De los mil 200 trabajadores de una empresa en Topolobampo, solo el 40 por ciento es mano de obra local.

El gobernador no lo dijo en su informe pero se le “escapó” ese dato en una entrevista, el 18 de noviembre pasado.

No se prepara adecuadamente a los jóvenes locales, vienen de fuera a ocupar las plazas.

El presidente de la CANACO de la región del Évora señaló el 13 de octubre, que ahí, el 70 por ciento de los egresados termina trabajando en actividades diferentes a lo que estudiaron.

No existe la formación necesaria para que los jóvenes locales ocupen los pocos empleos formales que se generan. El sistema educativo sinaloense prepara para puestos de baja demanda. Eso habla de que no existe una planeación educativa eficaz ni la educación superior y media superior que necesitan los muchachos.

El número de jóvenes de entre 22 y 27 años que no tienen el bachillerato terminado creció de 37 mil en 2022 a 56 mil en 2024, según los datos oficiales de la medición de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El gobierno del estado no ha hecho nada eficaz para que concluyan su formación académica básica, para que ejerzan su derecho al nivel educativo esencial que les garantiza la Constitución.

En una sociedad con el nivel de delincuencia que tenemos, una política educativa efectiva buscaría a los jóvenes desertores para reintegrarlos a las aulas mediante becas, asesoría, seguimiento, acompañamiento familiar y combate personalizado contra las adicciones.

Además, estructuraría la currícula escolar para prepararlos para las actividades que requiere la economía y su proyecto de vida.

En Sinaloa no hay nada de política educativa pertinente. Abundan los jóvenes desempleados y desertores en medio de un mar de ofertas del crimen organizado.

En el Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador prometió reducir el analfabetismo en 2.5 puntos porcentuales. Ya pasaron cuatro años, el informe de gobierno dice que solo llevan 0.4 décimas, solo el 16 por ciento de la transformación que juraron realizar.

Prometió elevar la cobertura de educación preescolar en 29.2 puntos porcentuales, para que ningún niño se quedara sin escuela. Ya pasaron cuatro años, solo han subido 1.9, un punto y nueve décimas, solo el 6 por ciento de la transformación que juraron realizar.

Prometieron elevar la cobertura de primaria en 2.1 puntos porcentuales. Ya pasaron cuatro años, solo han avanzado 0.6, seis décimas de punto porcentual, solo el 29 por ciento de la transformación que juraron realizar.

Prometieron elevar la cobertura de secundaria en 5.1 puntos porcentuales. Ya pasaron cuatro años, no solo no han avanzado sino retrocedieron 0.1, una décima de punto porcentual, van en sentido contrario a la transformación que juraron realizar.

Prometieron elevar la cobertura de media superior en 21.3 puntos porcentuales, luego de cuatro años solo han avanzado 8.7, ocho puntos con siete décimas de punto porcentual, solo el 41 por ciento de la transformación que juraron realizar.

Muchos niños y jóvenes siguen fuera de las aulas, la cobertura crece muy poquito o, incluso, retrocede.

En infraestructura escolar, de 5 mil 601 planteles de educación básica, el gobierno del estado invirtió únicamente en 430, en ocho de cada 100 escuelas.

Para el mejoramiento profesional del magisterio, de 49 mil 216 docentes del sistema público solo se impartieron cursos a 9 mil 553, únicamente al 20 por ciento.

Los talleres y cursos para dotar con herramientas relacionadas con el desarrollo de habilidades socioemocionales, resolución de conflictos, comunicación asertiva e igualdad sustantiva, así como la atención a la neurodiversidad, ambientes escolares incluyentes y libres de violencia, acoso escolar e igualdad de género, solo se los han impartido a 4 mil 450 docentes y estudiantes, esto es, a menos del 1 por ciento del total.

Eso significa que no existe una política general al respecto, solo se organizan algunos eventos para cubrir el trámite.

El gobierno no ha establecido una estrategia especial eficaz de seguridad para las escuelas y trayectos de alumnos y padres de familia. Han sucedido asesinatos, balaceras y robos alrededor y dentro de los planteles.

No hay paz ni donde educan a nuestros niños.

La escuela es un lugar abocado a dar elementos de análisis de su realidad a los niños y jóvenes. La infancia y juventud sinaloenses han sabido, presenciado y sufrido acciones de alta violencia y criminalidad. Lo pertinente era exponerles contenidos y organizar una reflexión orientada a fortalecer una cultura de legalidad y convivencia armónica que se contraponga a la narcocultura. Disputar la victoria ideológica al crimen organizado.

El gobierno del estado se negó a combatir la narcocultura, a abordar contenidos educativos adecuados a la realidad sinaloense, se limitó a aplicar el modelo determinado en la CDMX.

No hay ni siquiera un diagnóstico sobre los valores de la paz y de la cultura de la legalidad en la niñez y la juventud de Sinaloa, menos un plan de acción contra el triunfo cultural de la delincuencia.

El delito está dentro de la SEPyC. El 3 de noviembre pasado, el sindicato denunció que el subsecretario Rodrigo López Zavala había asignado irregularmente plazas a sus colaboradoras cercanas. Ya que los sorprendieron, solamente regresaron las plazas sin haber sido ni investigados ni sancionados. El gobernador, la secretaria y el subsecretario dieron explicaciones diferentes al caso. No es la primera vez que hay denuncias de este tipo. Tres ex diputados de Morena fueron acusados de encabezar una red de funcionarios para traficar plazas. También se fueron sin investigación ni castigo.

El gobierno del estado es incapaz de educar a los jóvenes para que obtengan un empleo, para ampliar la cobertura escolar, incapaz para mejorar los planteles, para capacitar maestros, incapaz para dar seguridad a los niños dentro de la escuela, para formar valores para la paz, incapaz de manejar las plazas honestamente.

No cumple sus promesas a niños y jóvenes, le falla al pueblo.