Especialistas señalan que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum implica riesgos de retrocesos y puede perfeccionarse

 

 

El próximo 2 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará formalmente ante la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, una iniciativa que busca modificar aspectos del sistema político mexicano, como la elección de diputados plurinominales, la estructura del Congreso y el funcionamiento de los órganos electorales.

La propuesta ha generado posturas encontradas entre especialistas, quienes advierten tanto avances en materia democrática como posibles riesgos para el equilibrio y la representación política.

Las pretensiones reformistas datan desde la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien presentó hasta tres iniciativas (los denominados Plan A, B y C) en busca de modificar el sistema electoral. Sin embargo, estas propuestas no avanzaron en un Congreso de la Unión que en ese momento no contaba con la mayoría de legisladores afines a su proyecto.

Sheinbaum Pardo presentará su propuesta retomando algunas ideas planteadas por López Obrador, entre ellas la reducción de costos del Instituto Nacional Electoral (INE), la disminución del número de senadores y la reducción de salarios de funcionarios electorales.

 

La propuesta de reformas

Entre los principales cambios que plantea la presidenta se encuentra mantener los 200 diputados plurinominales, pero ahora mediante un sistema de elección directa.

La iniciativa contempla que 97 diputaciones sean asignadas a candidatos que compitieron en territorio y quedaron en primera o segunda minoría en sus distritos; otros 95 sean elegidos mediante listas presentadas por el INE, de las cuales los ciudadanos votarían directamente por personas, pudiendo seleccionar un hombre y una mujer; y los ocho restantes corresponderían a representantes de mexicanos residentes en el extranjero.

Para el maestro Francisco Rodríguez Espinoza, abogado en materia electoral, existen preocupaciones respecto a la forma en que se elegirían los diputados plurinominales. En primer lugar, consideró que no tiene sentido que mexicanos radicados en el extranjero participen en esta representación, ya que se trata de personas que no viven el contexto nacional.

En cuanto al sistema de listas, en términos reales, señaló, esto significa que la coalición oficialista ganó la totalidad de los distritos. Por ello, consideró que, si la ciudadanía ya votó mayoritariamente por esa fuerza política en la elección directa, es lógico pensar que esa misma tendencia se repetiría en la elección por listas.

Puso de ejemplo el caso de Sinaloa, donde existen siete distritos federales, en la última elección, seis fueron ganados por Morena y uno por el Partido del Trabajo, que formó parte de la coalición con Morena. “La lógica es que la ciudadanía va y vota por un partido, y vota por un partido en todo”.

Esto implicaría, explicó, que Morena obtendría también la mayoría de los espacios plurinominales, lo que reforzaría aún más su control en la Cámara de Diputados y reduciría significativamente la presencia de la oposición, ya limitada.

En ese sentido, el sistema de listas podría profundizar la concentración del poder legislativo en una sola fuerza política, en lugar de cumplir con el objetivo original de los diputados plurinominales, de garantizar la representación de minorías y el equilibrio político dentro del Congreso.

Gonzalo Armienta Hernández, coordinador general de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, consideró que, en términos democráticos, uno de los aspectos rescatables de la propuesta es la elección directa de los plurinominales.

Para el abogado, el sistema actual ha perdido la finalidad original de estos escaños; señaló que dejaron de representar al pueblo, ya que quienes los ocupan no son electos mediante el voto directo, sino designados por los partidos políticos. Consideró que también se desvirtuó su propósito de ser ocupados por personas con conocimientos técnicos en áreas específicas, como el medio ambiente o el derecho penal.

“(Se desvirtuó a) la decisión de designar, de nombrar, a plurinominales para compadres, para gente que no tenían ninguna relación con el pueblo y solo por compromisos políticos o de amistad o económicos, no era gente capaz. Ese si es un avance a la democracia”, manifestó.

 

 

Por otro lado, Rodríguez Espinoza consideró que no queda claro en la iniciativa cómo se garantizarán los límites al poder de un solo partido ni qué mecanismos de equilibrio democrático se mantendrán.

