El presupuesto de la fiscalía de Sonora en 2024 fue de 712 pesos por cada habitante; de Guanajuato, 744; Baja California, 764; Chihuahua, 821; Quintana Roo, 872. El de la Fiscalía de Sinaloa, 282, miserable, en comparación no con países desarrollados sino con otros estados de México.

La Fiscalía de Campeche terminó el 2024 con 6 mil 414 carpetas de investigación pendientes de resolver; la de Chiapas, con 3 mil 687; Yucatán, 2 mil 851; Tabasco 2 mil 125. La fiscalía de Sinaloa tiene 85 mil 852 pendientes.

Si relacionamos presupuesto con carpetas pendientes, Tabasco tendría un millón 056 mil pesos para resolver cada caso y Sinaloa, solo 10 mil.

Al inicio de 2024 la Fiscalía sinaloense tenía pendiente de cumplimentar 1 mil 353 órdenes judiciales. Durante el año se giraron 969 más y cumplimentó 1 mil 013, con lo que el rezago quedó en 1 mil 309. A ese ritmo de disminución del trabajo atrasado, pasarán 23 años para que se pongan al corriente.

La Fiscalía de Guanajuato dedica 216 personas a hacer inteligencia y análisis criminal, la de Sinaloa, solo cinco, la peor de todo el país.

En Coahuila hay una agencia o fiscalía del ministerio público por cada 12 mil habitantes, en Sinaloa una por cada 34 mil. En Sonora hay un empleado de la fiscalía estatal por cada 1 mil 102 habitantes, en Sinaloa uno por cada 1 mil 579.

La Fiscalía de Sonora tiene un empleado por cada 13 mil 700 habitantes para implementar mecanismos alternativos de solución de controversias. La de Sinaloa, uno por cada 58 mil 400.

Es información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 2025 (INEGI) dada a conocer el jueves pasado.

En la anterior entrega de este Censo, de hace unas semanas, se nos informó que en 2024, en ocho estados, cuando los policías ministeriales solicitaron apoyo pericial para investigar delitos, lo recibieron, ninguna solicitud quedó pendiente, mientras que en Sinaloa quedaron pendientes 18 mil 843.

La falta de apoyo pericial ha aumentado. Creció 299 por ciento en 2024 con respecto a 2023. No vamos rumbo a la meta de cero pendientes, vamos hacia más impunidad.

La investigación que hace la Fiscalía del Estado de Sinaloa es muy deficiente por falta de elementos, recursos materiales, infraestructura, salarios profesionales y capacitación, a lo que se le debe agregar la cooptación.

“La Fiscalía General de la República señaló diez omisiones, inconsistencias y falsedades en la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General del Estado de Sinaloa” reportó Ríodoce el 20 de agosto de 2024.

Otra nota, del 20 de octubre pasado, indica: “… el video de la agresión en la gasolinera fue un montaje, por lo que se solicitarán órdenes de aprehensión de personal de la FGE (Fiscalía General del Estado de Sinaloa) involucrado, informó la Fiscalía General de la República.”

La evaluación más contundente del trabajo de la Fiscalía de Sinaloa la ha dado la Fiscalía General de la República, ni más ni menos.

Los casos de “La Barredora” en Tabasco y de “Edgar Veytia” en Nayarit son los eventos más documentados de la práctica de gobiernos estatales de establecer pactos con el crimen organizado para que disminuyan los indicadores delictivos, o sea, que la “Pax narca” rija en lugar de que sea vigente el estado de derecho.

En esos pactos, el gobierno estatal se compromete a no perseguir el delito en las áreas y actividades que le importan a la mafia a cambio de que esta mate a menos personas, si mata que desaparezcan el cuerpo o lo tiren en otro estado para que no altere la estadística, y oculte o evite otras conductas en los horarios y las zonas que más preocupan a los sectores más influyentes.

Tabasco, Nayarit y Sinaloa son ejemplos de que esos pactos no llevan a la pacificación. A la momentánea reducción de indicadores siguen estallidos de violencia e inseguridad de grandes proporciones.

Las razones de que esos pactos no llevan a la paz también están documentadas. La primera es que la traición y la violencia son intrínsecos al crimen organizado. No hay regulación, así que existen muchas oportunidades e incentivos para que alguien se quede con el dinero de los socios o jefes y la manera de definir la relación entre las partes es la violencia. Ser fuerte y letal es imprescindible para funcionar en esas actividades ilícitas y deben demostrarlo diariamente.

Las organizaciones criminales son muy inestables, hay un forcejeo interno y externo permanente. Los pactos con la autoridad se tienen que reescribir cotidianamente y ello implica que los representantes del gobierno se van involucrando cada vez más con la operación diaria y tomando parte en las disputas.

No es casual que Bermúdez y Veytia terminaran convertidos en los jefes. Es una consecuencia lógica del funcionamiento. El dinero que fluye de los delincuentes a la política se vuelve esencial e insustituible.

En los estados pacíficos, donde está vigente el estado de derecho, suceden entre cero y dos asesinatos mensuales. Hay quienes recomiendan, aduciendo el pragmatismo, aceptar los pactos del gobierno con el crimen organizado para tener “solo” 50 muertes al mes. Lo que está demostrado es que ese “50 aceptable” nunca es estable y se expande periódicamente a 150 o 200 homicidios a todas horas y en todos los lugares.

Estamos así porque los gobiernos han pactado con el crimen organizado. Por pragmatismo debemos exigir la vigencia del estado de derecho y rechazar la “Pax narca”.

La Fiscalía necesita un fortalecimiento presupuestal óptimo de mil por ciento y mínimo de 500 por ciento para 2026.

Si no sucede eso, si dan cualquier aumento menor del presupuesto, se tendrá la certeza de que aquí existe un elemento común en los pactos entre gobierno y crimen organizado: la debilidad de la fiscalía para perseguir el delito.

Artículo publicado el 5 de octubre de 2025 en la edición 1184 del semanario Ríodoce.