El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez, también firmó el acuerdo para contratar a consultora, dice Gerardo Vargas, vinculado otra vez a proceso

“Aquí falta una silla”, dijo uno de los abogados del ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, señalando hacia la fila de los imputados. Se refería al lugar que, según ellos, debería ocupar el actual presidente municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, por presuntamente haber participado en la contratación de una consultora por 33 millones de pesos.

En la audiencia ante el juez, Carlos Alberto Herrera, en las sillas de los imputados están Vargas Landeros, Gerardo Hervás Quindos, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Genaro García Castro, Marysol Morales, Judith Elena Luna Castro, Cecilia Hernández Flores, Fausto Rubén Ibarra Celis y Humberto Vega Arellano.

Los abogados cuestionan a la Fiscalía por qué no está ahí Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien fue designado alcalde tras el desafuero de Vargas Landeros.

Los ex funcionarios están imputados por presuntamente contratar sin licitación a la empresa Consultora Humana Acsora por 33 millones de pesos para realizar un trámite ante el SAT para el que no es necesario un intermediario y es gratuito.

El defensor, Luis Antonio Sánchez Sánchez, dijo que Menéndez de Llano Bermúdez, era parte del Comité de Adquisiciones junto con los funcionarios que hoy están en proceso penal.

Como regidor, indicó, era integrante de la Comisión de Hacienda y presidente de la Comisión de Gobernación en el Cabildo.

Aseguró que cuando aprobaron la contratación de la consultora, Menéndez de Llano Bermúdez estuvo presente, votó a favor de la contratación y firmó el acta de la sesión.

Participó y tuvo conocimiento de la conducta que la Fiscalía califica de delictiva, pero no está entre los imputados, señaló.

Recordó que la causa penal inició por una denuncia que Menéndez de Llano Bermúdez presentó en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en junio de este año, en la que denunciaba irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública de 2021.

Cuestionó porqué si la contratación era ilegal no la denunció en su momento, sino hasta cinco años después.

Señaló que si tenía sospechas o conocimiento pleno que la contratación era ilegal, no hubiera votado a favor y tenía que presentar la denuncia en esa ocasión, pero no lo hizo.

Manifestó que el actual alcalde se está auto incriminando porque denunció una conducta que considera delito y él mismo participó en ella.

Su participación fue la misma que los otros imputados, pero él no está aquí en la fila de los imputados, expresó.

Aseguró que los documentos que acreditan la participación de Menéndez de Llano Bermúdez la Fiscalía los incluyó en la carpeta de investigación, pero omitió mencionarlos cuando solicitó el auto de vinculación a proceso contra Vargas Landeros y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones.

Acusó que los datos de prueba que la FGE incluyó en la carpeta, los fiscales los están usando a conveniencia y ocultan información.

El defensor mencionó que la contratación fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación y no hubo señalamiento de daño al erario; y después hubo otra auditoría que hizo la Auditoría Superior del Estado en la que detectaron las presuntas irregularidades y fue la que usaron para la denuncia.

La cuenta pública de 2021, comentó, ya estaba cerrada sin observaciones por lo que ya era cosa juzgada y la volvieron a fiscalizar.

Aseguró que la ASE no tenía facultades para hacer la auditoría porque se trataba de participaciones federales.

La respuesta del fiscal

El fiscal, Manuel Carvajal Gómez, dijo que Menéndez de Llano Bermúdez no estaba en la sala porque no tiene calidad de imputado y además tiene fuero al ser alcalde.

Aseguró que, si la ASF determinó que no hubo irregularidades, no significa que no las hubiera; y que la ASE sí tenía competencia para auditar.

Los abogados reviraron que la Fiscalía puede solicitar el desafuero del actual alcalde como lo hizo con Vargas Landeros e imputarlo.

El juez consideró que los datos de prueba eran suficientes para presumir que probablemente cometieron el delito y dictó auto de vinculación a proceso.

Detalló que Vargas Landeros pudo oponerse al contrato, pero lo firmó y no evitó la contratación.

Como medida cautelar los imputados deben acudir a firmar cada mes y tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.

Los Fiscales habían pedido al juez que como medida cautelar prohibiera a los imputados convivir o acercarse con los testigos que son trabajadores del Ayuntamiento, pero el juez lo rechazó.

Al salir de la audiencia, sobre la participación del actual alcalde en la contratación, Vargas Landeros aseguró que “ahí está el documento”.

“Lo único que te puedo decir es que él formó parte de la decisión y pues no está aquí”, expresó.

La contratación de la consultora fue en 2021 para que recuperara el Impuesto Sobre la Nómina de la nómina pagada con participaciones federales de 2015 a 2021.

De acuerdo con la Fiscalía, la contratación era innecesaria porque el Ayuntamiento tiene personal para solicitar las devoluciones y, además, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un trámite gratuito que se hace directamente con el SAT y no es necesario contratar externos.

En el contrato, la empresa se comprometía a recuperar 94 millones de pesos y recuperó 96 millones 899 mil 78 pesos y como pago recibió 33 millones 720 mil 879 pesos.

Artículo publicado el 12 de octubre de 2025 en la edición 1185 del semanario Ríodoce.