Tres activistas del colectivo Aquí ¡No! denunciaron ante el ministerio y el parlamento alemán el etnocidio que pretende realizar el consorcio Proman y su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente con la construcción de una planta de amoniaco en el sistema de bahía de Topolobampo y una zona protegida como humedal, que será reducida a “infierno ambiental” por explotación petroquímica.

Los activistas Melina Maldonado Sandoval, Claudia Quintero Sandoval y José Luis Luna, fueron respaldados por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México para trasladarse más de 10 mil kilómetros desde el campo Pesquero Lázaro Cárdenas, la comunidad de Ohuira y la ciudad de Los Mochis hasta Berlín para denunciar la catástrofe ambiental que cierne sobre ellos y que es financiada por dinero público de los alemanes a través de garantías de crédito a la exportación.

Los mexicanos interpusieron una queja formal ante directivos del banco alemán KfW IPEX, el cual cofinancia el proyecto. En el mismo acto demandaron la suspensión del financiamiento al megaproyecto petroquímico pues argumentaron que el dinero alemán se utiliza para construir una planta en un sitio de importancia Ramsar, que está rodeado por comunidades pesqueras que han sustentado sus vidas en la producción del mar, que ahora se encuentra amenazada.

En un comunicado difundido por la agrupación Conexiones Climáticas que también es parte de la comitiva mexicana en Europa, respaldada por la red Acción Episcopal Adveniat y Amnistía Internacional Alemania, entre otras organizaciones, el colectivo pidió que con dinero alemán no se debe financiar la destrucción ambiental en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, México.

La planta de amoniaco más grande de América Latina se ubicará en el humedal protegido de Santa María-Topolobampo-Ohuira, y en su operación los activistas prevén un colapso ecológico-social de la laguna y, con ello, la pérdida del sustento y entorno de las comunidades indígenas locales.

El proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) —filial de la suiza Proman AG, con sede también en Düsseldorf— es posible en gran medida gracias al banco alemán KfW IPEX-Bank: éste coordina un consorcio bancario para préstamos por un total de 860 millones de dólares y actúa como financiador.

Dado que la IPEX-Bank es una filial del banco estatal de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el gobierno federal alemán comparte la responsabilidad en la decisión de este proyecto, tanto a través de dicha financiación como mediante la concesión de garantías de crédito a la exportación (garantías Hermes).

La queja formal al banco se entregó el 24 de marzo. Y en esta escribieron: “El banco KfW IPEX y el gobierno alemán no deben lavarse las manos: Su capital está haciendo posible un proyecto que envenena nuestra bahía y arrebata el futuro de las comunidades indígenas. Exigimos que dejen de usar dinero público para financiar proyectos que serían ilegales en suelo alemán por su impacto humano y climático”.

Con gran preocupación, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México ha recibido informes sobre amenazas y ataques físicos contra las y los defensores ambientales. Debido a esto, integrantes de Aquí ¡No! han sido incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

“En este tipo de megaproyectos deben aplicarse las debidas diligencias en materia de derechos humanos, especialmente en un país como México, donde tan solo en el año 2024 fueron asesinados 25 defensores ambientales. De lo contrario, los actores alemanes serían corresponsables de las violaciones a los derechos humanos en el entorno del proyecto”, afirmó Peter Clausing, de la organización Partner Südmexikos e.V., que forma parte de la red de derechos humanos, reseña el comunicado difundido por redes del colectivo.

Los activistas además de presentar la queja ante el banco alemán, llegaron al parlamento y se entrevistaron con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

En México, los visitadores de KfW IPEX-Bank han estado en la región en fechas recientes, pero han abortado reuniones con los indígenas mayos-yoremes. La última fue en el verano del 2025.

Mientras que las visitas a Alemania se consiguieron tras consumarse un foro en Los Mochis con organismos independientes defensores del medio ambiente.

La planta de amoniaco en la bahía de Ohuira continúa edificándose.

El gobierno federal, Profepa y Semarnat no han emitido juicio sobre las denuncias de ilegalidades en el proceso de aprobación de las manifestaciones de Impacto Ambiental.

La empresa mexicana no ha logrado convencer a los científicos locales y a los mayos-yoremes de que la fábrica no contaminará las zonas de la bahía.

Artículo publicado el 29 de marzo de 2026 en la edición 1209 del semanario Ríodoce.