La fiscalía encontró una forma de reducir la cantidad de asesinatos que se perpetran en Sinaloa: No los cuenta si la víctima es policía, tampoco si la persona fue muerta en un enfrentamiento, ni si la gente fue herida y murió posteriormente en el hospital, tampoco sí se encontró el cuerpo en una fosa clandestina de las que se usan para desaparecer hombres y mujeres.

Además, para no incluir muertes en la categoría de asesinatos, homicidios dolosos; creó otras dos: una es “muertes por otros”, en donde asignó el homicidio de un taxista que quedó en medio de un enfrentamiento en Escuinapa, y otra es “muertes por determinar” (que nunca determina) y donde ubicó, por ejemplo, la bolsa con restos humanos aparecida en Loma de Rodriguera el 26 de diciembre, esto significa que para la fiscalía es un enigma, un misterio indescifrable, qué sucedió con esa persona.

La fiscalía dice que no tiene los elementos suficientes para sostener que las lamentables muertes del señor que manejaba el taxi y de quien fue atrozmente desmembrado son homicidios dolosos. Por lo tanto, no los cuenta cuando nos informa las cantidades de ese delito.

Ríodoce y Noroeste han documentado detalladamente cómo esa dependencia pretende mostrarnos una realidad diferente a la que sucede realmente.

La autoridad responsable de investigar los asesinatos, la Fiscal, se dedica a decir que estos no suceden, a ocultarlos, a disfrazarlos de otra cosa.

Diferentes análisis ha planteado la fundamentada hipótesis de que el fenómeno de desaparición de personas surgió como solicitud de los gobiernos a la delincuencia de no dejar los cuerpos a la vista de la opinión pública.

Esto bosqueja un marco de narcopolítica. El crimen organizado tiene permiso para matar y se le ayuda maquillando las cifras.

La alternativa no es crear una mentira en sentido contrario, inventar más homicidios dolosos de los que son. La alternativa es la verdad.

¿Qué hacemos?

Primero, fortalecer a los medios de comunicación y periodistas valientes que están defendiendo la verdad en medio de esta crisis de violencia y seguridad. No dejar que esa voz quede aislada e invisible. Difundirlos, comentarlos, compartirlos.

Segundo, entender que nos mienten porque temen a la inconformidad popular, porque saben que se les estropea su acuerdo si la exigencia de los ciudadanos se aparece en las pláticas, las redes sociales y, todavía más, si se suma y organiza y aparece en las calles, en las paredes y en las plazas, como aquí ya ha empezado a pasar.

Entender que ninguna voz ni ninguna acción es tan pequeña como para no incomodarlos. Le tienen miedo a que sepamos lo que en realidad sucede porque el derrumbe de los sistemas narcopolíticos ha surgido cuando la gente común dice y hace cosas para no seguir viviendo mal. Es útil hablar, comentar, platicar, marchar, expresarse.

Tercero, apoyar a los observatorios ciudadanos independientes, plurales, representativos y autónomos que construyen datos con rigurosidad científica; hacen análisis, denuncias, evaluaciones, propuestas, difunden masivamente información y organizan la movilización social necesaria para establecer políticas públicas eficientes en materia de seguridad ciudadana. Es bueno leer, buscar, escuchar, interesarse en ellos.

Cuarto, exigir que se cambie la forma de elegir al fiscal. El actual procedimiento no favorece la autonomía y la independencia, por el contrario, es parte del mecanismo de la narcopolítica. No hay revisión de currículums, conocimientos y proyecto de los aspirantes al puesto por parte de los especialistas y colegios de profesionistas; ni la elaboración del plan de trabajo al lado de los grupos de la sociedad civil, colectivos de víctimas y organizaciones sociales; ni un proceso de votación en el Congreso que incentive la deliberación por sobre la subordinación al ejecutivo.

Quinto, exigir que la fiscalía cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar una eficiente investigación y persecución del delito. El presupuesto de la fiscalía de Baja California en 2026 será de 795 pesos por cada habitante; en Guanajuato, 735; en Sonora de 826; CDMX, 993; Quintana Roo, 1 mil 345. El de la Fiscalía de Sinaloa, 397 pesos.

El tipo de delitos que le corresponden a la fiscalía son los del fuero común, como los robos de vehículos. Estos últimos han aumentado 187 por ciento entre el mes anterior al inicio de la narcopandemia, agosto de 2024, y el promedio de los ya 16 meses de crisis de violencia. En cambio, el presupuesto de la fiscalía aumentó solo 6 por ciento en 2025 y apenas 5 por ciento para 2026.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) nos informó que en 2023, en ocho estados, cuando los policías ministeriales solicitaron apoyo pericial para investigar delitos, lo recibieron, ninguna solicitud quedó pendiente. En Sinaloa quedaron pendientes 6 mil 400. El problema aumentó en 2024, en lugar de disminuir, quedaron pendientes 18 mil 843 solicitudes de peritaje.

Sexto, exigir que, para combatir la cooptación del personal de la fiscalía por el crimen organizado, se implementen los mecanismos de control y supervisión de mayor eficacia en el mundo y se les proporcione sueldos, prestaciones y condiciones de vida del mayor nivel, correspondientes a la responsabilidad y riesgo que implica garantizar la seguridad pública.

En Sinaloa no vivimos en paz porque las instituciones responsables de investigar y perseguir el delito no son capaces de hacerlo. Porque no reciben los recursos necesarios, porque se dedican a ocultar los problemas y porque no son autónomas respecto del poder político y de los poderes fácticos.

Los delincuentes asesinan y la fiscalía oculta el homicidio. Padecemos un sistema de narcopolítica.

Nos quieren convencer de que un cuerpo despedazado metido en una bolsa no es un asesinato, ¿De qué nos ven cara?

Artículo publicado el 11 de enero de 2026 en la edición 1198 del semanario Ríodoce.