Decenas de personas desplazadas por la violencia, provenientes de distintos municipios de Sinaloa, fueron desalojadas la noche de este lunes de un terreno que ocupaban desde hace tres meses, a un costado del fraccionamiento Montesierra, en las inmediaciones del sector El Mirador, en Culiacán.
Hombres, mujeres y niños fueron obligados a abandonar el predio luego de que una constructora acreditara la propiedad del terreno.
Los afectados aseguran que, tras ser atendidos previamente por el secretario de Bienestar del estado, Omar López Campos, se les había prometido una reubicación, compromiso que no se concretó antes del desalojo.
De acuerdo con los desplazados, este lunes alrededor de las cinco de la tarde se presentaron elementos de la Fiscalía General del Estado para ejecutar el desalojo, dándoles un plazo de apenas media hora para salir del lugar.
“Nos dijeron que en media hora nos teníamos que salir; yo estaba ahí con mis tres niñas y me sacaron; ahora no sabemos dónde vamos a dormir, aquí yo creo en la tierra porque no tenemos a dónde ir”, relató una de las afectadas, quien explicó que tuvo que abandonar su comunidad de origen por la violencia, así como su oficio de panadera.
Tras el operativo, la Secretaría de Bienestar ofreció a las familias un albergue temporal en el Gimnasio de Usos Múltiples María del Rosario Espinoza, del Instituto Sinaloense del Deporte.
La propuesta fue rechazada por los desplazados, quienes optaron por permanecer en el mismo asentamiento, durmiendo a la intemperie, a un costado de la cinta amarilla colocada por la Fiscalía para delimitar el área.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, informó que ha dado seguimiento al caso y que fue el conducto para que los desplazados sostuvieran una reunión con el secretario Omar López Campos, aunque aclaró que él no fue invitado a dicho encuentro.
“En ese diálogo les explicaron que el predio es privado, que se utilizaría para construir viviendas de los programas federales, y que tenían que desalojar. A mí el secretario Omar me informó que los habían visitado y que les habían entregado unas despensas, hasta ahí nada más. Pero me avisaron hoy que llegaron elementos de la Fiscalía para desalojarlos porque tenían una orden”, señaló.
Loza Ochoa agregó que, tras enterarse del desalojo, se comunicó con Yeraldine Bonilla, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, para manifestarle la situación.
“Ella me dijo que la semana anterior habían puesto a disposición apoyo de la SEDENA para que regresaran a sus lugares de origen y que solo una familia había regresado. Yo le recordé que en la Ley se establece que debe hacerse un estudio por parte de la Secretaría General de Gobierno que ella encabeza, donde se demuestre que las causas que provocaron el desplazamiento forzado han desaparecido, y ella me aseguró que ya lo habían hecho”, relató.
Sin embargo, el presidente de la CEDH cuestionó por qué dicho estudio no fue puesto a consideración de la Comisión Intersecretarial para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno, como lo establece la Ley.
“Nosotros como CEDH formamos parte de la Intersecretarial en esa mesa y no hemos sido invitados para analizar esa problemática. Lo que me parece es que ella no está hablando con la verdad, pero cuando se lo pregunté, ya no me dejó continuar; sencillamente me dijo que bajara la voz. Está bien, le dije, pero yo no la estaba ofendiendo, simplemente lo que me estaba manifestando no es cierto, no se ha presentado ese estudio”, aseguró.
Loza Ochoa lamentó que el gobierno haya agotado el diálogo antes de actuar frente a personas en una situación de evidente precariedad, responsabilidad que, desde su perspectiva, recae en la Secretaría General de Gobierno.
“Lo que me dijo es que la información que ellos tenían era que solo había cinco familias de desplazados. Y que las otras personas, dijo textualmente, estaban abusando de la situación, que no eran desplazadas. Me parece una falta profunda de respeto a gente precarista”, concluyó.
