Ante la crisis de violencia que se vive en el municipio, padres de familia se niegan a llevar a sus hijos a la escuela; maestros y directores sin un plan de reacción
Desde el 9 de septiembre la educación en Culiacán ha vivido pecho a tierra por las balaceras que obligan al personal docente a activar los protocolos de seguridad en los planteles escolares, y por la terquedad de las autoridades educativas de no reconocer el riesgo de la presencialidad en tiempos violentos.
Mientras la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el gobernador Rubén Rocha Moya convocan a los padres de familia a mandar a clases a sus hijos, los paterfamilias prefieren la pérdida del ciclo escolar a la pérdida de una vida.
Y los maestros también se encuentran en la disyuntiva de privilegiar la vida o el valor de la vida misma.
En los 90 días de confrontación que sostienen los grupos de la delincuencia organizada, la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento 4 de Marzo; la escuela secundaria Técnica número 79 en El Florido, y la escuela primaria Eduardo Caldera, en Villa del Real, han activado el protocolo de seguridad, salvaguardarse pecho a tierra y suspender actividades a causa de las balaceras.
Antes que la educación, la vida
Mirna Maribel Cota Gastélum, subdirectora de gestión de la escuela Eduardo Caldera y directora de la escuela primaria Dr. José Mariano Carlón López, es la única que accede a hablar sobre los acontecimientos ocurridos la mañana del 2 de diciembre en el fraccionamiento Stanza Torralba, al sur de Culiacán, donde un grupo armado disparó contra un puesto de comida rápida y ocasionó la suspensión de clases de la primaria.
“Debemos de tener claro ahorita, antes de la educación, está la integridad de los niños”, subraya.
Cota Gastélum reconoce las muchas responsabilidades que tienen como maestros con sus alumnos y con los padres de familia, pero también la de salvaguardar la vida propia.
“Quisiéramos cumplir con todos, pero el sentido humano también nos dice, pues, que quiero resguardar mi integridad por lo que soy y por lo que represento”, explica.
Los títulos académicos, argumenta, no la han preparado para responder a estas eventualidades. Ni docentes ni directores están capacitados para responder a un evento de riesgo.
“Podemos leer. La teoría es bien bonita, pero en el momento no sé cómo reaccionamos… Hay mucha impotencia de no saber qué está pasando, qué hacer con esa incertidumbre, cuando tengo claro mi propósito como docente y como directora”, sostiene.
Pecho a tierra
La mañana del 24 de septiembre una persecución a balazos por el bulevar Lola Beltrán, obligó al personal docente de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, de la 4 de Marzo, a implementar el protocolo contra balaceras.
El 28 de noviembre una balacera en las inmediaciones de la escuela secundaria técnica número 79, en el fraccionamiento Florido, obligó a evacuar el plantel.
Y el 2 de diciembre, en Villa del Real, la escuela primaria Eduardo Caldera activó el protocolo de seguridad por el tiroteo registrado en el fraccionamiento Stanza Torralba, cercano al plantel educativo.
El viernes, padres de familia del sector aeropuerto, donde un grupo armado atacó cerca de las 8:00 de la mañana a policías estatales, hiriendo a cinco agentes, uno de los cuales murió en el hospital, acusaron a través de redes sociales que los alumnos de escuelas cercanas quedaron en medio del fuego cruzado, por lo que pidieron que las clases sean en línea porque no enviarán a sus hijos.
Cerca de donde ocurrió la agresión se encuentra la primaria Genaro Estrada y la secundaria General número 9.
Vulnerables
Mirna Maribel Cota Gastélum sostiene que el operativo de proximidad en las escuelas, más que brindar seguridad y tranquilidad, resultaba contraproducente.
A la Guardia Nacional solo una vez se le observó fuera de la escuela parando vehículos, lo que generaba mayor intranquilidad por la reacción que pudieran tener los automovilistas.
“Entonces, por más estrategias que hagan desde los niveles altos, sentimos como sociedad que no estamos protegidos”, subraya.
Una madre de familia que habló a condición de reservar su nombre, cuestionó la insistencia de las autoridades de pedir a los padres mandar a sus hijos a la escuela cuando la seguridad no está garantizada.
“Están viendo cómo están las cosas y siguen tercos de que vengan los chamacos a la escuela… Por mi parte, que el mío pierda el año. Prefiero que pierda el año a que le vaya a pasar algo por tanta bala”, comenta.
El ausentismo
Aunque la secretaria de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla, afirma que se tiene un 70 por ciento de presencialidad en las escuelas, la mayoría registra un ausentismo a causa de la inseguridad.
“Estamos trabajando. La SEP no está en el escritorio, está en el territorio, trabajando con nuestras niñas y niños. Nos interesa prioritariamente su salud, su integridad y que reciban una educación en su plantel de manera presencial… Nosotros tenemos al día de hoy (jueves) una presencialidad del 70 por ciento en los planteles educativos”, asegura.
La primaria Eduardo Caldera y el secundaria técnica 79 mantuvieron sus clases en línea.
La subdirectora de gestión de la Eduardo Caldera reconoce lo contraproducente de las clases virtuales por la poca conexión que hay de alumnos.
“Tenemos la experiencia que ni virtuales están entrando los padres. Hay clases virtuales en donde tengo tres niños, tengo ocho, cuando los salones son de treinta y tantos, 40-45”, lamenta.
Mientras la SEPyC pide que las escuelas estén abiertas, dice, porque no todos los estudiantes tienen las condiciones ni los medios electrónicos para estar en línea, algunos padres de familia de la Eduardo Caldera buscan terminar el año de manera virtual.
Al final, sostiene Mirna Maribel Cota Gastélum, la decisión de si habrá clases presenciales o no se tomará al día.
“Los culiacanazos duraban un día, duraban dos. Ahora duran tres meses”, subraya.
Artículo publicado el 08 de diciembre de 2024 en la edición 1141 del semanario Ríodoce.
