La Organización de las Naciones Unidas insta al gobierno mexicano para que anule permisos de las industrias en Topolobampo, al considerar que son un riesgo para la subsistencia de la bahía

La Organización de las Naciones Unidades avaló que dos industrias petroquímicas son un riesgo para la subsistencia de la bahía de Topolobampo, y que las prácticas sistemáticas y recurrentes son violatorias de los derechos humanos de las comunidades originarias, mientras que los residentes aseguraron que el dinero alemán se convirtió en una “maldición” para los pueblos originarios del norte de Sinaloa.

A todos los involucrados la ONU los requirió para que emitan una posición.

Se trata de las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de Proman, financiada por el KFW-IPEX-Bank, y los gobiernos de Alemania y Suiza, y Gas Natural Licuado, Vista Pacífico, de Sempra Energía, mientras que al gobierno de México lo emplazó a que anule los permisos de construcción a GPO, detenga la construcción y niegue las autorizaciones a Sempra.

La empresa GPO construye su planta de amoniaco de 2 mil 200 toneladas métricas de producción diaria en un sitio Ramsar, con importancia internacional de humedal, y Sempra pretende construir una planta de licuefacción en la bahía.

Los integrantes del colectivo ¡Aquí No! acusaron que los empresarios extranjeros sistemáticamente violan los derechos humanos de los pueblos originarios en complicidad con el gobierno de supuesta izquierda que se voltea hacia otro lado, dejando que los fuereños denigren a los locales.

El 19 de septiembre del 2025, la ONU envió el oficio CH 4/2025 de condena al gobierno suizo respondiendo el 11 de noviembre; también lo hizo con el gobierno alemán con el oficio DEU 5/2025 que fue contestado el 17 de noviembre, la matriz de Proman fue recurrida con el oficio OTH 104/2025 contestando el 7 de noviembre, mientras que a Gas y Petroquímica de Occidente se le envió la carta OTH103/2025 que fue recurrida el 6 de noviembre. El banco alemán KFM-IPEX-BANK, que financia el proyecto de la planta de amoniaco, fue notificado con el oficio OTH 102/2025, que respondió el 12 de noviembre.

El gobierno mexicano respondió el 17 de noviembre la carta de denuncia que le fue remitida por la ONU con el oficio MEX 9/2025.

Hasta el viernes 28, la ONU no revelaba las respuestas dadas por los entes recurridos.

De acuerdo con la carta inicial, 11 relatores especiales sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, derechos culturales, medio ambiente limpio, sano y sostenible, promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión pacífica y de asociación, toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, situación de los defensores de derechos humanos… las empresas cuestionadas aseguraron que la comunidad indígena y ribereña está en riesgo ante el inminente colapso del sistema lagunar derivado de las empresas petroquímicas cuyas emisiones residuales para producir amoniaco y gas licuado afectarían el medio ambiente y el tipo de vida como actualmente se conoce.

Los 11 relatores especiales coincidieron que la construcción de la planta de amoniaco y su posterior operación coloca a la Bahía de Ohuira en un riesgo crítico, en la que los defensores del sistema se han visto amenazados y agredidos.

Los 11 relatores coincidieron en que la planta de amoniaco provocaría severos impactos en el sistema lagunar como lo es “la destrucción de una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas”, es decir, más de la mitad de la producción que se reporta en la laguna.

El proyecto afectaría irremediablemente la subsistencia de miles de pescadores de la zona y el sustento de sus familias y economías dependientes de la riqueza de la bahía de Ohuira. Además de tratarse de una bahía rica para la pesca y la biodiversidad, este sistema lagunar se encuentra reconocido como humedal de importancia mundial (Ramsar) y cuenta con islas que son parte de las “Islas del Golfo de California”, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Señalaron que el proyecto está atentando directamente contra la economía y la alimentación de miles de familias mexicanas, que además está jugando con la vida de cientos de miles de personas pues la empresa GPO reconoce que una fuga de cinco minutos en su producción convertiría en una zona de alto riesgo con “peligro inmediato a la salud o a la vida”.

Destacaron que las comunidades que están en litigo tienen amenazada la subsistencia por la destrucción de la larva de especies comerciales, pero también las personas defensoras de la bahía, una de las cuales, ha sufrido graves agresiones que incluyen el intento de secuestro y de desaparición.

Exigieron que el gobierno mexicano y el de Sinaloa garanticen la seguridad de quienes están alzando la voz en defensa de sus comunidades frente a este proyecto y otros más que se proponen en la región.

“Dolorosamente sabemos que las medidas cautelares son insuficientes”, precisaron los organismos independientes avalados por la ONU.

