Según la información del Registro Público Único de deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las finanzas públicas de las entidades federativas presentan severos problemas de liquidez ya que el número de solicitudes de crédito a la Banca Privada se han incrementado considerablemente y, en especial, los créditos por falta de liquidez.
En esa base de datos se registran los créditos solicitados por entidades públicas, como gobiernos estatales, municipales, así como otros organismos. La información muestra que hasta el 2021 los gobiernos estatales solicitaban crédito a la banca para dos objetivos principalmente: refinanciamiento o inversión productiva, y la institución más habitual era Banobras. Pero debido al crecimiento de las solicitudes de crédito con otros objetivos, las solicitudes han sido atendidas por bancos comerciales como Banorte (28 por ciento), Santander (16 por ciento) y BBVA (14 por ciento), principalmente.
Es a partir del 2022 que surge el primer crédito cuya razón registrada fue la “falta de liquidez de carácter temporal”, que fue San Luis Potosí, con un monto de 700 millones de pesos (mdp), que ya fueron liquidados. Los siguientes años se incrementaron los créditos por falta de liquidez, siete en el 2023, llegando hasta 126 en el 2025, e incluso, ya en el primer trimestre de este 2026 hay seis créditos solicitados debido a la falta de liquidez en Veracruz, Aguascalientes y Nuevo León.
La situación es especialmente preocupante en algunas entidades, ya que el incremento de su endeudamiento adquirido tan solo en el 2025 rebasa por mucho el endeudamiento histórico registrado entre 2006-2024. En los primeros lugares se encuentra Tabasco, Jalisco y Guerrero, con incrementos de 4 mil 230 por ciento, 732 por ciento y 523 por ciento, respectivamente.
Implicaciones para el desarrollo regional
Esta realidad es particularmente importante en el contexto de desarrollo económico territorial que se quiere impulsar a través de los polos económicos del bienestar y el Plan México, ya que en esos esquemas son las entidades federativas las que requieren mayor participación en el fomento del desarrollo, tal como se establece en los decretos de los Polos del Bienestar, y es claro que en el 2025 las capacidades de gasto de los gobiernos estatales se vieron considerablemente deterioradas. Ante este escenario, es urgente analizar qué ocurre con el federalismo fiscal en México y qué sucede al interior de los gobiernos estales, municipios y otros organismos, cuya deuda es también elevada, como en Nuevo León, que alcanza más de 20 mil mdp.
Artículo publicado el 19 de abril de 2026 en la edición 1212 del semanario Ríodoce.
