Fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que manejó el verbo “expulsar” en un comunicado del 28 de febrero, un día después de que 29 reos fueron “trasladados” o “enviados” —estos son términos del gabinete de seguridad— a ese país por el gobierno mexicano. Ya quedó claro que no fueron extraditados. Estaríamos frente a una insignificante diferencia verbal si no fuera porque de ella depende lo que las cortes norteamericanas puedan resolver cuando tengan a los acusados en el banquillo.

Los alegatos consulares y de las defensas saldrán sobrando, igual que los insistentes requerimientos de nuestro gobierno para que el estadunidense explique con claridad cómo fue que Ismael Zambada García fue secuestrado y trasladado a su país en medio del sigilo. Ellos tienen la sartén por el mango y cocinarán a su antojo hasta que sea procesado el último de los acusados.

Si uno se atiene al significado de “expulsar” —en una de sus acepciones es devolver, por la razón que sea, a un extranjero a su país de origen—, lo que hizo el gobierno mexicano solo aplicaría para uno de los 29 requeridos por el Departamento de Justicia, porque es norteamericano, no para el resto. Por eso en la conferencia del gabinete de seguridad que ofrecieron el viernes, no se enredaron en conceptos y admitieron que la “cuerda” se armó a partir de un requerimiento del gobierno norteamericano, eso sí, de manera inmediata.

Aquí no se detuvieron a evaluar hasta dónde complacer a los gringos significaba dejar de defender nuestra soberanía. Miles de agentes federales, soldados, miembros de la Marina y de la Fuerza Aérea fueron movilizados, vehículos y aeronaves, para atender el pedimento. Justificaron la entrega con la Convención de Palermo, un acuerdo internacional de las Naciones Unidas que tiene 24 años pero que nunca había sido utilizada para estos casos.

Al ser cuestionado el fiscal Alejandro Gertz Manero sobre la posibilidad de que algunos de los entregados a la justicia norteamericana pudieran ser sentenciados a la pena de muerte, sus respuestas fueron evasivas por generales, pues la Convención de Palermo habla de extraditados —hay todo un capítulo sobre el tema—, no de “trasladados”, “enviados” ni siquiera de “expulsados”. Un argumento pueril para justificar el regalo a Donald Trump, quedó a cargo del titular de Seguridad, Omar García Harfuch, cuando dijo que tenían conocimiento de que José Ángel Canobbio, que acababa de ser detenido, ya tenía planes para que un juez lo dejara en libertad.

En el fondo todos lo sabemos, con Palermo o sin él, con soberanía o sin ella, está la presión del presidente Trump sobre nuestro país por dos temas centrales, migración y fentanilo (si los narcos mexicanos se dedicaran solo a traficar cocaína ellos serían inmensamente felices ¿no ayudaron los gobiernos republicanos al Cártel de Guadalajara a introducir toneladas de cocaína a su país a cambio de apoyar a la contra nicaragüense?)

La amenaza de los aranceles, a pesar de que golpearía a los dos países, tiene aterrorizado al gobierno mexicano. Y por ello han tenido que echar mano de argumentos falaces y sacar de la chistera convenciones que nunca sirvieron de nada, solo para complacer al Tío Sam.

Fue un golpe audaz de los dos lados, pero está por verse si esta concesión del gobierno mexicano a los gringos le va a redituar lo suficiente para quitarse la presión de los aranceles. Pues no es tanto el temor a la amenaza de ser víctimas de intromisiones militares a partir de que los cárteles fueron declarados organizaciones terroristas, por mucho que desde el Pentágono de deslicen, sutil o abiertamente, amenazas en ese sentido.

En todo caso, la misma Convención de Palermo estipula que nada de lo dispuesto en ella “facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades”.

Bola y cadena

DONDE DE PLANO DERRAPÓ García Harfuch fue cuando dijo que la decisión de atender el requerimiento de los Estados Unidos fue exclusivamente del gabinete de seguridad y que la presidenta Claudia Sheinbaum nada tuvo que ver. Sabemos que eso no es cierto, pero si lo fuera, que grave sería para el país que decisiones de este calado las tomaran los militares. Trata de salvarla, la pregunta es de qué, si no hay pecado/ni siquiera error (como dijo un poeta gringo, pa variar).

Sentido contrario

“ERA UN CÍNICO”, ME DIJO Carlos Monsiváis cuando le pregunté, saliendo del aeropuerto, cómo era José López Portillo. Los medios anunciaban su muerte esa mañana del 17 de febrero del 2004. Nosotros festejábamos el primer aniversario de Ríodoce y el cronista, autor de Días de Guardar, nos regalaría sendas conferencias magistrales sobre la prensa y el poder. Su frase “Es el orgullo de mi nepotismo”, no se olvidaría con las décadas. Se refería a su hijo José Ramón, al que, siendo presidente, había nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto. Sin recato al reconocerlo, suscribió su cinismo para la historia.

Humo negro

ALGO SEMEJANTE OCURRE con nuestros senadores, quienes, aprobando la iniciativa de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum para acotar el nepotismo, la emplazan para el 2030, dejando la libertad de que se caiga en ese vicio del poder (que no es exclusivo de Morena) en las elecciones del 2027. Reconocen que hay que acabar con el problema, pero no ahora, sino hasta el 2030. ¿Qué motiva a un político a no soltar el poder y conservarlo a través de la sangre, la esposa, el hermano, el hijo, el padre? ¿El dinero? ¿El ego? ¿Pará qué? ¿El poder por el poder?

Artículo publicado el 02 de marzo de 2025 en la edición 1153 del semanario Ríodoce.