Ciudad de México (CDMX). Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contiene muchos elementos que hablan del uso de la ley (Lawfare) para aniquilar un liderazgo político.
AMLO, entonces miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), había desarrollado su carrera política en Tabasco, su estado natal, para trasladarse posteriormente al Distrito Federal, donde fue elegido jefe de Gobierno, de una de las capitales más pobladas del mundo. Su trayectoria política había estado marcada por la lucha contra la corrupción, los privilegios y los fraudes electorales, tan característicos de la política mexicana bajo el reinado del PRI.
AMLO fue uno de los principales denunciantes de rescate del Fondo de Protección al Ahorro (Fobaproa); un rescate público al sistema financiero mexicano que convirtió las deudas privadas de una minoría en deuda pública, ayudando a inyectar grandes cantidades de dinero a banqueros, empresarios y partidos políticos desde las arcas del Estado.
En el caso de López Obrador, se tuvo que armar un expediente de acusación de supuesta vulneración legal desde su cargo como jefe de Gobierno de la CDMX, bastante complejo desde una perspectiva legal y sujeto a distintas interpretaciones, para iniciar un proceso que lo inhabilitara políticamente a través de la revocación de la inmunidad constitucional que le confería el artículo 111 de la Constitución mexicana debido a su cargo.
El proceso de desafuero contra AMLO se inició por un motivo aparentemente insustancial, por no decir ridículo: la decisión del jefe de Gobierno de la CDMX de intentar abrir una calle para dar acceso a un hospital; decisión que había violado supuestamente un auto de suspensión provisional por un amparo interpuesto. El objetivo era quitarle al jefe de Gobierno de la Ciudad de México la inmunidad para poder juzgarle por este supuesto delito.
A decir del Doctor Jaime Cárdenas Gracia, las deficiencias jurídicas incluían la no investigación siquiera del delito que se le imputaba al jefe de Gobierno por parte de las autoridades competentes —en este caso, el Ministerio Público. Las pruebas no se practicaron debidamente, es decir, no las realizaron jueces y, por tanto, no tenían validez jurídica.
Se inició una averiguación previa antes de que el juez competente le diera vista, entre otros detalles técnicos que invalidaron por completo el debido proceso y mostraban la parcialidad del Ministerio Público.
Al final, el resultado es que al jefe de Gobierno se le acabó atribuyendo responsabilidad penal por delitos donde no había conducta personal. No se respetó su presunción de inocencia, llegando a tratar de quitarle sus derechos políticos incluso antes de tener una condena, lo que sin duda constituía un atropello.
El jurista, Doctor Jaime Cárdenas Gracia, nos dice: En el caso de AMLO se hizo uso político indebido del procedimiento e instrumentos jurídicos para hacerse del poder a espaldas de la voluntad electoral, a través de un ejercicio inmoral de la ley, de la política sin moral, que se sirvió inmoralmente de los medios jurídicos para socavar el Estado de derecho. No fue un combate a la impunidad, sino una utilización facciosa del poder para descarrilar el proceso de transición democrática en México. El objetivo final era eliminar a AMLO de la contienda presidencial de 2006.
Una de las características del Lawfare es el uso intensivo de los medios de comunicación, en este caso destacó Televisa, propiedad del magnate Emilio Azcárraga Jean a favor del desafuero.
Artículo publicado el 24 de mayo de 2026 en la edición 1217 del semanario Ríodoce.
