Jesús Madueña Molina fue vinculado a proceso penal por cuarta ocasión y separado del cargo de rector por tercera vez, por la presunta contratación ilegal de obras de mantenimiento por 20 millones de pesos.

La tarde de hoy el rector separado del cargo fue vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público y el Comité de Adquisiciones por desempeño irregular de la función pública.

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Los integrantes del Comité son Soila Maribel Gaxiola, Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuen Díaz, Óscar Orlando Guadrón y Jorge Pérez Rubio.

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Madueña Molina fue separado del cargo por primera vez el año pasado por la causa penal por abuso de autoridad y la segunda vez por la causa penal por la compra de carne, junto con el Comité.

Durante más de ocho horas hoy se celebró la audiencia inicial por una nueva causa penal.

La Fiscalía señaló que contrataron a la empresa Arquitectos Constructores de Sinaloa por adjudicación directa cuando debió ser concurso de licitación.

En 2021 el monto fue de 10 millones 898 mil 756 mil y en 2022 de 10 millones 65 mil 506 pesos por obras de mantenimiento y rehabilitación como cancelaría, instalación de falsos plafones, puertas, ventanas, mosquiteros en distintas sedes universitarias de Culiacán y Mazatlán.

El abogado Milton Ayala Vega mencionó que los recursos eran federales, por lo que la Fiscalía del Estado y el juez del fuero común no son incompetentes para conocer el caso.

Señaló que el monto de 20 millones que menciona la Fiscalía corresponde a las facturas emitidas por la empresa, pero no todas están pagadas.

Mencionó que al ser facturas de 2021 y 2022, las facturas que no están pagadas ya están prescritas, por lo que no son exigibles y la universidad no las reconoce.

Detalló que los contratos no rebasaron el monto establecido por la Ley para realizar adjudicación directa. En la carpeta de investigación, dijo, la fiscalía tiene 12 contratos de 2021 y los montos son de entre 11 mil y 46 mil pesos.

De acuerdo con un peritaje de la FGE, por esos 12 contratos, la UAS pagó 233 mil pesos, abundó.

El abogado Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazábal señaló que la Fiscalía actúa de manera dolosa y oculta información al juez como que no todas las facturas están pagadas.

El abogado General de la UAS, Yamir Valdez Álvarez, dijo que la FGE busca confundir al juez y a los medios al dar diferentes cifras.

Detalló que en la audiencia de la semana pasada señaló un monto de 10 millones de pesos en 2021 y 10 millones de pesos en 2022 y hoy mencionan que el monto de las facturas pagadas en 2021 es de 3 millones 375 mil 624 pesos y en 2022 fue de 4 millones 231 mil 893 pesos.

El juez resolvió que había elementos suficientes para vincularlos a proceso penal.

Como medida cautelar, el juez impuso la prohibición de salir del estado y acudir a firmar cada mes.

El juez concedió a la Fiscalía un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.

Héctor Melesio Cuen Díaz tienen orden de aprehensión por otra causa penal y en la audiencia de hoy estuvo vía Zoom.

Para él, la fiscalía pidió como medida cautelar que se sometiera a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares para qué verificarán el domicilio donde se encuentra y pidieron que dijera desde dónde estaba conectado, pero el juez lo rechazó.

Previo a concluir la audiencia, el abogado de la UAS, Yamir Valdez, dijo al juez que era una vergüenza para el sistema de justicia de todo el país.

Señor vergüenza, porque no le puedo llamar su señoría, expresó.