Y concluyeron en una exigencia para que la Presidencia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se pronuncien y clarifiquen las observaciones, y que usen sus atribuciones para cancelar el proyecto de la planta de amoniaco de GPO y negar las autorizaciones para la planta de Gas Natural Licuado, Vista Pacífico, de Sempra Energía, evitando así las consecuencias catastróficas que se anuncian con su operación.

Los relatores también tocaron a los medios de comunicación masiva, instándolos a aportar su cobertura para proteger el actuar de las personas de estas comunidades y en defensa de los sustentos de vida como la pesca ribereña.

“Las vidas de los habitantes de esta región y la alimentación de muchas ciudades y comunidades del país están en grave riesgo”, afirmaron.

De acuerdo con la ONU, quienes realizaron el pronunciamiento inicial, previa investigación, son Alianza Mexicana contra el Fracking Al Rescate del Río AC; BCSicletos A.C; Barrio Mapache Caminantes del Desierto A.C; CartoCrítica, A.C., Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, A. C. (CERCA), Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR), Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Colectivo Agua y Bosques para la vida, Colectivo Sierra de Juárez, Colectivo Kontrapatria, Comités de Cuenca Río Sonora, Conexiones Climáticas, Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEJUDESC), Contraloría Autónoma del Agua de los Ríos de Sonora.

También suscribieron el texto Cooperativa Familiar Comunitaria Caricias del Monte, Crea un Bosque AC, Defensa Ambiental del Noroeste, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Engenera, AC, Frente Nacional Por Las 40 Horas, Greenpeace México, Nosotras y el Mar Nuestro Futuro, A.C. , Nuestros Mares, Micelio Urbano, Organización Familia Pasta de Conchos, Orgcas, Geocomunes, Pan y Rosas Sonora, Programa de Investigación de Mamíferos Marinos, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), UCIZONI, Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C, y Wildlands Network Programa México.

Dinero maldito el de GPO en las comunidades; la lucha continúa: ¡Aquí No!

Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira, reveló que, tras las cartas de la ONU, interventores del banco alemán KFW-IPEX-Bank y directores de Proman se trasladaron a Los Mochis buscando conocer la versión de los pueblos inconformes, pero la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) los engañó llevándolos ante falsos líderes comunitarios que disfrazaron como opositores cuando en realidad están bajo una nómina de compra de opinión.

“Teníamos un acuerdo de diálogo, pero repentinamente se truncó. Después nos enteramos que en un camión reunieron a traidores indígenas y los hicieron pasar como tales para aceptar que la empresa estaba actuando con responsabilidad social, cuando en realidad están financiando la división, la agresión y los ataques”.

Pese a esa flagrante ignorancia de los pueblos mayos-yoremes, Montaño aseguró que será un escollo a vencer. Como muchos otros que se han presentado en una década de resistencia, lo que incrementa la lucha opositora.

“No nos amedrentan ni nos hacen temerosos, pero tenemos que agotar las instancias para acudir a las instancias gubernamentales. Si en México, el Gobierno no escucha y se hace sordo, las cortes internacionales sí lo harán”.

Incluso, aseguró, que están listos para acudir al parlamento europeo, y en especial, para el alemán.

“Haremos que el pueblo y la comunidad alemana sepan lo que están financiando sus gobiernos con sus bancos, que es división y muerte en los países en donde financian sus proyectos petroquímicos”.

Melina Quintero Sandoval aseguró que desde que el capital alemán maneja GPO, el dinero que se derrama en los pueblos se convirtió en una maldición pues se utiliza en la compra de conciencias, agresiones, confrontación y divisionismo en todos los pueblos. Están alquilando la pobreza de la gente, y después, cuando cumplan con su objetivo, serán desechados, como siempre ha sucedido, opinó.

Claudia Quintero Sandoval, lideresa de Ohuira, aseguró que los problemas actuales se anticiparon, así que no sorprende la miseria de GPO y sus directivos conquistadores que saben encontrar a yoremes traidores a su etnia. “La corrupción es el sello de la empresa, pues hasta ahora no han podido comprobar la legítima propiedad del terreno en donde están asentados”.

Joel Coronado Zúñiga, dirigente pesquero ribereño de la cooperativa “Eustaquio Urías”, aseguró que la empresa GPO está atentando contra el sustento de miles de pescadores, por lo que la lucha continuará hasta sus últimas consecuencias.

Declaró que es irrenunciable la defensa de la bahía de Ohuira y de Topolobampo.

Artículo publicado el 30 de noviembre de 2025 en la edición 1192 del semanario Ríodoce.