Javier Vásquez Velasco, acusado de matar a una pareja gringa en Guadalajara en los años 80, apela a una serie de tv para librar condena

Tras 34 años de estar prisionero en una cárcel estadounidense, Javier Vásquez Velasco parecía ver una luz al final del túnel. Una leve esperanza de alcanzar la libertad y librar la doble cadena perpetua a que fue sentenciado. Para ello, estaba dispuesto a valerse de todo tipo de pruebas, incluyendo una serie de entrevistas en un documental para demostrar que él no mató a dos turistas estadounidenses, ni estuvo involucrado en la muerte de Enrique Kiki Camarena.

Pero, como en ocasiones anteriores, la suerte no favoreció al antiguo pistolero de Rafael Caro Quintero. A pesar de tener testimonios grabados de agentes de la DEA que participaron en su detención, en 1989, y otras entrevistas donde testigos que declararon en su contra dijeron haberlo hecho por estar bajo amenazas y presión, aun así el magistrado Danny J. Boggs, Juez del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos, dijo que la petición “no cumplía con los requisitos legales para aceptar aquella apelación”, y denegó el proceso.

Al final de la moción se leen las palabras “Authorization DENIED” (Autorización DENEGADA), y entonces todo parece estar perdido. Esa moción era de las últimas esperanzas del prisionero, presentada por el propio Vásquez Velasco, quien se autorrepresentó ante los tribunales estadounidenses por falta de dinero. Así quedó destruida su posibilidad de lograr la libertad.

El pistolero, arrestado en South Gate California, en 1989, quedó de ese modo sin más recursos que aceptar la cadena perpetua.

De nada sirvieron los testimonios mostrados en la investigación El Último Narco, un documental que actualmente se exhibe en una conocida plataforma de internet, y que ha generado gran controversia ante el público en general y en medios mexicanos y estadounidenses, que muestra a través de documentos, grabaciones, testimonios, y videos, cómo el sistema de Estados Unidos fabricó culpables, incluyendo narcotraficantes sinaloenses para inculparlos de un homicidio que no cometieron, y que en su lugar apunta a la CIA como los verdaderos responsables de la muerte del ex agente de la DEA Kiki Camarena.

Una serie como argumento

El documental El último narco, basado en el libro del ex agente de la DEA Héctor Berrellez, señala que el asesinato de Camarena “no se cometió en represalia contra la DEA, sino para encubrir una conspiración de la CIA que involucraba a los Contras nicaragüenses, mientras Vásquez argumenta que, de haber tenido acceso a esa evidencia en 1990, el tribunal podría haberse negado a ejercer jurisdicción extraterritorial sobre su caso o le habría permitido separar su juicio.

“Esas pruebas, recientemente descubiertas, de ser probadas y consideradas a la luz de todas las pruebas, serían suficientes para establecer de manera clara y convincente que ningún juzgador razonable habría declarado culpable al solicitante del delito”, argumentó Vásquez Velasco.

Vásquez también respalda su afirmación con pruebas que ponen en duda la credibilidad de los testigos de su juicio de 1990, incluyendo tres testimonios mostrados en el documental de los informantes que, según describe el propio Berrellez, habrían presenciado los asesinatos de los turistas Albert Radelat y John Clay Walker, quienes habrían sido confundidos como agentes encubiertos de la DEA.

Vásquez también dijo sospechar que Berrellez instruyó a los testigos y señaló que Héctor Cervantes, un informante de la DEA, quien incriminó a Vásquez en el juicio, posteriormente se retractó de su testimonio, además de que el documental contradice una serie de descripciones dadas por otros informantes.

Para el juez Boggs, aun cuando todas esas nuevas pruebas contradigan el testimonio del juicio, no son suficientes, pues no establecen que ningún jurado razonable lo habría declarado culpable de complicidad en los asesinatos de los turistas.

“El jurado podría haber dado mayor credibilidad al testimonio de los informantes que a los relatos no jurados de la serie documental. Además, un jurado razonable podría considerar que la acusación fue respaldada en el juicio por otros dos testigos, cuyos testimonios no son refutados por las nuevas pruebas de Vásquez. Por consiguiente, las pruebas no constituyen la prueba necesaria para demostrar su inocencia”, argumentó el juez Boggs.

El caso Camarena ha sido uno de los más controversiales en la historia de Estados Unidos, no sólo por tratarse del asesinato de un agente encubierto de la DEA, sino por la forma en que se presentó la evidencia, incluyendo el arresto de Humberto Álvarez Machain, quien aparentemente era el médico encargado de prolongar la vida de Camarena al momento de ser interrogado mientras era torturado.

Álvarez Machain fue arrestado en Guadalajara por agentes de la DEA que entraron ilegalmente a México, y se lo llevaron a Los Ángeles, California, sin que mediara el proceso legal de extradición, provocando una protesta diplomática de las autoridades mexicanas por la violación al Tratado de Extradición del 4 de mayo de 1978.

Como parte de la misma investigación fueron juzgados los mexicanos Juan Ramón Matta Ballesteros, Juan José Bernabé Ramírez y Rubén Zuno Arce. Rafael Caro Quintero fue acusado de ser el asesino de Camarena.

A excepción de Caro Quintero, todos ellos fueron declarados culpables por los delitos de secuestro y asesinato de Kiki Camarena, con excepción de Álvarez Machain, cuya detención fue entonces catalogada como un rapto.

Un viejo expediente

En febrero de 1990 se publicó un informe firmado por Wayne Schmidt y Berrellez, que señala que entre 1981 y 1989, la CIA apoyó el movimiento armado de la contra nicaragüense para derrocar al gobierno establecido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

De acuerdo a los agentes de la DEA, Estados Unidos creía que el FSLN era un peligro para la región debido a sus tendencias marxistas-leninistas, y que Centroamérica estaba a punto de convertirse en una nueva Cuba, por lo que ese país buscó apoyar el derrocamiento del gobierno de Nicaragua.

Cuando en 1986 estalló el escándalo Irán-contra, la administración del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan reconoció que “algunos de los recursos obtenidos por la venta de armas de Estados Unidos a Irán fueron destinados a la Contra, y varios funcionarios de la CIA, se habrían coludido con narcotraficantes de América Latina para obtener recursos destinados a la Contra nicaragüense.

Entre esos narcotraficantes estaba Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, según cita el periodista Jesús Esquivel en su libro La CIA, Camarena, Caro Quintero: La historia Secreta. Además, se puso al descubierto que la CIA entrenaba a “contras nicaragüenses” en un rancho de Veracruz que aparentemente pertenecía a Caro Quintero, Neto Fonseca y Félix Gallardo.

Esto habría dado concesiones a Caro Quintero para sembrar mariguana en grandes cantidades en Búfalo, Chihuahua. Se cree que un periodista mexicano, Manuel Buendía, se enteró de lo que estaba ocurriendo, y misteriosamente fue asesinado el 30 de mayo de 1984, pero fue hasta 2013 que la cadena Fox News difundiría la entrevista de tres exagentes de la CIA, incluido Berrellez, que sostienen que el secuestro, la tortura y el asesinato de Kiki Camarena fueron perpetrados por la propia CIA, luego de descubrir que esa agencia, en complicidad con los narcotraficantes, obtenía recursos de la venta de la droga para destinarlos al financiamiento de la Contra nicaragüenses que pretendían derrocar al presidente Daniel Ortega.

Artículo publicado el 12 de abril de 2026 en la edición 1211 del semanario Ríodoce.