La cantidad de trabajadores sinaloenses que no ganan lo suficiente para comprar una canasta alimentaria para ellos y sus dependientes económicos, aumentó en esta crisis de inseguridad en 4 mil 297, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, dato oficial del INEGI.

Más de 4 mil familias sinaloenses han sido capturadas por el mayor drama de miseria: trabajar, pero, a pesar de ello, ser pobres extremos.

En ese lapso, la economía estatal no creció, se empequeñeció medio punto porcentual. Dato oficial del INEGI. En Baja California Sur sí crecieron, 4.2 por ciento.

Las actividades primarias sinaloenses, como pesca y agricultura, bajaron 3.7 por ciento y las secundarias, como industria y construcción, se redujeron 2.5 por ciento.

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 debieron crearse al menos 40 mil empleos formales, para los jóvenes que necesitaban incorporarse al mercado laboral. No se generaron, al contrario, se perdieron 11 mil 492. Dato oficial del IMSS.

En 17 meses de narcopandemia, el gobierno no ha sido capaz de realizar una acción exitosa que haya revertido un indicador de empobrecimiento, desempleo, cierre de empresas, crisis agrícola o depresión económica.

El gobierno no ha reconvenido ni despedido a ningún funcionario con responsabilidad en el área de economía por la tragedia que viven los ingresos y el empleo en Sinaloa. Sí ha castigado a servidores públicos por apoyar a precandidatos que no son de la preferencia gubernamental, con estos ha sido implacable, esa es su prioridad.

Para salir de este tipo de crisis, las sociedades deben hacer política, pero tiene que ser de la buena.

Lo pertinente es conformar un plan de emergencia que con el concurso de todas las visiones encuentre las prioridades y las acciones más efectivas. La política debiera hacer que el gobierno, mediante el diálogo plural, adquiriera la legitimidad necesaria para ser el líder de un proyecto unificador donde todos los sectores aporten lo necesario para salir del problema.

En Sinaloa, el gobierno no ha hecho un programa de empleo temporal para que las familias que han perdido su trabajo obtengan un ingreso haciendo labores de beneficio comunitario.

Tampoco ha hecho un programa de seguridad especial para las zonas de actividad laboral y empresarial. No se han recuperado los territorios donde viven, circulan y trabajan empleados y empresarios. Muchos proveedores no quieren surtir y muchos consumidores tienen miedo de ir a comprar.

Tampoco ha hecho un programa de medidas fiscales, financieras y de asesoría para evitar que cierren las empresas con problemas.

Tampoco le ha esclarecido al gobierno federal que su política agrícola es un error, acepta sus medidas para demostrarle fidelidad. No es culpable de la sequía ni de los malos precios, si es de los pésimos programas para contrarrestar sus efectos.

No se ha hecho política, de la buena. Los cargos en la secretaría no las ocupan especialistas y estudiosos del tema sino grillos, cuotas, cuates y parientes que no saben y nunca elaborarán una propuesta fundamentada para salir de la crisis.

El gobernador ha dicho que los empresarios exageran las pérdidas (noviembre de 2024) que no apoyará a los que disienten, los llamó enemigos que hacen política con la crisis (enero 2025) que deben conformarse con ganar menos (abril 2025) y que los negocios cierran por un ciclo natural (enero 2026).

No se ha establecido una deliberación pública para definir soluciones porque el gobierno no reconoce que tenemos un problema e insiste en que “estamos perfectamente bien” o “ya vamos saliendo”.

El gobierno se ha convertido en un ente hosco, desconfiado e irascible, reacio a escuchar una objeción o una crítica.

El grupo en el poder ha hecho política, de la mala, para disminuir contrapesos, limitar a esas voces que señalan problemas y que presentan propuestas de solución.

En consecuencia, el sistema político económico no ayuda a resolver la crisis: los sindicatos no defienden a los trabajadores ni piden alternativas para los desempleados; las cámaras como CANACO culpan a los empresarios del cierre de sus empresas; los hombres de negocios muy ricos soportan humillaciones públicas y desaires y CODESIN, se auto censura todo lo que imagina que no le gustaría al gobernador.

El sistema político de Sinaloa no es puntal para que la economía genere riquezas sino un mecanismo de incompetencia y descoordinación para extraer ganancias ilícitas de los puestos públicos.

La casta morenista en el poder tiene todos los recursos políticos a su disposición: el presupuesto público, el poder judicial, el congreso, los ayuntamientos, etc. Todo ese aparato no está dedicado a resolver los problemas económicos de las familias sinaloenses, está ocupado, lo vemos, en disputar la sucesión de gobierno.

En lugar de impulsar soluciones van a tomarse fotos barriendo una calle como muestra de un impostado amor súbito y muy reciente por sus pobladores.

Un gobierno envejecido y derrotado por la crisis de inseguridad completa el cuadro de descomposición con una casta política que dedica sus empeños a conspirar por el poder, mientras Sinaloa vive una gran pérdida de ingresos, empleos y empresas.

El gobierno es un fardo para la economía, impone al conjunto de actores sociales y económicos y representaciones formales y liderazgos reales una agenda de negación del problema que muy pocos rompen.

A la tragedia de muerte, robos y miedo el gobierno le ha agregado, por su inmovilidad, el empobrecimiento, el desempleo y la crisis agrícola.

Este sistema político: el gobierno, su partido, la casta, sus cómplices, sus aplaudidores y los colaboracionistas, seguirá sin producir ninguna solución a la tragedia que vivimos.

Artículo publicado el 8 de febrero de 2026 en la edición 1202 del semanario Ríodoce.