Mientras que los diputados argumentaron en el dictamen que las reformas fortalecen una cultura de mejora continua, transparencia y rendición de cuentas, Alejandra Medina, ex titular de la Unidad Técnica de Evaluación, advierte que, al eliminar la facultad de fiscalizar a la ASE, queda esta sin ser sujeta a una auditoría financiera externa.

Por mayoría y con el voto en contra de los tres diputados del Grupo Parlamentario del PRI, cambiaron el nombre de la Unidad Técnica de Evaluación para quedar como Unidad de Evaluación de Desempeño y eliminaron la facultad de realización de tareas de fiscalización a la ASE.

Con las modificaciones la ahora llamada Unidad de Evaluación de Desempeño, como órgano auxiliar especializado de la Comisión de Fiscalización, se limitará a evaluar los objetivos y metas que establezca la ASE.

Sin una opinión técnica de organismos especializados, colegios de profesionistas, académicos y organismos de la sociedad civil, como Iniciativa Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana, se aprobó una reforma que no es asunto menor, puesto que la fiscalización de la administración pública a nivel estatal es un tema medular, señala.

Aquí en realidad lo importante es que ya no se harán auditorías financieras a la ASE, entonces quién va a revisar el 3 por ciento de recursos de libre uso que tiene la ASE, que lo obtiene por dos vías: por obra pública estatal y municipal, destaca.

La licenciada en Economía plantea quién va a revisar, por ejemplo, el 3 por ciento de los recursos que lleguen del crédito aprobado en diciembre por el Congreso del Estado al entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

Ese 3 por ciento está normado en el artículo 69, 68 y el 79 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y en la ley de Hacienda Municipal del estado en el artículo 90-H.

Del préstamo de 2 mil 300 millones de pesos, el 1.5 por ciento (del 3 por ciento) serán destinados a la Secretaría de Trasparencia y Rendición de Cuentas, en tanto que el otro 1.5 de esas retenciones, unos 34.5 millones se irán al Congreso del Estado. De esto el 80 por ciento se destina a la ASE, el 10 por ciento para la UTE y el otro 10 por ciento para el Órgano Interno de Control.

Es decir, a la ASE le estarían llegando por concepto de ese préstamo mínimamente 27.6 millones de pesos, solo de la obra pública derivada de ese préstamo, sin considerar la otra inversión que ya estaba presupuestada.

Adelanta que se afirmará que será el Órgano Interno de Control del Congreso, cuando en realidad la UTE era el único que realiza esa fiscalización.

Revela que la auditoría financiera practicada para la cuenta pública de 2024, la UTE a su cargo no pudo cerrarla, derivado de que el día 4 de diciembre de 2025, se citó al personal a la entrega de los resultados preliminares, pero no acudieron.

La anomalía fue informada a la Comisión de Fiscalización en espera de instrucciones, pero no se procedió a levantar ninguna falta administrativa.

Comenta que no puede detallar datos específicos sobre los resultados preliminares de esa auditoría porque no sería ético.

La falta de asistencia del personal de la ASE a la entrega de resultados preliminares de la realización de auditoría financiera, es un dato que es público porque se incluyó en el informe anual de la UTE que está a disposición de la ciudadanía en la página web del Congreso del Estado.

Hasta el momento no existen auditorías terminadas y disponibles al público en la página del Congreso del Estado realizadas por el OIC a la ASE, porque no las ha realizado.

Indica que además se cayó en incongruencias, ya que cuando se le destituyó al frente de la UTE, se aseguró que había duplicidades de funciones entre las facultades de la UTE y los órganos internos de control del Congreso y de la ASE, ya que en realidad, la existencia del OIC de la Auditoría Superior del Estado no justifica su existencia porque esa es una figura para un órgano autónomo.

“Son medidas desde la desesperación, por los cambios que puedan surgir, de lo que se pueda o no revisar el día de mañana”, concluye al mencionar los temas de fiscalización y transparencia en donde se están haciendo cambios a diestra y siniestra.

Recuerda que entró en funciones la Unidad Técnica de Evaluación en 2021 con la Legislatura que presidió Graciela Domínguez, luego se continuaron los trabajos con Feliciano Castro Meléndrez, pero cuando entró la presente legislatura liderada con Teresa Guerra Ochoa surgieron las inconformidades por fiscalizar a la ASE.

A nivel federal, desde finales del año pasado, se está trabajando en una ley federal de fiscalización superior, para que las entidades de fiscalización de los estados, estén homologadas en cuanto al tipo de auditorías que hacen, tiempos de presentación de la cuenta pública, los informes, etc.

Cuando esta reforma se aprueba se van a tener que regresar al modelo antiguo de la UTE, porque a nivel federal la Auditoría Superior de la Federación cuenta con la Unidad de Evaluación y Control, que es el símil de la UTE aquí con capacidad de evaluación, fiscalización y control interno.

Artículo publicado el 28 de junio de 2026 en la edición 1222 del semanario Ríodoce.