La mañana del 31 de octubre, sin previo aviso, maquinaria ingresó a un predio del fraccionamiento Pradera Dorada, en Culiacán. Alrededor de 100 árboles fueron arrancados de la tierra por los operadores. Había de todos los tamaños y edades; uno de los más grandes aún yace tendido en el terreno, exhibiendo, al aire libre, sus grandes raíces.

Un grupo de vecinos no tardó en manifestarse y denunció que la compañía desarrolladora que ingresó al predio estaba invadiendo un área verde con 30 años de antigüedad. La empresa explicó que se encontraba ahí para iniciar un proyecto de vivienda; sin embargo, los documentos originales de los residentes establecen que el predio es un “área de donación”.

“Lo que pasa es que cuando nos vendieron las casas, nos enseñaron los planos donde nos dijeron, ‘esta es un área de donación’. Algunos nos dijeron, ‘es un área de afectación’, pero va a quedar como área de donación porque no se puede construir ahí”, explicó una vecina.

El tendido eléctrico que atravesaba el predio, compuesto por torres y cables de alta tensión, permitió que la zona fuera considerada un “área de afectación”, lo que implicaba una imposibilidad técnica y legal para edificar más viviendas en ese espacio; por ello, en los documentos originales se enmarca como un área de donación.

Los residentes expresan que la constructora aprovechó el retiro de la infraestructura del cableado eléctrico como “pretexto” para intentar “agenciarse el terreno” y cambiar su propósito original, con el objetivo de construir aproximadamente 30 viviendas residenciales.

El jueves 18 de diciembre, los vecinos se encaminaron hasta el Ayuntamiento de Culiacán para buscar el diálogo, como ya lo habían hecho en ocasiones anteriores. Las autoridades que los recibieron —el regidor Julio César Osuna Cháidez, del Partido Verde Ecologista, y la regidora Lourdes Érika Sánchez Martínez, del PRI— especificaron que la donación oficial se encuentra en el lugar donde se construyó el Jardín de Niños Profra. María Guadalupe Almaral Lozano, a 350 metros del predio.

“Al parecer los vecinos traen la idea de que es un área verde, pero en los planos aparece otra área verde donde hicieron una primaria. Y parece ser, no confirmado, que donde está la problemática, donde está la inconformidad parece ser que es propiedad privada. Eso se está revisando”.

“Vamos a tener que hacer una revisión muy profunda desde el día que se dictaminó, que fue hace 20, 30 años, para ver en qué situación viene este predio, cómo venía en aquel momento, si era área verde o si era para construcción”, señaló Osuna Cháidez.

La postura de los vecinos es que, si bien el área está asignada como un espacio verde, este se encuentra cercado, lo que impide el acceso a los habitantes de la zona. Esto significa que no cuentan con un lugar de esparcimiento, ejercicio o descanso, ya que el acceso a las instalaciones es limitado. En otras palabras, el espacio existe legalmente, pero no cumple la función de un parque público donde todos puedan convivir libremente.

Frente al predio se encuentra el Parque Mitla, perteneciente al fraccionamiento Rincón del Humaya; el bulevar Norma Corona se encarga de dividir ambas colonias. Los residentes hacen hincapié en que ese espacio no les pertenece, ya que forma parte de Rincón del Humaya; por lo tanto, su fraccionamiento carece de un área verde propia, y el parque colindante no sustituye el espacio verde.

Osuna Cháidez anotó que es recurrente que las empresas constructoras vendan las viviendas para después desaparecer o dejar de existir, lo que provoca discrepancias en la entrega oficial del fraccionamiento. Estas irregularidades afectan a 80 fraccionamientos, incluido Pradera Dorada. “Ese tipo de problemas son comunes, desafortunadamente”.

“Vamos a tener que buscar el dictamen de aquellos momentos para ver en qué situación viene ese predio, porque sí, efectivamente, ellos traen un plano, pero no sabemos si ese plano es de la constructora o es de ellos, o es de urbanismo. Necesitamos ver qué es lo que plantea desarrollo urbano o cómo venía en ese momento. Pero es un tema que tenemos que meternos más profundamente para poder investigar”, detalló el regidor.

Entre diálogos, los vecinos sospechan del verdadero propietario de los terrenos, incluso de aquellos donde están construidas sus casas. Toda la colonia estaba originalmente a nombre de “Aida Gallegos”, y muchas de las viviendas que aún no cuentan con sus escrituras propias siguen apareciendo a su nombre.

Árboles caídos

“No entendemos del municipio que está fomentando la creación de áreas verdes, de zonas de recreación para los jóvenes, para alejarlos de la violencia y aquí lo está quitando. Y nos dicen, ‘por cada árbol que se derrumbó, la constructora nos va a dar dos o tres árboles’, pero son arbustos. Ah, ¿dónde los van a poner? Porque ya no vamos a tener espacio”, manifestó una vecina.

Del destino de los árboles se sabe poco. Los vecinos detallaron que, hasta el momento, la constructora no ha mostrado un manifiesto ambiental ni permisos de instituciones como la Profepa o Semarnat por los árboles que derribaron.

“No sé si Desarrollo Urbano ya haya tenido pláticas. Quiero pensar que en su momento cuando ellos tengan algún permiso de construcción o algo, pues ahí quiero pensar yo que le van a pedir porque tumbaron los árboles o si tienen algún permiso de Profepa o Semarnat, no sé, se tiene que revisar”, concluyó el regidor.

Artículo publicado el 04 de enero de 2026 en la edición 1197 del semanario Ríodoce.