Denuncian que secretario general de Gobierno solapa a funcionarios de la CVIVE

“Hola a todos, después de tres meses de solicitarle al secretario de gobierno, Feliciano Castro, el apoyo de seguridad en la zona, por la delincuencia, por la venta de drogas y por la venta de lotes, no quiso hacer nada”, denuncian desplazados por la violencia que habitan la colonia CVIVE en Mazatlán.

La casa de la discordia, escriturada por funcionarios de gobierno, amenaza con convertirse en detonante de la violencia física en la colonia CVIVE donde sobreviven 250 familias desplazadas por la violencia desatada por los grupos armados que se disputan el territorio en la zona serrana del sur de Sinaloa.

“Nosotros le dijimos a María Inés Pérez Corral que la dueña de esta casa de la colonia CVIVE, en Mazatlán, tiene cinco años viviendo aquí y padece cáncer terminal, pero no nos escuchó y la escrituró a nombre de una persona que no es desplazada por la violencia…”, dijo a Ríodoce Carlos González, asesor de los desplazados por la violencia de la zona serrana en el sur de Sinaloa.

El denunciante que exhibe copia del contrato de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) con fecha 24 de febrero de 2024, expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Mazatlán, asegura que la colonia CVIVE es un “santuario” para desplazados por la violencia.

“Es decir se escrituró a una persona no desplazada de nombre Rosa María Guerrero Cázarez, cuando estos terrenos son solo para víctimas de desplazamiento… y ojo, eh, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, lo sabe”, enfatiza.

En febrero pasado, el mandatario estatal, acompañado del secretario general de gobierno, Feliciano Castro, supervisó los avances del puente que se construye en la avenida Juan Pablo I, y Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Mazatlán.

Ahí, el asesor de los desplazados, abordó al gobernador del estado e intentó construir un puente de comunicación directa con él y le informó sobre el problema de la casa de la discordia escriturada por funcionarios de SEBIDES.

“Lo veo”, habría dicho Rocha Moya a su interlocutor mazatleco.

El contrato de la casa de la discordia

La cláusula primera estipula que la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), representada por el licenciado Francisco Antonio Castañeda Verduzco, dona a la ciudadana Rosa María Guerrero Cázarez, el lote de terreno número 28 de manzana número 09 de la colonia CVIVE, en Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 96 metros cuadrados.

CARLOS GONZÁLEZ. Que no encubran a nadie.

“Asimismo CVIVE transfiere los derechos de la construcción edificada sobre el mismo con una superficie de 50.88 (cincuenta metros, ochenta y ocho centímetros cuadrados)”, agrega el documento.

La cláusula segunda precisa que la vivienda tiene un valor de 413 mil 500.80 pesos, el cual surge del valor catastral proporcionado por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.

“Esta vivienda corresponde a un programa de apoyo de gobierno del estado de Sinaloa, donde el beneficiario pagará únicamente la cantidad de 5 mil pesos, por concepto de gastos administrativos”, añade.

En la cláusula tercera, se lee: “Las partes convienen en lo pactado en este contrato es justo y equitativo y que en el presente no hay por parte de ellos lesión, dolo, error, violencia o algún otro vicio del conocimiento que pudiera invalidarlo”.

El contrato firmado por los licenciados Francisco Antonio Castañeda Verduzco, Santana Palma Olmos y María Isabel Vega Murillo, destaca el hecho de que la beneficiaria es originaria de Mazatlán, “con fecha de nacimiento 30 de noviembre de 1984, estado de civil soltera, de ocupación discapacitada”.

Piden al gobernador detener la impunidad

Carlos González, sostiene que el extraño humanismo simulado tanto por la SEBIDES como por la CVIVE, al donarle a una persona con capacidades diferentes, la casa propiedad de una desplazada agobiada por cáncer, quedó al descubierto cuando se enteró que unos abogados ofertaban la vivienda.

“En diciembre los abogados y/o ‘coyotes’ externos de la titular de la SEBIDES, con las escrituras de la casa en sus manos, dijeron que iban a sacar a la desplazada y se supo que están vendiendo la vivienda a 600 mil pesos”, dijo.

El asesor de los desplazados por la violencia comenta que se apersonó con los supuestos vendedores de la casa de la desplazada, para advertirles que no permitirían esa infamia, porque la vivienda tiene dueña desde hace cinco años.

González reprocha que, a pesar de que los desplazados por la violencia interpusieron dos denuncias contra Pérez Corral, el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, solapa a la funcionaria de SEBIDES.

“Una cosa es tender puentes, ser respetuoso y otra es querer verles la cara a todos; esperamos que María Inés no siga vendiendo los terrenos, pero no vemos que actúe, a él no le apura asignar los terrenos, solo da tiempo para que otros nos roben”, acusa.

Artículo publicado el 16 de marzo de 2025 en la edición 1155 del semanario Ríodoce.