Ahome, Culiacán, Mazatlán, Ciudad de México suman fuerzas contra industrias depredadoras en la Bahía de Ohuira

 

 

 

 

Los mayos yoremes de Ahome se hartaron de la parsimonia oficial y actuaron en contra de la construcción de una planta de amoniaco en sus territorios, que amenaza con un ecocidio en el precario equilibrio del sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María.

La movilización y manifestación cumplió una semana este viernes a las afueras de la Administración Portuaria Integral (ASIPONA) para evitar la sustracción de un reactor por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). Esta derivó de que los Juzgados de Distrito de Los Mochis comenzaron a resolver en contra de la comunidad indígena y de pescadores ribereños por alegatos de Semarnat restándoles derechos y provocó que la Secretaría de Gobernación, tras 10 años de protestas y juicios legales, actuara para buscar una solución definitiva al conflicto.

Por la Secretaría de Gobernación participaron Mauricio Rodríguez Alonso, Martha López, de la Mesa de Construcción de la Paz y Antonio Lemus, enviado del Instituto de Federalismo y Desarrollo Municipal; y por los inconformes Felipe Montaño, Claudia Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, José Luis Luna, y Ulises Pinzón, síndico de Topolobampo.

Pablo Bedoya, secretario de Gobierno Interino, Rodolfo Jiménez, subsecretario, por el Estado de Sinaloa y Cutberto Ríos Beltrán, por el municipio de Ahome.

Allí, Rodríguez escuchó los reclamos ácidos y puntuales: hagan su trabajo y detengan esa construcción por ilegal, dejen de estar litigando en contra de los pueblos ribereños, salvaguarden el ambiente y defiendan la soberanía nacional protegiendo a los activistas, al pueblo y los recursos naturales, así como advertencias: GPO no producirá un “litro” de amoniaco, el banco alemán KFW-IPEX perderá su inversión y si violentan la protesta tendrán respuesta.

El enviado de Segob respondió que no habrá provocación y se respetará el derecho de protesta, y ofertó que regresará en una semana con propuestas de solución habiéndole dado cauce a las demandas comunitarias.

Si alguien falló en el inicio de todo el proceso, nos toca resolverlo, aseguró.

Este mantuvo la comunicación con los líderes sociales, y, de última hora, la noche del jueves, se reportaron avances con el gobierno federal en las negociaciones de solución en el conflicto.

La comitiva fue embarcada en dos lanchas para navegar en la zona invadida, observando y documentando los argumentos de impacto ambiental por la construcción como manglar desecado, emigración de aves, invasión de zona marítimo terrestre, apropiación del mar y ya una probable afectación de irrigación natural por la plancha de rocas tendida fuera del polígono escriturado de manera irregular.

En la reunión, Pinzón aclaró: Topolobampo es víctima del desarrollo no planeado y sus efectos son tasas altas de muertes por infartos y cáncer, cero beneficios comunitarios y más problemas de infraestructura, reducción sistemática de áreas de pesca de especies marinas, contaminación de las aguas por desechos industriales, erosión de tierras y eliminación de zonas reproductoras de larvas de especies marinas con rellenos ordenados en el plan maestro de la Asipona.

Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira, pidió a la Segob ver las irregularidades del proyecto y lo cancele. “Ya está demostrado que con la planta de amoniaco, todo es corrupto, fue hecho con mañosadas; no estamos dispuestos a que la bahía, nuestra forma de vida y que da el sustento, sea violentada de esta forma”.

El gobierno federal no ha sabido encontrar los mecanismos para integrar e interactuar con los pueblos originarios, pero sí han contribuido al etnocidio.

“El gobierno pasado y el actual no respeta las garantías y los derechos de los pueblos originarios; hemos creído en una falacia del proyecto de Andrés Manuel López Obrador porque Morena no permite usar las reformas. El valle de la muerte lo ampliaron los gobiernos de Morena, como en Ahome, que nos pusieron los terrenos industriales en los patios de las casas”, denunció Criselia Sánchez Luque.

Denunció campañas del gobierno federal, estatal y municipal basadas en engaños, división de la comunidad, corrupción, tratos denigrantes, manipulación, reparto de dádivas y división de las comunidades para imponer la petroquímica.

“Paren la construcción de la planta de amoniaco y Mexinol y dialogamos”, pidió.

Todas las exigencias fueron recogidas por los enviados de la Presidencia, y después de la asamblea, el grupo también fue conducido a las zonas naturales que serán arrasadas por los buques de gran calado que transportarán vía marítima el amoniaco.

Al movimiento también se sumó la sociedad civil y grupos sociales surgieron en Culiacán, Mazatlán y Ciudad de México.

También, de la nada, la población comenzó a apoyar a los manifestantes aportando víveres, líquidos y dando materiales diversos para visibilizar las demandas.

Incluso, donaciones de civiles para los gastos de movilización fluyeron al pañuelo y sombrero que tradicionalmente se coloca en el piso sagrado de un centro ceremonial para recabar ofrendas.

 

Gobierno y esquirolaje

En contraparte, el gobierno del Estado activó a sus redes construidas desde dependencias estatales para satanizar a los manifestantes. Así, desde la asociación civil Consejo Supremo Mayo de Cobanaros del Municipio de Ahome, su líder, Librado Bacasegua Elenes mostró el respaldo de otros gobernadores indígenas a la planta de amoniaco y avaló el resultado de la consulta indígena que aceptaba la construcción de la planta de fertilizantes.

