La diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, exigió que el para el Presupuesto de 2026 es necesario un incremento mínimo del 500 por ciento al gasto destinado a seguridad pública y procuración de justicia para hacer frente a la crisis.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, urgió en reconstruir las instituciones de seguridad y justicia en Sinaloa con mejores sueldos de sus integrantes para que estén libres fuera de la cooptación criminal.

En su participación en tribuna la diputada afirmó que hoy Sinaloa es más inseguro que hace un mes a pesar de las medidas cosméticas del gobierno de Morena, el cual niega la evidencia y normalizando la tragedia.

Sostuvo que cuando una sociedad empieza a renunciar a su vida cotidiana por miedo, lo que está en juego ya no es solo la seguridad, sino la libertad, la dignidad y el tejido social completo.

Lamentó que el miedo a la inseguridad ha afectado la vida las familias, al grado que el 44 % de sinaloenses ha dejado de visitar familiar y amigos, el 43 ha dejado de acudir al cine, el 42 % ya o toma taxis o ubers, ni sale a caminar, el 41% ha dejado de viajar en carretera.

Gárate Valenzuela citó los datos dados a conocer por INEGI sobre la percepción de inseguridad en Sinaloa, sobre por ejemplo el porcentaje de personas que tienen miedo al estar en su automóvil que subió de 29 a 46%; de 2024 a 2025 el miedo a estar en la calle aumentó en 12 puntos, en el banco 10, en el parque 17 igual que en el mercado, en el trabajo 12 y en las carreteras el alza fue de 20 puntos.

Según cifras oficiales de la Fiscalía del Estado los homicidios dolosos en Sinaloa pasaron de 131 en agosto a 149 en septiembre, y faltando cuatro meses para que concluya el presente año la cifra se ha incrementado ya más del 30 por ciento, con lo que podría cerrarse el año con casi un 50 por ciento en comparación del 2024, indicó.

Aseguró que existe un incremento de delitos dolosos y despojo de vehículos que suman ya 7 mil 428 en los últimos 13 meses.

Criticó la disposición de retirar los polarizados de los vehículos, la cual calificó como una nueva ocurrencia, la cual fue una medida injusta, mal enfocada y profundamente irresponsable.

Señaló que la medida a tenido cero resultados, además de que se criminalizó a la ciudadanía, la insinuar que sus vehículos eran parte del problema, cuando en realidad son las víctimas del abandono institucional en materia de seguridad.