Entre reproches y acusaciones de corrupción y montajes hacia la Fiscalía General del Estado, el rector separado del cargo enfrenta un nuevo proceso penal: “fabrican pruebas”, afirma su abogado
El rector separado del cargo Jesús Madueña Molina fue vinculado a un sexto proceso penal por la presunta contratación ilegal de servicios de mecánica por 7 millones de pesos, en una audiencia en la que salieron a relucir los señalamientos que ha hecho la FGR sobre la investigación del homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda y la ex Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, fue denunciada por abuso de autoridad.
Durante más de 10 horas la Fiscalía y los abogados de los imputados debatieron y defendieron sus posturas ante el juez Carlos Alberto Herrera, quien resolvió dictar auto de vinculación a proceso.
Los involucrados en esta causa penal, además de Madueña Molina, son los ex integrantes del Comité de Adquisiciones, Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola, Salvador Pérez Martínez, Óscar Orlando Guadrón y Salvador Pérez Martínez.
La Fiscalía acusa que en 2022 pagaron 7 millones 269 mil 226 por servicios de mecánica general, carrocería, tapicería, cambio de llantas, aire acondicionado y arrastre con grúa al proveedor Jesús Ramón López Solís, a quien le adjudicaron el contrato de manera directa cuando debió ser por licitación.
De acuerdo con la FGE, en una declaración ministerial Jesús Ramón reconoció que él solo presta servicios de mecánica general y no los de carrocería, aire acondicionado, tapicería y arrastre, y subcontrataba a otros talleres o empresas de grúas.
La fiscal, Edna Rocío Castro Gálvez, mencionó que los integrantes del Comité no desempeñaron su cargo de manera correcta y causaron un perjuicio a la universidad y Madueña Molina tuvo conocimiento que el Comité realizaba la contratación sin licitación y no la evitó.
Intencionalmente, indicó, en sus informes trimestrales Madueña Molina no informó a su superior jerárquico, que es el Consejo Universitario, que se estaban contratando los servicios sin licitación.
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Aseguró que fraccionaban las compras para no alcanzar el monto por el que se requiere licitación y además contrataron a una persona física que tiene un taller que no cuenta con personal ni instalaciones suficientes para prestar todos los servicios.
Señaló que la universidad además pagaba a sobre costo y ejemplificó que, según una factura de marzo de 2022, pagó 7 mil 724 pesos más IVA por un radiador; y en junio el proveedor compró a un distribuidor de refacciones un radiador en 2 mil 980 pesos más IVA.
Milton Ayala Vega, abogado de Madueña Molina, aseguró que en 2022 la universidad ejerció recursos federales, por lo tanto las autoridades locales no tienen competencia para auditarlos.
Aseguró que la Auditoría Superior de la Federación auditó los recursos de ese año y no hizo observaciones por irregularidades.
Mencionó que la Fiscalía trataba de confundir al juez con el ejemplo del radiador porque es evidente que el que pagó la universidad en marzo, no es el mismo que el proveedor compró en junio; y, además, la factura que pagó la universidad incluye la instalación y la Fiscal está considerando que todos los radiadores tienen el mismo costo, cuando no es igual uno para un sedán que para un autobús.
El defensor Alfonso Carlos Ontiveros Elguezábal dijo que la Fiscalía no acredita las conductas que está acusando, lo que se ha convertido en una práctica recurrente.
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Tras escuchar a los abogados, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marco Antonio Álvarez Armenta, sacó la auditoría a la que hizo referencia Milton Ayala y se puso a leer las observaciones y los defensores empezaron a protestar argumentando que esa información no tenía nada que ver con la causa penal porque las observaciones eran por retenciones de impuestos y no por la contratación de servicios de mecánica.
El fiscal comentó que mencionaba las observaciones para desacreditar a Milton que decía que no había, “desacreditados están ustedes, tuvo que renunciar su jefa por corrupta”, gritó Yamir de Jesús Álvarez, el abogado general de la UAS; “son expertos en montajes”, secundó Madueña.
En dos ocasiones, el juez apercibió a Yamir de Jesús para que dejara de interrumpir al fiscal y le advirtió que lo sacaría de la sala.
Al terminar el fiscal, el juez dio la palabra a Yamir y señaló que en Sinaloa hay una fiscalía corrupta que se conduce sin probidad y lealtad.
“Fabrican pruebas, incluso la Fiscal General tuvo que renunciar, quizás ustedes (los fiscales anticorrupción) están cortados con la misma tijera y fabrican pruebas para ensuciar la imagen de universitarios honorables”, expresó.
El asesor victimal de la universidad, Ramón Bonilla Rojas, mencionó que el trabajo de la Fiscalía está en duda tras los señalamientos que hizo la FGR por una investigación desaseada por hechos ocurridos el 25 de julio, refiriéndose al asesinato de Cuen Ojeda.
En este momento la Fiscalía de Sinaloa es la Fiscalía más corrupta de México, mencionó.
El abogado Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazábal pidió la palabra y dijo que presentaba una denuncia formal contra la ex fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada por el delito de abuso de autoridad y lo que resulte, por las irregularidades que ha señalado la FGR y que llevaron a su renuncia.
Aseguró que la ley permite presentar denuncias de manera oral ante cualquier ministerio público y en ese momento lo hacía ante los cinco agentes del ministerio público que se encontraban en la sala de audiencias.
El juez Carlos Alberto Herrera consideró que sí se desprendían datos de prueba que hacen presumir que se cometieron hechos que la ley señala como delitos.
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A Madueña Molina lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y a los ex integrantes del Comité de Adquisiciones por desempeño irregular de la función pública.
Como medida cautelar todos los involucrados tienen que asistir a firmar cada mes y tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.
Además del proceso iniciado la semana pasada, Madueña Molina está vinculado en dos más por abuso de autoridad junto con el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga; y en otros tres junto con el Comité de Adquisiciones por supuestas compras irregulares por 133 millones de pesos en tortillas, carnes de res y pollo y en obras de rehabilitación y mantenimiento.
Héctor Melesio Cuen Díaz también está vinculado a proceso por presuntas compras irregulares por un millón 447 mil pesos al restaurante Casa María, propiedad de su familia.
Artículo publicado el 08 de septiembre de 2024 en la edición 1128 del semanario Ríodoce.
