Sonora y San Luis Potosí tienen una cantidad de población ligeramente menor que la de Sinaloa. Las fiscalías de sus estados ejercieron, en 2023, un presupuesto de 1 mil 962 millones y 1 mil 206 millones, respectivamente, mientras que la de nuestro estado solo 821 millones.

Todavía peor, el presupuesto invertido en 2020 en la fiscalía sinaloense, antes de que iniciara el actual gobierno, fue de 846 millones. Esto es, lejos de aumentar los recursos para investigar y perseguir el delito, los disminuyó.

Estos son datos oficiales, del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI) que fueron dados a conocer el pasado 3 de octubre.

La debilidad presupuestal tiene efectos muy nocivos.

Para que las víctimas pudieran denunciar los delitos padecidos por ellos, en Guanajuato estuvieron instaladas, en 2023, 319 agencias del ministerio público; en Coahuila, 331, y en Jalisco, 463. En cambio, en Sinaloa, solo 85.

Todavía peor, el número de agencias del ministerio público en 2020, antes de que iniciara el actual gobierno, fue de 101. Esto es, lejos de multiplicar los espacios de captación de las denuncias de las víctimas del delito, se disminuyeron.

Además, a diferencia de otros estados, aquí no hubo ninguna agencia especializada en feminicidios, ninguna en personas desaparecidas, ninguna en extorsión, ninguna en combate a la corrupción y ninguna en delitos contra la salud. A pesar de que estos son, junto con los asesinatos, los más frecuentes y de mayor impacto.

Para atender las quejas de los ciudadanos respecto a la fiscalía estatal y brindarles orientación, información y asesoría sobre los trámites, en San Luis Potosí se instalaron 48 módulos de atención, en el Estado de México 49 y en Michoacán 54. Mientras, en Sinaloa, solo 5.

En 2023, 554 mil 515 personas fueron presentadas ante el ministerio público en calidad de imputadas y/o inculpadas en todo el país, esto significa que luego de la denuncia de una víctima, una investigación de la fiscalía llevó a su detención. De ellos solo 926 fueron presentadas por la fiscalía de Sinaloa. El 0.01 por ciento.

La fiscalía de Sonora cuenta con 2 mil 526 servidores públicos. La fiscalía de Sinaloa solo con 1 mil 867.

El año 2023 inició aquí con 7 mil 258 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento y cerró con 7 mil 195. A ese ritmo, en 114 años se abatiría el rezago.

En Sonora, 241 servidores públicos laboran como especialistas en los mecanismos alternativos de solución de controversias, en Sinaloa, solo 56.

No quedó pendiente ninguna solicitud de intervención parcial para auxiliar la investigación de delitos en los estados de CDMX, Sonora, Puebla, Morelos, Nayarit y Aguascalientes, mientras que en Sinaloa quedaron pendientes 6 mil 300.

La pacificación de Sinaloa necesariamente implica la investigación y la persecución eficiente del delito.

Paz e impunidad son excluyentes.

No es posible que las familias gocen de paz y seguridad si se pueden cometer delitos en su contra y los delincuentes saben que no tendrán ninguna consecuencia.

La impunidad es un incentivo para el uso de la violencia, para cometer conductas antisociales, para abusar de los desarmados, para convertir las calles y las plazas en escenarios del crimen.

La impunidad alienta el cáncer más grave que padece nuestra sociedad: el anti-valor de obtener dinero a costa de lo que sea. La impunidad lo hace posible y redituable.

La agenda por la paz incluye necesariamente el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar y castigar el delito.

Hoy los ciudadanos que son víctimas y pierden su patrimonio o la vida de un familiar se encuentran con que las agencias del ministerio público están lejos, saturadas de trabajo, mal equipadas, sin personal suficiente, mal pagado, mal protegido, sin presupuesto adecuado, sin personal especializado, sin posibilidad de ejecutar órdenes judiciales, sin el apoyo de servicios periciales, sin vehículos, sin capacitación y con el desánimo rendido propio de quien es testigo de la derrota diaria de la sociedad.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del INEGI presenta un escenario dramático para Sinaloa, para nuestros hogares.

De cada mil delitos que se cometen solo se denuncian 37.

Solo llegan a conformar una carpeta de investigación: 28.

No pasó nada con la carpeta: 11

Sigue en trámite la carpeta: 7

Otorgó el perdón: 3

Recuperó sus bienes: 4

Pusieron al delincuente a disposición del juez: 3

Cabe apuntar que la reforma judicial aprobada por la coalición morenista solo aborda el problema de estos tres casos que llegan al juez y se desentiende de los otros 997. No es el camino a la justicia ni a la paz.

La paz de nuestras familias requiere que ponderemos los valores de la convivencia armónica, justa, sin discriminación, sin exclusión, con solidaridad, sin agresiones.

Nuestra paz necesita inexorablemente, también, de asegurarnos que los responsables de presupuestar, financiar, planear y ejecutar la investigación y persecución del delito lo hagan debidamente.

Lo hagan como merece Culiacán, como lo merecen nuestras familias, como lo merecemos todos.

Lo hagan ahora sí.

Porque hoy vivimos desprotegidos.

Artículo publicado el 06 de octubre de 2024 en la edición 1132 del semanario Ríodoce.