Juristas presentan iniciativa para sancionar el uso de esta nueva arma de la delincuencia organizada

Agrupaciones de abogados buscan frenar por la vía legal a los “ponchallantas”, la nueva arma utilizada por la delincuencia organizada para obstaculizar el libre tránsito, principalmente en Culiacán, y que ha tenido como efecto colateral el daño en el patrimonio de los ciudadanos.

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La iniciativa fue presentada por los abogados desde el 28 de mayo de este año, pero no fue hasta el pasado 12 de noviembre, en medio de los meses en que los índices de inseguridad se han vuelto caóticos en Sinaloa, que el Congreso del Estado le dio la primera lectura y se turnó para una segunda.

La propuesta plantea agregar al artículo 264 del Código Penal sanciones al delito contra la seguridad de la comunidad, no solo a quienes usen instrumentos como “ponchallantas”, sino a quienes los elaboren o posean.

Esta iniciativa fue presentada por el doctor en Derecho, José Luis Ricardo López Enríquez de la Asociación de Abogados de Culiacán; Luis Rosales Zagal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Independiente de Sinaloa; Francisco Villarreal Gastélum, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones y Juan Bautista Lugo Corrales, delegado en Sinaloa del Instituto Mexicano del Amparo, así como por integrantes de la Red de Abogados por la Legalidad y la Justicia Social de Sinaloa.

Los abogados expusieron ante el Poder Legislativo que el uso de “ponchallantas” se ha convertido en un problema de seguridad pública por su reiterado uso, como una estrategia del delincuente para impedir que las policías de todos los niveles cumplan con sus obligaciones de búsqueda de seguridad para generar en la población civil un clima de paz y confianza.

En el texto elaborado por los abogados hacen referencia concretamente a “ponchallantas”, pero también a instrumentos peligrosos como abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos, fabricados de materiales que, por su resistencia o contundencia, dañen o impidan el paso de vehículos particulares u oficiales.

El planeamiento señala una sanción de cinco a ocho años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario.

Señalan que sería una conducta ilícita poseer en su persona, en el vehículo o domicilio, los instrumentos señalados, entre ellos los “ponchallantas” fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material, que pueda ser utilizado para dañar o impedir el paso de los vehículos conducidos por particulares o por elementos de las fuerzas armadas o las instituciones de seguridad pública.

Los abogados proponen a los diputados que legislen para que la penalidad se aumente en dos terceras partes, en el caso de que la conducta se cometa en contra de los elementos de las fuerzas armadas o de seguridad pública o de sus equipos, motores, muebles o inmuebles.

Adicionalmente plantean que en caso de que se utilicen a uno o varios menores de edad, o cuando el responsable sea un servidor público o haya tenido tal carácter dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta delictiva, la pena se aumente hasta en una mitad.

En su exposición de motivos, los abogados expresaron que la iniciativa parte de su preocupación de que, en los últimos dos años, se han realizado diversos hechos, cometidos por presuntos delincuentes, ocasionando daños a las vías de comunicación, así como a personas que sufren daños en sus vehículos al transitar cuando se arrojan esos artefactos conocidos popularmente como “ponchallantas”.

El lanzar “ponchallantas” en la carpeta asfáltica, no solamente afecta dolosamente la circulación de vehículos oficiales y particulares, sino además impiden que exista una mejor seguridad pública, manifestaron.

En su análisis del marco legal, los abogados consideran que el Código Penal vigente en Sinaloa es omiso al establecer un delito, como la seguridad en el tránsito de vehículos, mediante la utilización de instrumentos como los denominados “ponchallantas”.

Indicaron además que se requiere sea tipificado como delito para ser sancionado con severidad, más en la época actual, en la cual la delincuencia organizada busca impedir el trabajo de las corporaciones, además que la ciudadanía resulta afectada.

Enfatizaron que su propuesta parte de la necesidad de que en el marco penal se describan con precisión las conductas que están prohibidas, como en este caso el uso de “ponchallantas”, así como las sanciones que se impondrán a quienes incurran en ellas.

En Culiacán, el uso de “ponchallantas” se ha incrementado durante la pugna interna del Cártel de Sinaloa, que inició el pasado 9 de septiembre. Estos se han colocado durante bloqueos y enfrentamientos en vialidades principales, accesos a la ciudad y en los alrededores del cuartel de la Novena Zona Militar.

Artículo publicado el 24 de noviembre de 2024 en la edición 1139 del semanario Ríodoce.