En junio de 2024, antes de que estallara la narcopandemia, el 34.3 por ciento de los habitantes de Mazatlán se sentía inseguro en la ciudad. Dos años después, el miedo ya alcanzó al 78.4.

No estábamos bien hace dos años, vivíamos de una forma muy diferente a la de los más seguros que eran los de Piedras Negras, Coahuila, donde solo un 14.3 se sentía inseguro.

El responsable de evitar que el crimen organizado y cualquier delincuente asesine, robe y rompa la ley es el ayuntamiento y el gobierno del estado, para eso tienen policías. A ellos se suman el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y los “Harfuch” a quien se les ha dado facultades en la seguridad pública y la investigación. Todos ellos cobran para prevenir el delito.

El responsable de investigar y perseguir los delitos que se cometan son las fiscalías. El responsable de enjuiciar a los presuntos delincuentes y definir los castigos es el poder judicial. Todos ellos cobran para que no exista impunidad.

Ni Sheinbaum, ni Rocha, ni Harfuch, ni los generales del ejército, ni los alcaldes, nadie ha hecho algo suficiente y eficaz para que la población no se sienta insegura.

En aquel junio de 2024 hubo 47 asesinados. Dos años después, fueron 159. No es un problema de que nuestra percepción está disociada de la realidad. En nuestra vida diaria no solamente suceden más hechos delictivos que antes, sino que los vemos impunes y sabemos que es posible que sucedan en los lugares que frecuentamos y en los horarios que habitamos la ciudad. No somos esquizofrénicos que habitan un paraíso pero se perciben en el infierno.

La nueva estrategia de seguridad pública de la presidenta tampoco ha revertido la inseguridad de Culiacán y Mazatlán.

En diciembre de 2024, Claudia Sheinbaum designó a García Harfuch textualmente “para coordinar de mejor manera la estrategia de seguridad”. Esto es, lo nombró el jefe.

En ese diciembre, el porcentaje de población con miedo en Culiacán era el 90.6 y en Mazatlán, el 67.7. Luego de 19 meses de aplicación de la “nueva estrategia de seguridad” bajo la coordinación directa del secretario de seguridad pública del gobierno federal no ha habido ninguna mejoría en la capital del estado y en el puerto empeoró más de 10 puntos.

En ese lapso, en ningún mes ha vuelto suceder el número de asesinatos previo a la narcopandemia, el más bajo ha sido de 121 y el más alto de 241. No ha habido una tendencia decreciente sostenida. En marzo de 2026 Sheinbaum festejó el número de 121 pero en abril subió a 132 y en mayo aumentó a 164.

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del segundo trimestre arroja datos muy reveladores sobre la experiencia y la evaluación del pueblo de Sinaloa sobre el gobierno.

En Ciudad Del Carmen, Campeche el 63.4 por ciento de la población considera que el gobierno de su ciudad es efectivo para resolver sus problemas. En Culiacán solo el 22.7 y en Mazatlán, apenas el 14.7.

Más interesante es el caso de Los Mochis. Ahí el 31.2 por ciento de las personas se sienten inseguras, mucho menos que en Culiacán y Mazatlán, pero el porcentaje de quienes consideran efectivo a su gobierno, 18.0, es tan bajo como los de las otras ciudades de Sinaloa.

No es descabellada la hipótesis de que la población de Los Mochis no le adjudica su seguridad a la efectividad de su gobierno, al que califica muy mal, sino al control del territorio por solo un grupo del crimen organizado. Es la gobernanza criminal la que no ha permitido que se extienda el conflicto hacia allá, no la acción del gobierno.

Las proporciones de ciudadanos que consideraban efectivos a los gobiernos de su ciudad antes de que entrara a gobernar Morena a sus municipios no eran altos, sin embargo, en Los Mochis eran 7.9 puntos porcentuales mayores que ahora; en Culiacán, 3.3, y en Mazatlán, 15.9 puntos. Menos gente evalúa bien a los ayuntamientos morenistas comparados con los de antes.

Que quitáramos los polarizados, que nos detengamos ante las decenas de retenes, que lleguen miles de tropas, etc., lo que se ha hecho no ha sido suficiente para que dejen de suceder delitos cerca de nosotros y nos sintamos seguros.

Es momento de subrayar lo que no se ha hecho.

No se ha roto el pacto del crimen organizado con los ayuntamientos y el gobierno del estado. Ningún funcionario público vinculado con la delincuencia ha sido ni siquiera destituido y mucho menos detenido. En dos años, parece que la inteligencia del secretario Harfuch y de la Sedena encontraron puros ángeles y querubines y que la operación de los cárteles en Sinaloa ha sido totalmente independiente de autoridad alguna.

El pacto criminal está intacto. Las estructuras de financiamiento criminal de las precampañas están dando recursos para las costosas y prolongadas precampañas de Morena y con ello se están consolidando los compromisos de impunidad y corrupción del próximo gobierno.

El pacto criminal sigue intocable. Las compras y la construcción de obra pública son fuente de riqueza personal y soporte económico de las operaciones del crimen organizado.

No se han fortalecido las instituciones locales de seguridad y justicia. Las policías siguen siendo las que menos recursos humanos, equipamiento, capacitación y certificación tienen en el país. Las fiscalías y el poder judicial estatales continúan funcionando con los presupuestos más bajos. Los sistemas de prevención social contra el reclutamiento se mantienen con eventos aislados, con una oferta de apoyo risible y sin concentrarse en los niños y jóvenes con vulnerabilidades.

A los responsables de prevenir y perseguir al crimen organizado los vemos ocupados en las campañas anticipadas por la gubernatura. Nuestra seguridad, como dijo el general Leana, depende de que los grupos criminales decidan no confrontarse.

La continuidad de la política de estos dos años significa: más miedo, más robo de vehículos, más desaparecidos y más asesinatos.

No se está haciendo lo que debe hacerse.

Artículo publicado el 27 de julio de 2026 en la edición 1226 del semanario Ríodoce.