El gigantesco reactor permanece detenido a un costado de la carretera al puerto de Topolobampo como un edificio que cayó de lado. Lleva días convertido en un monumento involuntario al conflicto.

Frente a él, bajo las lonas del campamento, decenas de hombres y mujeres soportan el calor húmedo, los mosquitos y las noches sin viento. Al fondo, detrás de ellos, la planta ya domina el horizonte de la bahía. Parece inevitable.

Después de más de una década de litigios, consultas, protestas y bloqueos, la escena resume el momento que vive el proyecto: la obra está casi terminada, pero los pueblos originarios de la bahía se niegan a irse del lugar que han ocupado por siglos; antes prefieren morir.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela ha visto crecer en los últimos 10 años dos cosas al mismo tiempo: la estructura de acero que se levanta junto al humedal y el movimiento que busca detenerla. Tiene 52 años y es cobanaro tradicional de Ohuira.

Lleva un sombrero de palma, una camisa blanca y el látigo de cuero que distingue a la autoridad tradicional yoreme. Colgado del pecho, apenas unos centímetros debajo, lleva también un botón de pánico. Las dos cosas resumen su última década: la representación de su pueblo y la necesidad de vivir bajo medidas de protección.

“Es una defensa a tu territorio, a tu etnia, a tu forma de vida y a tu cosmovisión; nosotros somos de aquí, de la bahía. Es nuestro sustento y es algo espiritual para nosotros. Esa es la preocupación, y por eso interferimos para que este proyecto, de una u otra manera, sea reubicado o cancelado”.

Cuando comenzó a involucrarse de lleno en el movimiento, en 2016, la discusión pública apenas empezaba. El proyecto, promovido por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), era presentado por los gobiernos estatal y federal como una de las inversiones industriales más importantes para Sinaloa, mientras organizaciones ambientalistas, pescadores y comunidades yoremes advertían sobre la instalación de una planta de amoniaco en las inmediaciones de un sitio Ramsar y de una de las zonas pesqueras más importantes del norte del estado.

 

 

En los años siguientes vendrían amparos, resoluciones judiciales, una consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevas autorizaciones ambientales y un conflicto que atravesó administraciones de distintos partidos sin desaparecer.

Felipe recuerda que la resistencia nació en reuniones improvisadas entre vecinos de Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos.

“Hace 10 años hubo una preocupación general en las comunidades cuando supimos que se estaba construyendo una planta de amoniaco. Conforme pasó el tiempo, el gobierno municipal y estatal, junto con la empresa, empezaron a buscar la división y grupos que apoyaran el proyecto. Ahí empezaron los conflictos entre nuestras comunidades”.

La fractura social aparece una y otra vez en las conversaciones de quienes han permanecido en la resistencia, no como una consecuencia inevitable del debate, sino como una herida deliberadamente provocada. Felipe sostiene que la estrategia consistió en acercarse a los sectores más vulnerables de las comunidades mediante apoyos sociales.

“Lo que hacían era apoyar a ciertos grupos para crear esa división. En las comunidades más pobres cubrían el pago de funerales. GPO facilitaba paquetes funerarios y así ganaban simpatías; se creaba un compromiso con la empresa”.

GPO rechaza que esos programas tengan ese propósito. En respuesta a un cuestionario enviado por Ríodoce, informó que mantiene de manera permanente siete programas de inversión comunitaria en salud, pesca, comunidades indígenas, mujeres, educación, deporte y recuperación de espacios públicos.

Para Felipe, sin embargo, el efecto fue otro. Dice que el proyecto no sólo dividió opiniones, sino también las estructuras tradicionales de los pueblos yoremes, porque en lugar de uno, ahora hay dos gobernadores tradicionales, uno de los cuales trabaja para la empresa.

 

Encarcelada en su propia casa

A casi veinte kilómetros, en Lázaro Cárdenas, otra historia se levanta desde la misma resistencia.

Acostumbrada a la luz dura de la bahía y al trabajo al aire libre, Melina Maldonado vive hoy en una inversión de ese paisaje. Su casa, de portal amplio y jardín improvisado con conchas de caracol a la entrada, está completamente cercada por una malla ciclónica de casi tres metros de altura, coronada con alambre de púas. Desde afuera parece una vivienda más; desde dentro, dice ella, se parece a una prisión levantada sobre su propia vida.