Sin embargo, Eliseo Bacasegua Elenes, Gobernador Tradicional del 5 de Mayo desmintió el respaldo. “Por el contrario, estamos en contra de su construcción y operación porque es perjudicial para las comunidades indígenas, respaldamos la protesta y la oposición a la empresa GPO, y estaremos en la marcha de este domingo”, aseguró.

En un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fechado el jueves 4 de junio, se reconoció que la Bahía de Ohuira contiene ecosistemas costeros de gran valor ambiental, social y cultural para el noreste de México, e incluso reconoció la importancia de las preocupaciones expresadas por comunidades, pescadores y habitantes de la zona respecto de los distintos proyectos industriales que actualmente se desarrollan en la región.

Agregó que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantienen acciones permanentes de supervisión, inspección, vigilancia y seguimiento ambiental, así como mecanismos de atención comunitaria y coordinación institucional para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

 

 

Se refirió al proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa recordando que fue autorizado originalmente en materia de impacto ambiental durante administraciones federales anteriores en 2014 y recibió una ampliación de plazo en 2018.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2021 que debía realizarse una consulta a las comunidades indígenas involucradas. En cumplimiento de dicha resolución, la Semarnat dejó sin efectos las autorizaciones anteriores y llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2022 el proceso de consulta indígena previa, libre e informada con comunidades Mayo Yoreme de la región.

Como resultado de ese proceso, el 19 de septiembre de 2022 la autoridad ambiental emitió entonces una nueva autorización en materia de impacto ambiental, condicionada al cumplimiento de diversas medidas ambientales.

 

Aquella consulta indígena

El proceso de consulta realizado en 2022 incluyó 13 Asambleas Generales Comunitarias y la participación de más de 2 mil 400 integrantes del pueblo indígena Mayo Yoreme. Participaron 15 comunidades identificadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dentro del área de influencia del proyecto. La consulta incluyó etapas de acuerdos previos, asambleas informativas y asambleas deliberativas y consultivas, con materiales en español y en lengua mayo, así como intérpretes traductores.

El proceso concluyó el 18 de septiembre de 2022. Once de las comunidades consultadas manifestaron su consentimiento al proyecto, entre ellas San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y una de las representaciones tradicionales de Juan José Ríos.

Las principales expresiones de oposición provinieron de tres comunidades indígenas Mayo Yoreme asentadas en la Bahía de Ohuira, entre ellas Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. En cuanto a la representación comunitaria de Juan José Ríos, se registraron posicionamientos diferenciados entre distintas autoridades tradicionales, ya que expresaron posturas no coincidentes respecto del proyecto.

De acuerdo con la información técnica y social integrada durante el procedimiento de evaluación ambiental y consulta, todas las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia regional por posibles impactos indirectos, acumulativos o de carácter socioambiental generados por el proyecto, fueron incluidas en la consulta y sus comentarios considerados en la resolución emitida.

Posteriormente, en noviembre de 2022 y febrero de 2023, juzgados federales determinaron que la autoridad ambiental cumplió con la sentencia de la SCJN; además, en agosto de 2024 y abril de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, declaró infundados recursos promovidos contra el proceso de consulta.

Desde 2015, la Profepa ha recibido diversas denuncias relacionadas con el proyecto y ha realizado inspecciones y procedimientos administrativos en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

En los casos en que se identificaron irregularidades, la autoridad ambiental impuso las medidas y sanciones correspondientes.

Actualmente la Profepa mantiene procedimientos administrativos abiertos y continúa realizando acciones de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental relacionadas con el proyecto y con el cumplimiento de las condicionantes ambientales establecidas en la autorización vigente.

La Semarnat, la Profepa y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han sostenido reuniones y mecanismos de atención con comunidades Mayo Yoreme.

Como parte de estas acciones, el 12 de agosto de 2025, por instrucción de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, una delegación integrada por personal de Semarnat, Profepa e INPI realizó un recorrido en la Bahía de Ohuira, junto con integrantes de las comunidades de Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos para escuchar planteamientos y dar seguimiento a preocupaciones relacionadas con la pesca, la biodiversidad, los manglares y los ecosistemas de la región, así como observaciones respecto a permisos y autorizaciones otorgados previos a esta Administración.

Asimismo, el 28 de mayo de 2026, la titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos de la Semarnat, Josefina Bravo Rangel, y personal de la Oficina de Representación de la Semarnat en Sinaloa sostuvieron una reunión con representantes de comunidades de la Bahía de Ohuira, entre ellas Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo, con el propósito de escuchar planteamientos y atender sus inquietudes sobre el proyecto.

La autorización ambiental vigente para el proyecto corresponde a la emitida en septiembre de 2022 y su cumplimiento continúa sujeto a supervisión por parte de las autoridades ambientales federales.

Entre los temas que continúan en revisión se encuentran procedimientos relacionados con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que forma parte de los bienes nacionales bajo responsabilidad del Estado mexicano. Sobre estos asuntos existen recursos promovidos por distintos actores, incluyendo comunidades y la propia empresa promovente.

En todos los casos, las autoridades ambientales continúan actuando conforme a sus atribuciones legales para la protección de los bienes de la nación y los ecosistemas costeros, así como la observancia de la legislación ambiental.

La Semarnat y la Profepa continuarán realizando acciones de supervisión, inspección, seguimiento ambiental y trabajo de la mano de las comunidades, con el propósito de manejar de forma sostenible los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Pese a las ofertas de solución, el colectivo Aquí ¡No! marchó ayer domingo en contra de la industria petroquímica.

Artículo publicado el 07 de junio de 2026 en la edición 1219 del semanario Ríodoce.