García Harfuch en la ruta de Calderón

García Harfuch en la ruta de Calderón

A un mes de iniciado el conflicto entre mayos y chapos, el gobierno federal, en coordinación con las autoridades estatales, da arranque a una estrategia que contempla la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y la extorsión, neutralizar generadores de violencia y redes criminales, fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Pero los delitos no bajan.

Después de 16 años y cinco meses, en medio de una crisis semejante provocada por una guerra interna del Cártel de Sinaloa, el gobierno federal repite el esquema que aplicó el gobierno de Felipe Calderón: Sesiona el gabinete de seguridad en Culiacán con la presencia del gobernador y autoridades castrenses locales, y acuerdan reforzar la vigilancia, traer más elementos de las fuerzas especiales e incrementar los trabajos de inteligencia.

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Pero como entonces, el resultado es el mismo, la ciudad recupera cierta calma, la gente sale de nuevo, pero con miedo a las calles, las actividades educativas se reactivan poco a poco y el comercio le apuesta a la normalidad, aunque todos los días sufre los embates del saqueo y los asaltos.

Y es que los grupos organizados siguen ahí, agazapados, se repliegan por un momento, pero vuelven a la carga: levantan gente, secuestran con fines de extorsión, asaltan comercios, roban autos y camionetas, torturan, matan, lanzan ponchallantas, incendian vehículos y bloquean vialidades.

La reunión de hace 16 años se dio cinco días después de que grupos armados asesinaron a Édgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, lo cual anticipaba una guerra sin cuartel al interior del Cártel de Sinaloa. La sesión del gabinete de seguridad del martes 8 de octubre pasado, se dio en el marco de un conflicto entre Los Chapitos y los Zambada, a partir de la detención de Ismael Zambada García, el 25 de julio.

A diferencia de los culiacanazos, uno en octubre de 2019 y el otro en enero de 2023, cuando después de las refriegas entre las fuerzas federales y los narcos regresaba la calma, ahora las ciudades parecen secuestradas: la vida en las calles es anómala, en medio del miedo y la incertidumbre, las carreteras que conectan Culiacán con Mazatlán son constantemente bloqueadas por los grupos criminales y muchos conductores despojados de sus vehículos, la vida comercial se ha semiparalizado, no hay vida nocturna, no hay policía municipal porque la SEDENA la inmovilizó con el pretexto de una revisión rutinaria de armas, y eso ha originado asaltos y saqueos en muchos comercios; en Mazatlán el turismo se ha desplomado en parte porque la circulación de la maxipista-Mazatlán Durango con frecuencia es bloqueada en medio de tiroteos y crímenes.

ASALTO A LA FERRETERÍA. Robo a plena luz de día.

La ciudad parece respirar cuando se observan grupos de jóvenes que acuden a la escuela, con miedo, pero acuden, muchos de ellos y de ellas, adolescentes de preparatoria, acompañados de sus padres.

Martes de desfile

Sorprendió la caminata del secretario de seguridad, Omar García Harfuch, por las calles de Las Quintas el martes, acompañado del secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, custodiados por vehículos blindados y decenas de soldados. Fue una exhibición —¿exhibición de qué?—, ningún otro sentido tenía, una pasarela mediática por calles vacías que grabaron vecinos desde sus cocheras. “Aquí estamos”, sería el mensaje; “venimos a pacificar la ciudad”; “no están solos”. Un día antes, el lunes, se habían cometido nueve homicidios y se habían instalado retenes militares en las carreteras, pero aun así la alcaldesa electa de Mazatlán y el alcalde de San Ignacio, fueron despojados de sus camionetas cuando se dirigían a la capital para estar en una reunión con el gobernador, Rubén Rocha.

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Fue un desfile absurdo hecho solo para la foto y el video. En un video que tomó un vecino durante el recorrido, el primero que sale acomodándose, es el fotógrafo. Ese martes por la noche, la fiscalía estatal reportó el despojo de diez vehículos, varios de los cuales debieron ocurrir mientras los funcionarios desfilaban. También se registraron tres asesinatos y un levantón. Al día siguiente, el miércoles, se reportaron seis homicidios, encontraron una osamenta y se detectó la presencia de grupos armados en Ahome, Culiacán y Eldorado.

Para el jueves, el registro fue peor porque se reportaron cinco asesinatos solo en la zona centro, cuatro personas desaparecidas y 12 vehículos robados. Una ferretería ubicada por el bulevar Santa Fe fue saqueada a las diez de la mañana por un grupo armado que llegó y colocó de reversa una camioneta de tres toneladas donde echaron plantas de luz y otras mercancías.