Explicó que la mayoría calificada equivale a 334 diputados, número necesario para reformar la Constitución. Si un solo partido pudiera superar ese límite o acercarse a esa cifra mediante el nuevo mecanismo de elección de plurinominales, tendría la capacidad de modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.

Comentó que históricamente la oposición ha obtenido gran parte de sus espacios mediante la representación proporcional, lo que ha permitido mantener la pluralidad incluso cuando un solo partido domina los distritos de mayoría relativa. Si este mecanismo se reduce o modifica, la oposición podría tener menor presencia.

“Si les quitan la representación proporcional, menos oposición va a haber y más se concentra el poder en un partido mayoritario”.

Señaló que una de las razones por las que partidos aliados a Morena, como el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, han mostrado reservas respecto a la votación de la iniciativa, es porque dependen en gran medida de la representación plurinominal para mantener su presencia política.

Rodríguez Espinoza también opinó que la propuesta de reducir el número de senadores se ha planteado bajo el argumento de disminuir costos, aunque el ahorro no sería significativo. “Para mí hay otras razones que son más políticas”, opinó.

En este punto coincidió Armienta Hernández, quien señaló que muchas de las propuestas se justifican bajo el argumento económico, pero eliminar senadores representa un ahorro, que no es necesario.

Rodríguez Espinoza expresó su oposición a la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Consideró que este mecanismo brinda certeza y transparencia a la ciudadanía al permitir conocer oportunamente el comportamiento de la votación, y sin esta herramienta, los ciudadanos quedarían sujetos únicamente a la información oficial, sin posibilidad de contrastar o anticipar resultados, como ha ocurrido.

Ambos abogados coincidieron en la necesidad de una reforma electoral, aunque desde diferentes enfoques. Por un lado, Armienta Hernández consideró que la reforma debería reconocer el derecho de las comunidades indígenas a designar directamente a sus representantes conforme a sus usos y costumbres, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, esto permitiría que accedan a cargos públicos sin depender de los partidos políticos.

“A las comunidades indígenas no se les da participación política y yo tenía la esperanza de que con esta reforma se le diera participación política en las regidurías, cuando menos”, mencionó.

Rodríguez Espinoza manifestó que un verdadero ahorro se lograría haciendo más estrictos los requisitos para crear y mantener partidos políticos, al buscar que estos cuenten con un respaldo ciudadano real, porque existen partidos que dependen de las coaliciones para sobrevivir políticamente y que jamás han presentado candidatos propios.

“Sí me concentraría en una reforma en prohibir las coaliciones electorales porque sabemos que hay partidos que nunca van a tener candidatos propios porque el día en que ese partido lance candidatos propios es muy posible que pierdan el registro”, opinó.

También consideró que el financiamiento público debería distribuirse en función del porcentaje real de participación ciudadana. Explicó que, si solo el 60 por ciento de la lista nominal participa en una elección, el presupuesto debería repartirse con base a ese porcentaje, lo que incentivaría a los partidos a buscar el voto ciudadano.

“Eso sí sería un ahorro, si no hay coaliciones va a haber partidos que van a fracasar y van a tener que desaparecer y eso sí sería un ahorro de dinero. No quitarles presupuesto a los que trabajan, a los órganos electorales, a los tribunales”, concluyó.

 

Otras modificaciones

Entre las otras propuestas presentadas por la presidenta también se encuentran:

Reducir a 25 por ciento el costo de las elecciones: INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.

Disminuir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE en apego a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional.

Eliminar la duplicidad de funciones en los órganos electorales.

Reducir el gasto del Congreso Federal y Congresos locales.

Bajar el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15.

Prohibir aportaciones en efectivo.

Usar tecnologías en la fiscalización.

Reducir tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

Regular el uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales.

Prohibir la reelección consecutiva a partir del 2030.

Artículo publicado el 01 de marzo de 2026 en la edición 1205 del semanario Ríodoce.