La desaparición de personas creció 30 por ciento en Sinaloa mientras que el gobierno solo subió 14 por ciento el presupuesto de la Comisión Estatal de Búsqueda. El problema aumentó el doble de lo que lo hizo el recurso dedicado a resolverlo.

“La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.” Establece la ley correspondiente.

En Jalisco la tasa de desaparecidos por cada 100 mil habitantes en 2025 fue de 5.3, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el gobierno de allá decidió dar 105 millones de presupuesto a su comisión estatal de búsqueda para atender el problema en 2026.

El delito de desaparición sucedió más en Sinaloa que en cualquier otra parte de México en 2025, la tasa fue la más alta: 29.9 por cada 100 mil habitantes, pero el gobierno de aquí decidió dar solo 61 millones a la comisión estatal de búsqueda.

Quinientos por ciento más problemas de desaparición que en Jalisco y 40 por ciento menos recursos que allá.

Una encuesta realizada a más de 300 familiares de personas desaparecidas, reportada por las periodistas Aranzazú Ayala y Laura Jiménez, revela que el 75 por ciento ha tenido que vender sus pertenencias o pedir préstamos y hasta perder su casa para emprender la búsqueda de sus seres queridos.

El gobierno estatal se desempeña con negligencia y falta de inversión en todos los aspectos de esta tragedia.

La falta de equipo especializado para la identificación de cadáveres localizados en fosas clandestinas continúa siendo una de las principales limitantes en Sinaloa, denunció María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras, el pasado 14 de enero, quien señaló que el gobierno del Estado no ha adquirido un aparato necesario para realizar estos procesos.

“No se ha podido comprar el aparato que vale como 3, 4 millones de pesos y pues no alcanza para comprar ese aparato. Lo que queremos es que empiecen a identificar el Centro de Resguardo porque si no, ¿qué caso tiene sacar y volver a desaparecer otra vez?”, expresó a la reportera Belem Angulo.

Hace dos años el gobierno había mentido al respecto. El 15 de enero de 2024, el entonces secretario, Enrique Inzunza Cázarez, informó en la conferencia semanera que: “se ha completado el equipamiento del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de la zona centro”.

No era la primera mentira. El 30 de agosto de 2022, el gobernador Rubén Rocha prometió que sería el 31 de diciembre de ese año cuando se tendría listo para operar el primer Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana. No cumplió.

No hay recursos suficientes para realizar la cantidad de búsquedas necesarias y los cuerpos que se encuentran, con tanto sacrificio de los propios familiares, no son identificados con la prontitud necesaria.

Se han construido los edificios de tres centros de resguardo pero a cuatro años y medio de gobierno aún no funciona cabalmente ninguno.

Contradictoriamente, sí hubo un presupuesto de millones de pesos para pagar el diseño de un logotipo de “marca ciudad” de la carísima empresa de Irene Muñoz. Las campañas de publicidad para ocultar la crisis de violencia sí son prioridad del gobierno del estado, no las víctimas ni las soluciones.

Los familiares de las personas desaparecidas trabajan entre mentiras, posposiciones, lentitud y poco apoyo presupuestal del gobierno.

Madres buscadoras han tenido atención histórica, afirmó Rubén Rocha el pasado 16 de febrero; “nosotros les resolvemos mucho”.

La degradación ética del gobierno es notable.

Por ineficacia o por complicidad ha renunciado a garantizar la vida de los niños y a liberar del sufrimiento a las familias de los desaparecidos.

No es capaz de poner el menor límite al crimen organizado.

El gobierno ha cedido el control del territorio y con ello ha constituido a Sinaloa como un escenario para actos de descomposición social terribles. Cuerpos desollados, cadáveres amontonados, niños rafagueados, las mayores bajezas morales son realizadas en medio de la vida cotidiana de la gente y son lloradas inconsolablemente por las familias, que salen a gritar su dolor a la calle, los medios y las redes porque en las instituciones no encuentran ni sensibilidad ni resultados.

Así funcionan los gobiernos sin contrapesos. Como no rinden cuentas a nadie, sus deficiencias y corrupciones son impunes y continúan por largo tiempo, mes tras mes repiten las acciones que no solucionan los problemas.

El gobierno no tiene capacidad de enmendarse, de corregirse. No castiga a los corruptos y a los coludidos con el crimen organizado, cuando son evidenciados solo los cambia de puesto o los hace embajadores. El morenismo no se depura de sus partes podridas. Se convirtió en un amasijo de contubernios con políticos ladrones y la delincuencia. Con perfume caro, logotipos, pretenden ocultar la fetidez de la ineficiencia.  Muy tempranamente se descompusieron quienes se autoproclamaron como moralmente superiores. Repudian la crítica, soezmente atacan a quien no les es incondicional. Van destruyendo organismos de transparencia, cercenando la competencia política, iniciando campañas en tiempos ilegales y comprando adversarios.

Tienen todo el poder y no pueden ayudar eficientemente a una madre a buscar a su hijo.

Tienen todo el poder y no pueden evitar que maten a niños.

No les importa el sufrimiento que ha ido generando su ineficiencia y su complicidad.

Son la nueva casta, viviendo con lujos al lado de los cadáveres y las fosas clandestinas donde van enterrando a miles de personas, donde se desaparece al pueblo que dicen representar.

Artículo publicado el 23 de febrero de 2026 en la edición 1204 del semanario Ríodoce.