Ambos municipios tuvieron irregularidades en el tercer informe de la cuenta pública de 2023 por 124 mdp, y el gobierno del estado por 11 mdp
El gobierno del estado tuvo irregularidades en 11 millones de pesos y los municipios en más de 144 millones de pesos durante 2023, principalmente Mazatlán en 87 millones y Culiacán en 37 millones de pesos.
El tercer informe de la cuenta pública de 2023 de la Auditoría Superior de la Federación indica que el gobierno estatal es el quinto estado con el menor monto observado.
En el caso de los municipios destaca Mazatlán, donde durante la administración de Édgar Gonzales Zataráin, no presentaron documentación completa e idónea para demostrar que se entregaron los bienes o realizaron los servicios conforme a lo contratado, por un monto de 83 millones 387 mil 700 pesos.
Los contratos fueron para el suministro de 10 mil lámparas LED, suministro mensual de medicamento de especialidad, alta especialidad, laboratorio, oncológico y material de curación; adquisición de un cargador frontal, una retroexcavadora y una excavadora; mil 165 uniformes consistentes en pantalón camisola, gorra, botas tácticas; y 132 equipos de rastreo satelital.
La ASF indicó que el Ayuntamiento no demostró que se realizaron los servicios o se entregaron los bienes.
El municipio también pagó un millón 965 mil pesos en subsidios para becas a cadetes en formación inicial, sin embargo, no hay evidencia de que la entrega de becas se realizó.
En el caso de Culiacán con Juan de Dios Gámez Mendívil, la ASF presume un probable daño de 37 millones 254 mil 303 pesos por cuatro contratos para la compra de camiones recolectores, compactadores de basura; y adquisición de mezcla asfáltica y mortero asfáltico para el bacheo de las calles.
De acuerdo con la ASF el Ayuntamiento no demostró que las características y especificaciones contratadas correspondieran con los entregables proporcionados, por lo que no se pudo comprobar la entrega de los bienes adquiridos.
En el municipio de Ahome, el alcalde Gerardo Vargas Landeros, tuvo una observación por 14 millones 502 mil pesos, debido a que contrataron 41 vehículos para transporte, pero no acreditó que las unidades estuvieron al servicio del municipio durante todos los meses pagados con recursos federales.
En el municipio de Navolato durante la administración de Margot Urrea contrataron el servicio de recolección de residuos sólidos, adquisición de químicos para cloración de agua potable, material eléctrico, materiales para taller mecánico, pero no hay evidencia de que los servicios se prestaron y que los productos adquiridos fueron entregados al municipio.
Por las irregularidades la ASF presume un daño a la hacienda pública por 7 millones 172 mil 743 pesos.
La UAS también fue auditada y la ASF señaló como irregular 70 millones de pesos que fueron trasferidos por la universidad a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y no presentaron la documentación que acreditara la aplicación de los recursos.
Para el gobierno del estado las observaciones fueron por 11 millones 800 mil pesos por recursos ejercidos en las áreas de salud, educación y seguridad pública.
De las dependencias del gobierno estatal, la Universidad Politécnica de Sinaloa tuvo irregularidades por un millón 598 mil 650 pesos por entregar “premio de puntualidad” y “premio de asistencia” que no están contemplados en el presupuesto; los Servicios de Educación Pública Descentralizados del Estado de Sinaloa por un millón 712 mil 421 pesos por pagos a trabajadores que causaron baja de la dependencia y a trabajadores muertos.
Los Servicios de Salud de Sinaloa por un millón 765 mil 843 pesos en pagos por licencias con goce de sueldo y pagos a trabajadores para realizar funciones distintas a los objetivos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tuvo observaciones por 8 millones 470 mil pesos por los contratos por la compra de cascos balísticos, en los que no se pudo constatar que fueron entregados a los elementos de seguridad; y por no cobrar las fianzas de cumplimiento por el atraso en la entrega de bienes adquiridos.
El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que tiene un mes de plazo para aclarar las observaciones y serán solventadas.
“El Gobierno de Sinaloa es un gobierno transparente, es un gobierno que administra sus recursos con honestidad, esto me permite reconocer y felicitar a los funcionarios que están en el área, a los de la Secretaría de Transparencia y también a los de la Secretaría de Finanzas, que son finalmente los responsables, unos de entregar y comprobar gastos y los otros de revisar que estos gastos sean bien comprobados”, mencionó.
Los municipios de Angostura, Elota, Escuinapa, Guasave y Elota tuvieron irregularidades en 3 millones 544 mil 369 pesos, debido a que no hay evidencia de que los bienes contratados fueron entregados al municipio.
Por las irregularidades la Auditoría Superior de la Federación emitió Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, califique la presunta responsabilidad administrativa correspondiente de las personas involucradas.
Artículo publicado el 2 de marzo de 2025 en la edición 1153 del semanario Ríodoce.
