El agua es la fuente de la vida, se debe de dejar de ver al agua como un recurso comercial, para ello hay que cambiar el estatuto jurídico. En todo el mundo está surgiendo un movimiento para reconocer ríos, lagos, mares e incluso océanos como personas jurídicas, con derecho a existir sin sufrir la intervención humana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, para que el agua ya no sea negocio privado.
Ecuador fue el primer país en incorporar los derechos de la naturaleza a su Constitución en 2008. México, Colombia y Bolivia han introducido cambios jurídicos similares. Bangladés, Australia y Nueva Zelanda han ido aún más lejos en lo que respecta a los derechos legales de los ríos.
La iniciativa de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum busca tener un sistema de concesiones ordenado, transparente y con plena certidumbre para los usuarios. El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua.
En 2017, Nueva Zelanda concedió al río Whanganui derechos como entidad independiente, salvaguardando su derecho a existir como un todo indivisible desde el nacimiento hasta el mar, lo que supone un cambio extraordinario respecto a la forma en que los ríos han sido confiscados, desviados o se les ha impedido seguir su curso natural. En Sinaloa tenemos ríos que ya no desembocan en el mar.
La iniciativa de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum busca acabar con el “mercado negro” del agua y que no sea vendida a particulares a costa del derecho de la mayoría. Es decir, evitar que aquellos que obtengan el líquido gratis puedan comercializarlo.
En la India, un tribunal superior estatal intentó en el 2017 otorgar personalidad jurídica a los ríos Ganges y Yamuna. El Tribunal Superior dictaminó poco después que los ríos no pueden considerarse personas jurídicas. En el 2021, las autoridades locales de Quebec, Canadá, hicieron lo mismo con el río Magpie, incluido el derecho a fluir, el derecho a estar a salvo de contaminación y el derecho a demandar ante los tribunales.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum crea un capítulo de delitos hídricos como la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, desvío ilegal del flujo o cauce natural. Las penas van de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.
Australia ha llevado la cuestión de estatus de las aguas un paso más allá, reconociendo al río Yarra como una entidad viva integrada. Esto tiene sentido, dado que existe un consenso cada vez mayor de que las aguas son la fuerza vital primordial que genera y mantiene a todas las criaturas vivas del planeta.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum busca eliminar prácticas de “acaparamiento” por la concentración de concesiones y grandes cantidades de agua, en contraste con el desabasto en comunidades y para actividades de pequeños y medianos productores. Se limitará el pago de la cuota de garantía a un máximo de cinco años.
Garantizar el binomio “tierra-agua” para que los títulos de concesión puedan ser heredados con el mismo volumen, para el mismo uso y con la vigencia del título original. Lo mismo en casos de compraventa. Toda prórroga pasará por el análisis de la autoridad. Se crea un nuevo Registro Nacional del Agua.
Artículo publicado el 30 de noviembre de 2025 en la edición 1192 del semanario Ríodoce.
