Sobre el escritorio de Casimiro reposa un grupo de hojas cuidadosamente engrapadas. Su contenido muestra un listado de nombres de fraccionamientos y, en recuadros negros, se enmarca en letras mayúsculas la palabra “CANCELADO”. Son los predios paralizados del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar.

“Casimiro Zamora Valdez”, inscribe una placa metálica colocada en su escritorio. Es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Sinaloa. “¿Qué dice aquí?”, preguntó, señalando las hojas: 60 de los terrenos propuestos en el municipio de Culiacán están cancelados, pues no cumplen con la documentación ni con los requisitos necesarios para la construcción de las viviendas.

El número total de viviendas que deben construirse en Sinaloa para el último año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum son 57 mil 418, 1.8 millones en todo el país. Este año se proyectaba en el estado la construcción de 14 mil viviendas y la cifra aumentó a 18 mil 402; sin embargo, el proyecto que debió iniciarse desde abril se encuentra retrasado.

Ahome es el único municipio que muestra avances de construcción en dos predios, uno ubicado en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, con el levantamiento de más de 300 viviendas, y Virreyes, para 757.

Los proyectos estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para quienes no pertenecen a ninguna institución, y de FOVISSSTE e Infonavit, destinados a derechohabientes.

El titular destacó que, en algunos municipios, Infonavit está realizando convenios con otras constructoras denominados “Privados”; esto significa que, Infonavit compraría las viviendas para luego entregarlas a los derechohabientes.

“La falta de predios, la falta de terrenos en los municipios ha retardado el arranque para algunos de esos municipios (…) hay otras instituciones que están donando porque la presidenta en un reporte y de lo que nosotros hemos enviado como información diciendo pues de que hay municipios donde el terreno se ha encarecido y ha estado alejado de las áreas urbanas y que en Mazatlán, Culiacán, principalmente los terrenos se han elevado por fraccionadoras”, anotó Zamora Valdez.

Durante una sesión de Cabildo celebrada el 11 de abril pasado en el Ayuntamiento de Culiacán, se aprobó el cambio de uso de suelo de seis espacios verdes a espacios habitacionales en los fraccionamientos Lomas de San Isidro, Prados de Occidente, Jardines del Pedregal, Enrique Félix Castro, Hacienda del Valle y Montesierra.

“Todos los predios están a nombre del Ayuntamiento de Culiacán y serán destinados para uso habitacional, Comercio y Servicios de Alta Densidad, con el objetivo de ser contemplados en el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar”, se especifica en la Gaceta Municipal.

Zamora Valdez detalló que esto es improcedente. Los espacios no son aptos, ya que las áreas verdes están dedicadas a parques y áreas recreativas, no para casa habitación, lo que impide el avance de las obras en estas zonas.

El dilema de los desplazados

En sus ranchos les dicen chinames. Cada chiname está separado por grandes y redondas piedras que corren en línea recta de norte a sur. Desde la lejanía se dejan ver. Sus techos son de lonas o láminas, y las paredes se levantan con palos recolectados del monte y retacerías de madera. El piso es de tierra suelta; dos pasos y empaniza los pies.

Llegaron hace pocos meses; sus dueños salieron huyendo de sus comunidades. Los hombres encapuchados se presentaron hasta sus puertas: “Les damos dos horas para que se salgan”, les dijeron. No les quedó de otra que abandonar sus casas. El apuro los llevó hasta un predio baldío en el fraccionamiento Montesierra, el cual estaba contemplado para la construcción del Programa de Viviendas.

Los desplazados se asentaron, limpiaron el monte y delimitaron con piedras un espacio de 7 por 17 metros para levantar sus chinames. La documentación de SEDATU especifica que en esa área se preveía la construcción de 107 viviendas, pero al tratarse de una área verde se canceló y se dio de baja una vez que el Gobierno Municipal lo retiró previo a un acuerdo con Infonavit.

Hace unos días se presentó el dueño del predio, indicándoles que tenían que abandonar el lugar, ya que ahí se construirían las casitas del bienestar. Después llegaron autoridades de gobierno. Omar Alejandro López Campos, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), señaló que la visita estuvo a cargo de Jesús Askanio Salomón Saiz, subsecretario de Bienestar, y de un equipo del Ayuntamiento.

“Necesitamos identificarlos, que, en efecto sean ciudadanos y ciudadanas que sí se encuentran en esa situación y no es una cosa de otra naturaleza (…) que en efecto, sean desplazados para nosotros sumarnos en su atención y resolver las cosas que sean necesarios (…) y la otra cosa, porque resulta que ese predio es un predio para atender otro programa que se llama Programa de Vivienda para el Bienestar”, declaró López Campos.

Las familias desplazadas son, en su mayoría, procedentes de Tepuche, parte de Imala y otras 20 comisarías, además de Badiraguato. Suman entre 300 y 400 personas en situación vulnerable, según el conteo de las familias.

“Estamos perturbándoles”, comentó una de las desplazadas. Sin embargo, no tienen a dónde ir, y las autoridades no les han dado respuesta sobre una reubicación concreta para asentarse en un lugar seguro.

“Toda la sindicatura de Tepuche están las casas completamente solas, ni animales, porque había la sequía extrema. Árboles, animales, todos se secaron, se murieron y las casas, en el caso de la mía se metieron y se llevaron todo. Si en caso de que yo me quisiera regresar, nada, tengo que comenzar de cero”, mencionó una mujer desplazada.

“Prácticamente no nos ha ayudado nada más con decir que van a construir casitas para el bienestar, para la gente desplazada y ayudarnos, pues”, replicó otra mujer.

Artículo publicado el 7 de diciembre de 2025 en la edición 1193 del semanario Ríodoce.