secado y decenas de hojas de palma se amontonan en los senderos, mientras que una piscina luce sin agua y en mal estado. Allí el polvo y el abandono dominan, como un reflejo del desarrollo de la investigación, que dos años después sigue como al principio, contrario a la vida en Culiacán y Sinaloa, donde la traición al Mayo, desató una guerra dentro del Cártel que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

Dos años, entre nulos avances

Por el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024, la FGR solo ha informado que hay siete carpetas de investigación abiertas, dentro de las cuales se incluye el secuestro del Mayo Zambada y la desaparición de dos de sus escoltas, y contra la procuración de justicia, por alteración de escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común, pero hasta el momento ninguna se ha judicializado ni derivado en órdenes de aprehensión.

Las preguntas de: ¿Quién y por qué mató a Cuen?, ¿dónde y a qué hora ocurrió su asesinato?, ¿quién fabricó el montaje del falso asalto en la gasolinera?, ¿dónde está Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, el principal testigo?, siguen en el aire, mientras que Rubén Rocha Moya, inmiscuido por el propio Mayo en la trama de su secuestro y entrega, se encuentra en licencia voluntaria por otra acusación, ahora del gobierno de EU por presuntos nexos con los Chapitos.

La Fiscalía General de la República que atrajo la indagatoria del asesinato de Cuen Ojeda en agosto de 2024 bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora retoma Ernestina Godoy en el gobierno de Claudia Sheinbaum, decidió sellar el caso hasta 2031 argumentando que su divulgación representa un “riesgo real”, de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

En una conferencia de prensa realizada el 8 de julio pasado, Godoy Ramos informó que después de 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes en diversas especialidades realizados como parte de las investigaciones, lograron identificar el lugar donde se realizó la reunión en la que Zambada García fue secuestrado, y donde “presuntamente Cuen Ojeda fue lesionado y que posteriormente lo llevó a perder la vida”.

Dicho sitio fue exhibido por el Mayo Zambada el 10 de agosto de 2024, en una carta que hizo pública su abogado Frank Pérez. En la misiva el capo, quien fue detenido luego de aterrizar en un avión en un aeropuerto en Nuevo México, dijo que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, quien lo invitó a una reunión en un campestre de Huertos del Pedregal, donde presuntamente estarían el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen Ojeda. El narcotraficante dijo que el exrector de la UAS era su amigo y que fue asesinado en ese mismo lugar y que la versión del asalto en la gasolinera, que la Fiscalía de Sinaloa mostró en un video, era falsa.

La versión del exlíder del Cártel de Sinaloa, condenado la semana pasada a cadena perpetua, fue corroborada por la FGR días después, cuando atrajo la investigación. En ella concluyó que había múltiples irregularidades en la carpeta de investigación de la Fiscalía estatal, como falta de información en la necropsia de Cuen Ojeda, quien además presentó un fuerte hematoma en la cabeza y cuatro disparos en la pierna, aun cuando en el video de la gasolinera solo se escucha un disparo y de que tres empleados dijeron que no escucharon ninguno.

La FGE tampoco identificó con precisión fisonómica a los ocupantes de la camioneta, no realizó mecánica de hechos ni se procesó criminalísticamente el lugar ni el vehículo, que aun cuando había manchas de sangre en la batea de la camioneta, no realizó peritajes, y que las autoridades involucradas contrario a las prácticas criminalísticas, no buscaron preservar el cuerpo del líder del Partido Sinaloense, el cual fue incinerado por su familia.

Tras las irregularidades en las investigaciones en Sinaloa evidenciadas por la FGR, la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada presentó su renuncia un día después, mientras que el resto de su equipo siguió en sus cargos. El vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, involucrado en la investigación del asesinato de Cuen, solicitó licencia en mayo pasado, luego que también fuera señalado de supuestos nexos con los Chapitos en la misma acusación que Rocha y otros nueve funcionarios.

