De enero a marzo, en Sinaloa es donde más aumentó la violencia homicida, la suma de asesinatos, feminicidios y desapariciones de personas. El número de víctimas subió 276 por ciento, mientras que en 11 estados bajó, reporta la organización “México Evalúa” con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO).

“¿En qué está ocupado el gobierno?”, cuestiona la conductora del “Uber” que me lleva a casa. Más protesta que pregunta.

Acabamos de oír un spot en la radio que pide “…con todo respeto que cesen las armas. Por favor, alto a la violencia”. Es obvio que el mensaje no está dirigido al gobierno, para eso las formas son otras y, además, a las instituciones se les puede mencionar por su nombre. El destinatario es el crimen organizado.

Un sector de la sociedad ha decidido hacer campañas de comunicación para implorar paz a quien reconocen es el que manda, a quien tiene el poder de decidir qué pasa en las calles y en los hogares. No al gobierno, al crimen organizado.

Es el reconocimiento de que el crimen organizado ha asumido funciones de gobierno.

El gobierno no solo es permisivo con los delincuentes, les ha cedido el mando.

El crimen organizado decide que algunas actividades estarán permitidas y que, otras, prohibidas, esto es, establece leyes, emite edictos donde define regulaciones y comunica sentencias que coloca en volantes, cartulinas y mantas junto a cadáveres; aplica las penas y castigos; define resultados electorales y maneja presupuestos públicos.

En tanto, el gobierno, no previene el delito ni garantiza la seguridad pública como le mandata la constitución.

Sinaloa fue donde más creció la incidencia delictiva en marzo pasado comparado con marzo del 2024. Aumentó 28 por ciento, mientras en 13 estados disminuyó, según el SESNSP.

El gobierno, la fiscalía, no esclarecen los homicidios dolosos.

Héctor Melesio Cuen fue asesinado el 25 de julio pasado y el caso sigue sin resolución. A ello, hay que sumar más de mil 300 sucedidos desde entonces.

El gobierno no reconstruye las instituciones de justicia y de seguridad pública.

A pesar de que padecemos el problema de violencia e inseguridad más grande de México, en Sinaloa se dedican los presupuestos más pequeños del país para equipamiento, para aumentar la cantidad de elementos y para capacitación. Aquí están las policías y la fiscalía con menos recursos de la nación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán está dedicando, para prevenir el delito y garantizar la paz ciudadana, 1 mil 304 pesos por cada ciudadano; su similar de Chiapas, 727; la instancia de Durango, 674 pesos; la dependencia de Coahuila, 752; la secretaría de Tlaxcala, 894 pesos. La de Sinaloa, 320.

El gobierno no recupera el territorio.

En estos ocho meses, todas las carreteras han sido bloqueadas y han sido escenarios de robos y asesinatos. El elemental control de la movilidad está en otras manos. Los operativos no han evitado que los delitos sucedan en las vías de comunicación cuando los delincuentes así lo deciden.

El gobierno no realiza acciones efectivas para recuperar la economía.

El desempleo sigue creciendo, el IMSS reporta que en abril pasado se perdieron 14 mil 717 empleos formales respectó de abril de 2024 y en siete de los ocho meses de esta crisis de inseguridad ha habido pérdidas de puestos de trabajo.

La economía de las empresas y de las personas se ha deteriorado. La cartera vencida, los préstamos que no han podido ser pagados a los bancos, han aumentado en 18.5 por ciento entre junio de 2024 y febrero de 2025, informa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El gobierno entregó pocos cheques, de cantidades pequeñas y a amigos y funcionarios morenistas. Consecuentemente, eso no sirvió para recuperar la economía y evitar que se perdieran empleos e impedir que aumentara la deuda de empresas y personas.

Otra acción fallida fue ponerle el nombre de “Plan Sinaloa” a las acciones y presupuestos de siempre. Eso menos iba a funcionar, solo poner nombre nuevo a lo viejo. Risible.

El gobierno no ayuda a los desempleados.

Ninguno de quienes perdieron su empleo formal ha recibido algún tipo de apoyo. La oposición le propuso al gobernador eximirlos del pago de agua y de electricidad mientras recuperaban su trabajo, el gobernador se negó a gestionarlo. No ha hecho un programa social para estas personas.

El gobierno tampoco consigue recursos con Claudia Sheinbaum para llevar agua potable a los cientos de comunidades y miles de personas que tienen meses sin este servicio. En esta histórica crisis de sequía.

Admitió el 15 de abril pasado que están rebasados sus recursos, que no llevan agua potable a esas comunidades solo agua tratada, que necesitan equipos de potabilización y que en diciembre le habían rechazado su solicitud. El 5 de mayo confesó que le volvieron a rechazar otra solicitud.

La conductora del Uber me sigue comentando.

“No sé en qué se la lleva el gobernador”.

“Yo me pregunto, ¿Cómo es que andan así los malandros habiendo tanto guacho en las calles?”.

“Como dijo un general de la zona militar, el crimen organizado decidirá cuándo terminará esta violencia. Yo creo que también decidirá quién será el próximo gobernador”.

En casa leo una frase del investigador Ernesto López Portillo: “La aparente ausencia del gobierno es una decisión política que negocia la cesión del territorio, para tener ganancias económicas”.

Artículo publicado el 11 de mayo de 2025 en la edición 1163 del semanario Ríodoce.