Ese día llegaron a Culiacán diez vehículos blindados de la SEDENA tipo Ocelotl para labores de vigilancia en las calles. Por la noche salieron a patrullar rodeados de soldados de las fuerzas especiales; se pasearon como en barrido por las calles del centro y desaparecieron. Horas más tarde fueron despojados media docena de vehículos y con ellos bloqueadas varias avenidas al poniente de la ciudad; uno de ellos fue incendiado. También se asaltó una empresa distribuidora de motocicletas en la colonia Buenos Aires, de donde se llevaron 50 de ellas en una operación que duró al menos 15 minutos y sin que llegara autoridad alguna a evitarlo a pesar de que se dio aviso al 911. Esa misma noche del jueves, en la colonia Valle Alto un grupo delincuencial intentó llevarse un cajero automático usando una retroexcavadora sin lograrlo. Por la mañana de ese jueves, habían arribado a Culiacán cien elementos más de las fuerzas especiales, como parte de los acuerdos tomados en la sesión del gabinete de seguridad que encabezó García Harfuch.

BLOQUEO EN LA UADEO. Nadie los detiene.

En la estrategia del gobierno federal no se mencionó a los otros municipios también afectados por la pugna entre Chapos y Mayos. Elota, Concordia y San Ignacio, donde los grupos de ambas facciones se disputan los territorios casi todos los días, en medio de fuertes enfrentamientos, que ninguna autoridad acude a impedir. Ahí solo se cuentan los restos de las batallas: vehículos baleados e incendiados, casas rafagueadas, y escasamente se encuentran a los muertos. Allá también amanecen cadáveres en las carreteras, en los caminos vecinales, mientras que los levantones siguen en aumento.

En los municipios del sur, algunas de las localidades más apartadas han sido tomadas por uno u otro grupo en disputa, paralizando casi en su totalidad las actividades y la vida de una población de por si marginada.

Aquella vez, en 2008, la medida calderonista de la llamada operación Culiacán-Navolato no redujo la tendencia de homicidios, sino que fue en incremento a pesar de la presencia de más y más soldados en las calles. Ese mayo cerró con 106 asesinatos, cuando en abril se habían tenido 63; en junio fueron 130, en julio 143, para cerrar en diciembre con 145 y un acumulado anual de mil 167 homicidios.

Para 2009 tuvimos 1 mil 252 homicidios, en 2010 aumentó a 2 mil 250, casi el doble en el cierre de la administración de Jesús Aguilar Padilla, quien fue parte de aquella sesión del gabinete de seguridad que coordinó el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien el 4 de noviembre de ese año murió junto con el subprocurador de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, en un extraño accidente de aviación.

El Circo 2.0

La estrategia de Felipe Calderón fue fallida. Esa ocasión, en Ríodoce (edición 277) publicamos una portada justo cuando llegaron los primeros refuerzos militares a Culiacán y desfilaron desafiantes y pretenciosamente intimidantes, decenas de vehículos artillados y cientos de soldados.

Fue un circo y así lo titulamos. El secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván, dijo que el Ejército tomaría el mando de las operaciones. La SEDENA tenía informes de una gran vinculación de la clase política con el narco que puso sobre su mesa el general Sergio Aponte Polito —que había estado como comandante de la Novena Zona Militar— y decidió no arriesgarse a filtraciones. Pero eso no evitó que la estrategia fuera un fracaso.

Ahora se pretende que la coordinación de los operativos esté a cargo del secretario de Seguridad, García Harfuch, pero es algo que todavía se pondrá a prueba. Hijo de militar y con un expediente de éxito en la Ciudad de México, eso podría facilitarle su relación con las fuerzas castrenses, pero nada es seguro.

Un día antes, el lunes, Harfuch dijo en la conferencia mañanera que en Sinaloa y cinco estados se implementará una estrategia de seguridad de intervención especial para combatir los delitos de alto impacto a partir de diagnósticos regionales y prevención focalizada inteligente.

2008 EN CULIACÁN. La otra pugna, el mismo circo.

Apuntó que uno de los ejes para combatir el crimen es el fortalecimiento de la inteligencia. “Usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas”.

Para ello, agregó, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de la Seguridad, que contará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos, en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Además de un programa de atención a la extorsión y cobro de piso, el “despliegue de unidades especiales que cumplimentarán órdenes de aprehensión en puntos de mayor incidencia. En este punto es muy importante trabajar con las fiscalías locales ya que, como saben, el 80 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común”.

“Asimismo, hemos establecido tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país: El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión, neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia delictiva, fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad”.

Una estrategia a prueba todavía, que no se separa mucho de la que implementó el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, pero con elementos cuya eficacia tendría que verse en el corto plazo.

Artículo publicado el 13 de octubre de 2024 en la edición 1133 del semanario Ríodoce.

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