La batalla entre facciones del Cártel de Sinaloa, que en un inicio se calificó como un “problemita”, ha dejado una estela de delitos e inseguridad

El primer mes de pugna entre Chapos y Mayos ha dejado un saldo rojo en homicidios, desapariciones, robos de vehículos, desplazamientos, saqueos, cierres de negocios, pérdida de empleos y paralizado la vida nocturna de la ciudad.

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El pleito entre las facciones del Cártel de Sinaloa empezó la mañana del 9 de septiembre cuando se registró un enfrentamiento entre civiles y militares, en La Campiña, que dejó un saldo de dos soldados heridos —uno de ellos murió en el hospital—; un tiroteo entre sicarios en la carretera Internacional México 15, a la altura del cerro El Tule, con un hombre muerto; y otro más en Costa Rica, donde quedaron 15 vehículos baleados.

Tras los enfrentamientos, durante su conferencia semanera de ese día el gobernador Rubén Rocha Moya, dijo que hubo un “problemita” y llamó a seguir con las actividades normales.

“Está Culiacán tranquilo, tuvimos un problema; un problemita en Costa Rica, tranquilo también ya, está todo circulando, solo hay algunos heridos y hay algunos vehículos despojados, son 12 vehículos”, expresó.

Un mes después la pelea entre ambos grupos sigue. Entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre, suman 201 asesinatos, 204 desaparecidos y 304 robos de vehículos, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

Datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, establecen que, durante ese mes, 180 negocios cerraron temporalmente y 20 de manera definitiva, se han perdido cerca de 2 mil empleos y al menos 200 familias se han desplazado de sus comunidades.

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En solo cuatro semanas en la entidad se cometieron más homicidios que entre mayo y agosto, cuando se registraron 190 en los cuatro meses.

Todos los homicidios reportados por la FGE eran por arma de fuego, hasta la semana pasada que hubo uno por explosivo.

El crimen ocurrió la mañana del jueves 10 de octubre, en la carretera que conduce de Eldorado al campo pesquero Las Arenitas, donde Luis Alfonso, de 76 años de edad, circulaba en su vehículo y se detuvo para retirar costales que obstruían el camino y al moverlos se registró una explosión, presuntamente de una granada, y quedó muerto en el lugar.

El mismo día por la noche, hombres armados ingresaron al hospital General de Culiacán y remataron a balazos a Juan Carlos, de 23 años, que se encontraba internado por heridas de bala desde el 23 de septiembre, después de que elementos del Ejército y la Guardia Nacional lo encontraron baleado en la carretera a Tepuchito.

Saqueos por falta de vigilancia

Durante la última semana repuntaron los saqueos en Culiacán, entre miércoles y viernes.

La tarde del miércoles, hombres armados llegaron a la tienda Springbike, ubicada frente al Jardín Botánico y junto a una sucursal Banjército, y tras amenazar a los trabajadores, se llevaron 25 bicicletas valuadas en alrededor de un millón de pesos; y durante la mañana del jueves, a la vista de automovilistas y transeúntes, encapuchados saquearon la ferretería Tomaco, en el sector Santa Fe.

La madrugada del viernes, en la colonia Adolfo López Mateos robaron 40 motocicletas de la tienda Italika; en el fraccionamiento Valle Alto, con una retroexcavadora derribaron una barda e intentaron robar un cajero automático de Bancoppel; y en Mi Plaza Barrancos, en el sector Barrancos, hombres armados sustrajeron celulares, ropa y calzado de tres tiendas.

El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, señaló que se cumplió un mes de vivir una profunda incertidumbre por la pugna de dos facciones del crimen organizado, lo que descompone cada vez más la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, las actividades productivas y la economía.

Mencionó que el primer culiacanazo, el 17 de octubre de 2019, marcó un antes y un después, porque fue la primera vez que un grupo de delincuencial se metió con la población y ahora, cada vez que hay un estallido de violencia, la población está en medio de todo.

Desde hace un mes, indicó, la gente vive con miedo, las escuelas están sin alumnos y las calles se quedan solas por las noches.

“Lejos de avizorar una cercana conclusión a este conflicto, conforme pasan los días se observa que la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, las actividades productivas, la economía y la salud socioemocional se descomponen cada vez más, día a día”, manifestó.

En un comunicado, el CESP, la Canirac y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, demandaron al Gobierno de México medidas urgentes para evitar el colapso económico y social en Sinaloa.

En el boletín, Laura Guzmán, vicepresidenta de la zona norte del país de Canirac, mencionó que “el tema económico no aguanta más, porque no tenemos el circulante necesario para poder afrontar los compromisos con empleados, con la banca y, sobre todo, con instituciones fiscales. Tenemos hambre de resolver el tema económico porque, si no, va a desatar una violencia civil mucho más contundente”.

Desde hace un mes, indicó, la vida en Culiacán termina a las 7 de la noche porque después de esa hora ya no se puede salir a tomar un café o al cine.

Detalló que en el último mes se perdieron mil 883 empleos, de los cuales 275 son en el sector comercio, 561 en construcción, 40 en transportes y mil siete en servicios a empresas.

Óscar Loza Ochoa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos expresó que los problemas sociales causados por el crimen organizado merecen atención a las causas, como define el Gobierno de México, sin embargo, se tiene que trabajar de manera más profunda, no sólo con becas.

“No va a ser con policías y concebir el problema como policías, ladrones o el Ejército contra la gente mala como vamos a resolver el problema. Eso nos puede ayudar y nos puede ayudar como nos está ayudando actualmente, pero faltan otras cosas en las cual hay que involucrarnos también, incluida la sociedad civil”, dijo.

Detalló que hasta el miércoles 8 de octubre habían documentado 224 desapariciones y más de 200 familias desplazadas de sus hogares en Concordia, El Rosario y Escuinapa.

Las organizaciones exigieron al Gobierno que convoque a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera.

Artículo publicado el 13 de octubre de 2024 en la edición 1133 del semanario Ríodoce.