La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estarían obstruyendo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos por el caso de la acusación de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, señaló el despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR).

“Están llevando a cabo actualmente un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Al insistir públicamente en que las solicitudes de extradición sólo procederán cuando las acusaciones cumplan con “estándares legales” en México, el gobierno está ignorando deliberadamente los mecanismos del tratado”, indicó la firma.

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De acuerdo con Proceso, el despacho argumenta que el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, firmado en 1978 y modificado en 1980, no exige pruebas completas en esta etapa, sino únicamente la existencia de una acusación formal y el compromiso de entregar documentación en un plazo determinado.

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“Bajo el Artículo 11, una orden de detención provisional no requiere evidencia formal de culpabilidad, sólo la existencia de una acusación y un compromiso para proporcionar documentación dentro de los 60 días. Este obstáculo de “evidencia” no es una necesidad legal, sino un cortafuegos político diseñado para ganar tiempo a un régimen que está aterrorizado de lo que sucede cuando comienza a correr el reloj de 60 días”.

Además, la FGR ha dicho que la información debe manejarse con confidencialidad, conforme a los acuerdos bilaterales, aunque el tratado no especifica restricciones a la publicidad de la acusación.