No hay ranchería, por más pequeña que parezca, donde no alcance la red del narco. Las organizaciones criminales, ligadas a negocios ilícitos y al tráfico de drogas, acumulan y amplían poder. Se han apropiado del control de caseríos en muchas zonas del país: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua… todas tienen pueblos donde el narco instala retenes en carreteras de acceso, y deciden en sus puestos de control quién pasa y quién no.

Cuando se acusa que los gobiernos —federal o estatal— no tienen el control de territorios enteros o de vías de comunicación, a esto se refieren. Le pasó a Claudia Sheinbaum en plena campaña por Chiapas, en las zonas limítrofes con Guatemala, apenas unas semanas después de una cobertura periodística del diario El País, que refería la disputa territorial del Cártel Sinaloa con el Jalisco Nueva Generación en esa zona, que ha provocado enfrentamientos y a dividir a la población en uno u otro bando. Nada distinto de lo que ocurre en Tierra Caliente, donde confluyen Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

Los gobiernos estatales quedan rebasados, y han optado por tolerar. Hágase de la vista gorda, diría el clásico. Los gobiernos municipales cohabitan en la complicidad, es imposible para ellos siquiera exponerlo.

Si bien es cierto que al momento que quieran envían un contingente federal y arman una operación en esas zonas, eventualmente ocurre pero al final el agua toma su cauce y el control territorial vuelve al narco, porque son sus rutas prioritarias, porque son sus asentamientos base, porque ahí están los laboratorios, los sembradíos, las armas.

Si las ciudades medianas y grandes brindan anonimato a personajes que se han vuelto visibles y objetivos de captura para la Marina o el Ejército, las rancherías y poblados medianos son un buen refugio para cabecillas de células y hasta de organizaciones.

Estas poblaciones están cercanas a las ciudades, cualquier movilización desde ahí a la ciudad es rápida. Por eso los reportes del primer Culiacanazo, en 2019, siempre señalaron que los grupos armados que enfrentaron el operativo militar llegaron de poblaciones cercanas a Mojolo, apenas a 5 kilómetros de Culiacán, o de los alrededores de Eldorado. Al final se sabe que en los cuatro puntos cardinales había grupos preparados para cualquier ofensiva.

Los pueblos están tomados por ese poder. Unos más y otros menos. Tampoco se trata de generalizar y que todo el territorio rural está ocupado. Aquellos que tienen la suerte de que nadie de sus pobladores progresó por esa vía, o no están cerca de ninguna zona de interés, siguen sorteando el aburrimiento y la miseria. Pero otros, tienen aquí y allá las muestras de que convive la opulencia con las carencias. Bardas infranqueables que resguardan ranchos, junto a casuchas que apenas se sostienen.

Para quienes aún piensan de manera simplista que la distribución del dinero abarca a todos, y pueblos enteros están carcomidos, basta un recorrido en esas comunidades para percatarse que no es así.

Margen de error

(Sánchez Celis) En esta lógica están las operaciones recientes del Ejército y la Guardia Nacional en Sánchez Celis, ahora perteneciente al municipio de Eldorado, y en la ciudad de Culiacán, donde abatieron a Raúl Carrasco el domingo 23 de junio en la sindicatura de la nueva alcaldía, y cuatro días después capturaron a Rey David Santiago en una colonia de la capital, éste último cuñado de aquel.

Ambos operadores identificados y expuestos por la misma autoridad federal desde hace muchos años. Desprendimientos de Dámaso López Núñez que tuvo su centro de operaciones en Portaceli, también del municipio de Eldorado, y sus alrededores.

Dámaso López Núñez, luego de su captura en mayo de 2017 y meses después la entrega de su hijo a los gringos, dejaron tras de sí y a su suerte a pistoleros y operadores, que ahora niegan en sus declaraciones de Estados Unidos como si sus negocios fueran vender calabacitas tiernas. Salieron corriendo, aunque asegurándose un futuro como delatores de sus anteriores socios, compadres, casi hermanos. Hoy como ayer, contrabando y traición.

Rey David Santiago Vargas, tiene su historia de detenciones y libertad. Y en cada captura, así lo detenga la División Antidrogas de la policía Federal, o la Marina, se le atribuye lo mismo: operador de Dámaso —y ahora de los Chapitos— y con su zona de influencia en Eldorado, Mezquitillo y Sánchez Celis.

En octubre de 2016 lo detuvo la Marina por la carretera Mazatlán-Culiacán, y solo le fincaron el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Enfrentó su proceso en libertad. Un año después, en octubre de 2017, apenas unos meses después de que quedó en la orfandad por la huida de Dámaso y se pasó al grupo de los hijos del Chapo, fue detenido por la entonces Policía Federal. No queda claro si la captura fue en Hermosillo, Sonora, como algunas noticias refieren o en Culiacán, como señalan otras. El caso es que ahí se le perdió la pista. Fue detenido, pero ahora aparece en libertad para una tercera captura, ahora por el Ejército. Y unos días después que las mismas fuerzas armadas abatieron a su cuñado, Raúl Carrasco, junto a seis personas más, en una finca de Sánchez Celis.

Mirilla

(Poder legal) Invadir pueblecitos abandonados, que se han ido deshabitando en los años, es de lo más fácil para el abarcador poder de las organizaciones del narco. Excepto cuando se vuelve terreno de disputa con otra organización.

Cierto que en ocasiones provocan desplazamientos forzados, familias enteras amenazadas por el crimen y les despojan sus propiedades, desde la casa hasta los cultivos. Hay pueblos enteros desplazados por todas las regiones del país mencionadas, en su gran mayoría nunca han podido regresar. Los retornos que han ocurrido son complicados, y otros ya lo ven solo como un sueño.

Es otro ámbito el que está en la mira de las organizaciones del narco, y que con los años han ido apoderándose. Están en las administraciones municipales, en el eslabón más débil del poder público. Hay casos patéticos en la pasada elección, donde pueden modificar de un día para otro la balanza del requisito de las urnas. Tal cual lo que ocurrió en Elota, Sinaloa, el pasado 2 de junio. O con Iván Báez Martínez, en San Ignacio en 2018 (PUNTO).

Artículo publicado el 30 de junio de 2024 en la edición 1118 del semanario Ríodoce.