La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo por unanimidad que, frente al impacto del tráfico ilícito de armas en el goce de los derechos humanos, los Estados deben ejercer debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego, gestión de sus arsenales y de las armas decomisadas.

El presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, aseguró que el principal objetivo de estas acciones es evitar su desvío hacia el mercado ilegal.

El gobierno mexicano ha señalado que alrededor de 200 mil armas de origen estadunidense son traficadas cada año hacia territorio mexicano, incluso el mismo gobierno estadounidense estima que, las armas provenientes de ese país y recuperadas en México entre 2017 y 2021 representaron 74 por ciento de las utilizadas en delitos que pudieron ser rastreadas hasta un comprador.

México planteó que la falta de debida diligencia y las prácticas negligentes o intencionales en la fabricación y comercialización de armas facilitan su tráfico ilícito y su disponibilidad indiscriminada, lo que incrementa la violencia en la región.