Melina luce un sombrero de palma ancho amarrado al cuello y colocado sobre una gorra que la protege del sol. Lleva una camiseta roja con la leyenda “Aquí ¡No!” Habla con calma, pero su historia, hecha de años de tensión acumulada, inició cuando el mangle comenzó a desaparecer, sin que supieran lo que pasaba.

Después, con la llegada de la doctora Diana Escobedo y la asociación Bosque a Salvo, empezó a ordenarse la información sobre el proyecto. La palabra amoniaco cambió por completo la lectura del proyecto.

“Cuando supe que era amoniaco, decidí que no lo íbamos a permitir. Es veneno. Ya tenemos a Pemex y la CFE… nos van a crear una bomba de tiempo”.

 

 

“No nos consultaron, y por eso metimos un amparo. No se hizo la consulta indígena, y era nuestro derecho como pueblos originarios”.

Con el tiempo, incluso la consulta se volvió motivo de disputa.

“La consulta fue sobre una planta de fertilizantes, nunca dijeron que era de amoniaco. Desde ahí para nosotros fue ilegal”.

La defensa de su hogar, y de ese pedazo de mar que es su sustento, se ha convertido en la principal misión de vida para Melina.

“Esto me hace sentir desplazada, arrollada. Van a acabar con nuestra existencia, porque nosotros coexistimos con la bahía de Ohuira. Es nuestro lugar sagrado. Es lo que nos hace diferentes. Topolobampo puede ser estratégico para la comercialización, pero esto es territorio indígena. No se puede usar como moneda de cambio. Aquí hay espiritualidad, vida, historia”.

Con los años, ella también ha pagado un precio alto por defender su hogar al estar obligada a vivir en una casa, que la siente como una jaula.

“He caminado rota, vacía, sola. He dejado de ser mujer en muchos sentidos. Pero sé que vale la pena, porque estamos defendiendo la vida de este ecosistema y la de nuestras comunidades”.

 

En el campamento

Ofelia Armenta tiene 63 años y es originaria de Lázaro Cárdenas. Está en el plantón junto a su esposo y sus hijos, todos pescadores. Desde el inicio, dice, no hubo duda sobre la llegada del proyecto.

“Mi hijo nos contó que Labastida los había invitado a una reunión a Los Mochis, a los directivos de las cooperativas, para comunicarles que iban a hacer esta planta de amoniaco y que sólo estaba avisando, no pidiendo permiso… eso fue lo que les dijeron en un restaurante donde los invitó a comer”.

Su vida quedó ligada a la decisión de permanecer en la defensa de la bahía. Ofelia habla desde la pesca, desde el trabajo cotidiano en el mar, y desde la preocupación por un ecosistema que, asegura, no soportaría una intervención de esa magnitud.

“Tenemos confianza en que lo vamos a impedir, porque la razón tiene que ir por delante y la corrupción se tiene que acabar, porque esto es pura corrupción”.

 

Navega contra la planta

Jaime Fernando Díaz Cota, “el Boyín”, tiene 65 años y es oriundo de Topolobampo. Su vida, dice, ha transcurrido entre el mar y la misma bahía que hoy ve amenazada. Durante tres décadas ha sido pescador, y en los últimos cinco años también se dedica al turismo, llevando visitantes en paseos por la bahía y a ver al “Pechocho”, el delfín que se ha vuelto parte de la comunidad.

“Desde el principio hemos estado en contra de eso, porque ahí donde se está poniendo la planta es un criadero de larvas de camarón, de jaiba, de caracol, de todo el sistema. Ahí abajo de los manglares es donde se protegen esas larvas. Por eso no estamos de acuerdo”.

Dice estar cansado de escuchar promesas incumplidas, de gobiernos que han sostenido el proyecto sin importar el color.

 

 

“Después de 70 años de corrupción del PRI, según iba a llegar la Cuarta Transformación y eso iba a cambiar, pero siguen apoyando a los que iniciaron este proyecto: Mario López Valdez, Gerardo Vargas Landeros, Rubén Rocha Moya, Quirino Ordaz”.