Familia del líder del PAS, rompe el silencio

El mutis oficial que durante dos años se sumó al de familiares, universitarios y amigos de Cuen Ojeda, se rompió este mes. Su hijo Héctor Melesio Cuen Díaz envió un breve texto al periodista Ciro Gómez Leyva, en el que acusó que pese a diversas peticiones, la FGR no les ha informado avances en las investigaciones, y ayer sábado, al cumplirse dos años del asesinato, en un post en Facebook pidió que la investigación no descarte ninguna línea de investigación y no excluya a ninguna persona, especialmente a quienes pudieron haberse beneficiado de la ausencia de su padre. A su exigencia se sumó también el PAS.

“A dos años de su muerte, nuestro llamado a la justicia sigue firme y permanente. Lamentablemente, no ha habido avances claros por parte de las autoridades sobre su caso; por el contrario, se han tomado decisiones que profundizan la incertidumbre y debilitan la confianza ciudadana en el acceso a la justicia”, escribió en un comunicado el partido fundado por Cuen.

Los diputados locales Víctor Antonio Corrales Burgueño, padre de Fausto Corrales, el principal testigo y Angélica Díaz Quiñónez, viuda de Cuen, no han llevado a tribuna el asesinato del exrector en ninguna ocasión y tampoco han accedido a entrevistas.

La falsa escena del crimen

Al igual que ellos, en la gasolinera de La Presita, la falsa escena del crimen de Cuen, los testigos involuntarios también rehúyen a hablar de lo ocurrido hace dos años.  “Ya dije lo que tenía que decir”, responde evasivo y nervioso un empleado mientras coloca la manguera del dispensador número 6 en el tanque de gasolina en una vieja camioneta roja, tal como lo hizo la noche del 25 de julio de 2024, con la Raptor que presuntamente conducía Fausto Corrales y donde iba de copiloto el entonces virtual diputado federal del PRI, y cuyas imágenes quedaron grabadas en un video, captado por las cámaras de seguridad de las oficinas administrativas, ubicadas metros adelante.

Otro trabajador de la estación recuerda que al día siguiente regresaron a trabajar de forma normal, hasta que llegó gente de la Fiscalía estatal para revisar la escena e interrogarlos. “Yo no vi nada, no estaba en la noche, y eso les dije”, menciona. Cuando la FGR atrajo el caso, también fueron a buscarlos y les hicieron las mismas preguntas, y luego ya no volvieron.  “Hace como año y medio de eso”, recuerda.

“Se llevaron todas las cámaras (la FGR), yo hasta ayudé a quitarlas”, dice otro que ya terminó su turno y se encuentra montado en una moto, en la cual se marcha por el mismo lugar donde hace dos años, aquella noche de jueves, se perdió en la oscuridad la camioneta Raptor.

El “Jando”, la otra pifia de la FGR

Días antes de que Ismael Zambada García fuera condenado a cadena perpetua en la corte de Nueva York, la Fiscalía General de la República se vio evidenciada en otra pifia dentro de las investigaciones por el secuestro del Mayo, que va ligada a la de Cuen, luego que admitiera que el piloto que trasladó al capo a Estados Unidos, fue deportado a este país luego de aterrizar en Nuevo México, sin que se les informara de ello, por lo que a su regreso al país estuvo en libertad y delinquiendo hasta que fue detenido con armas en la sindicatura de Jesús María en febrero de 2025, y luego entregado a EU.

Dicho piloto fue identificado después de su entrega a Estados Unidos por la FGR como Mauro Alberto Núñez Ojeda o Alejandro Ojeda Ávila, el Jando, por medio de audios obtenidos el 24 de julio de 2024 de la Torre de Control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde el piloto pidió permiso para ingresar a los EU.

En la declaración conjunta de hechos fechada el 9 de abril de 2026, dentro de la acusación 1:25-cr-00090-RC del Distrito de Columbia, donde el Jando fue procesado no se le señala como el hombre que pilotó el avión que traslado al Mayo, pero sí que trabajó para Iván Archivaldo Guzmán Salazar transportando en avión a la cúpula del Cártel de Sinaloa, así como armas, equipos de comunicación y narcóticos a aeródromos y pistas de aterrizaje privadas en la entidad y otros lugares. Entre sus funciones también recibió aeronaves, incluyendo Caravans, Piper, King Air, Cessna 206.

Artículo publicado el 27 de julio de 2026 en la edición 1226 del semanario Ríodoce.