La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó su conferencia matutina de este viernes 27 de marzo de 2026 en Palacio Nacional a la situación de las personas desaparecidas en México, con un informe centrado en las acciones realizadas desde octubre de 2024 y tras las reformas legales publicadas en julio de 2025, y anunció que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se abordará por separado.

La mandataria, destacó el trabajo con colectivos de búsqueda y la asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

El subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, explicó que la desaparición de personas se divide en dos grandes etapas: la “Guerra Sucia”, entre las décadas de 1950 y 1990, marcada por desaparición forzada desde el Estado contra opositores y movimientos sociales, y el periodo iniciado a partir de la guerra contra el narcotráfico en 2006, ligado principalmente a la delincuencia organizada.

Recordó la creación en 2021 de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre violaciones graves a derechos humanos del pasado y la instalación de una fiscalía especial en la Fiscalía General de la República, y subrayó que el compromiso del nuevo gobierno es seguir investigando y buscando a las personas desaparecidas, sin usar las fuerzas del Estado para reprimir al pueblo.

Por su parte la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas concentra 394,645 casos desde 1952 a la fecha, de los cuales 262 mil 111 personas (66 por ciento) ya fueron localizadas y 240 mil 211 de ellas (92 por ciento) con vida, mientras 132 mil 534 continúan como no localizadas o desaparecidas.

De los registros correspondientes al periodo de 2006 a la actualidad, 130 mil 178 siguen desaparecidas y fueron clasificados en tres grupos: 46 mil 742 casos (36 por ciento) sin datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308 (31 por ciento) con datos completos y con pruebas de actividades posteriores a la fecha de desaparición, en los que ya se han ubicado 5 mil 269 personas mediante un esquema de verificación; y 43 mil 128 (33 por ciento) con datos completos pero sin actividad posterior identificada, de los que sólo 3,869 cuentan con carpeta de investigación.

A su vez la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las reformas de julio de 2025 establecieron la alerta nacional de búsqueda, que se activa en cuanto se reporta una desaparición y se distribuye de forma inmediata a la Fiscalía General, las 32 fiscalías estatales, las 32 comisiones locales de búsqueda, la Guardia Nacional, cuerpos policiales y puntos estratégicos, con la participación de 512 instituciones públicas, sociales y privadas.

Señaló que ahora es obligatoria la apertura de carpeta de investigación con cada reporte, se creó la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad basada en la CURP, se fortaleció la búsqueda forense con nuevos grupos multidisciplinarios y perfiles técnicos, y la Comisión Nacional de Búsqueda incorporó 100 especialistas y nuevo equipamiento, además de una nueva comisionada designada en agosto de 2025 con opinión de los colectivos.

Rodríguez añadió que la Secretaría de Gobernación ha sostenido 134 mesas de diálogo y 137 reuniones con instituciones de los tres niveles de gobierno, en las que han participado 774 colectivos de familiares con 570 propuestas, así como 32 mesas con organismos internacionales, para fortalecer las reformas, los protocolos y las herramientas de búsqueda.

Como parte de los resultados operativos vinculados a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, informó que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales utilizadas por organizaciones delictivas para contactar jóvenes, mientras 725 cuentas adicionales permanecen bajo investigación y seguimiento.