Recuerda visitas casa por casa, ofrecimientos que, según dice, llegaron en forma de apoyos directos. Él los rechazó, pero no todos pudieron hacerlo, lo que generó una red de dependencia que fracturó a las comunidades.

Su crítica se dirige también al diseño mismo de las consultas y a la participación de autoridades que, desde su punto de vista, no deberían haber intervenido.

“La consulta se le debió hacer a los dueños de aquí, que son los mayos yoremes de Paredones, Ohuira, Topolobampo y Juan José Ríos. ¿Cómo es posible que en una consulta indígena hayan votado Malova, Billy Chapman y Gerardo Vargas Landeros? ¿Ellos qué tienen que hacer ahí?”

La preocupación se extiende a lo que imagina como las consecuencias materiales del proyecto sobre la bahía.

“Si la planta la terminan, van a succionar 2 mil metros cúbicos de agua y la van a regresar más caliente y con contaminantes. Esa válvula que van a poner va a succionar toda la larva donde se reproducen las especies marinas que son el sustento de la gente. Las van a matar. La bahía va a estar condenada”.

 

La última resistencia

A pesar de los litigios, de las consultas, de las resoluciones judiciales y del avance físico de la obra, la batalla todavía no termina.

Desde el lunes 15 de junio, junto con otros integrantes del movimiento Aquí ¡No!, Felipe de Jesús Montaño volvió a instalar un plantón para impedir el ingreso de los enormes reactores que llegaron al puerto y que forman parte del equipamiento principal de la planta.

Uno de ellos permanece inmóvil a un costado de la carretera, como un trofeo involuntario.

“Desde que supimos que estos reactores estaban llegando nos apersonamos. El primero que llegó fue el que tenemos aquí exhibiéndose al público, y otros quedaron sin poder salir del puerto”, señala.

“Nosotros buscamos diálogo con el Gobierno federal para la cancelación de este proyecto. Se nos dio la oportunidad de hablar con Alicia Bárcena, de Semarnat; con Mariana Boy, de Profepa, y con otros funcionarios. Pero les pedimos que, para establecer las mesas, primero tenía que detenerse la construcción de la obra”.

Hasta ahora, dice, esa respuesta no ha llegado, y fue en ese momento que decidieron instalar el plantón que tiene detenida la fase de construcción de la planta.

 

 

“Si tenemos una nueva mesa y ellos nos muestran un documento oficial que nos diga que esto se detiene, nosotros nos retiramos”.

Bajo las lonas, entre el calor que supera los 40 grados, la resistencia también se sostiene con la solidaridad de quienes llegan todos los días. Una lucha que también ha tenido costos que rara vez aparecen en los expedientes judiciales: los costos personales de cada uno de ellos.

Felipe guarda unos segundos de silencio cuando la conversación llega a ese punto.

“Personalmente, lo que más me ha costado es la muerte de mi hijo hace ya nueve años. Simplemente le quitaron la vida”.

No afirma que ese crimen esté relacionado con el movimiento. Cuando se le pregunta si considera que fue un golpe para la resistencia, responde con cautela.

“Puede ser que sí, o puede ser que no. La lucha es así, las cosas se dan de cierta manera. Yo nada más sé que él ya está con Dios y descansando, y que a mí me toca estar aquí; me toca defender, estar con mi gente”, añade con la voz cortada.

La planta continúa creciendo. La empresa habla de un avance cercano al 80 por ciento. Las estructuras de acero ya modificaron el horizonte de la bahía, y el proyecto parece acercarse al momento en que comenzará a operar.

Pero Felipe mira en otra dirección.

“La fe está depositada en que tenemos la razón. No estamos mintiendo, no queremos algo que no nos pertenece. Los yoremes reclamamos lo que es nuestro nada más”, afirma.

“Si hay que pegarse en la madre lo vamos a hacer. El gobierno tiene que entender que no puedes vencer a quien no se rinde”.

Artículo publicado el 28 de junio de 2026 en la edición 1222 del semanario Ríodoce.