Funcionarios de la UAS fueron vinculados a un nuevo proceso penal por la presunta contratación sin licitación de servicios de mecánica y carrocería por más de 7 millones de pesos.
Los involucrados son el rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina y los integrantes del Comité de Adquisiciones, Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola, Salvador Pérez Martínez, Óscar Orlando Guadrón y Salvador Pérez Martínez.
Durante una audiencia celebrada hoy por más de 10 horas, la Fiscalía formuló imputación por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
De acuerdo con la FGE, durante el 2022 contrataron sin licitación los servicios de mecánica general, carrocería, tapicería, cambio de llantas, aire acondicionado y arrastre con el proveedor Jesús Ramón López Solís. Por los servicios, el proveedor expidió 921 comprobantes fiscales digitales, de los cuales están vigentes 912 por 7 millones 269 mil 226 pesos y cancelaron nueve por 190 mil 622 pesos.
Según la Fiscalía, los servicios de carrocería, aire acondicionado, tapicería y arrastre no eran prestados por el proveedor, sino que este subcontrataba a otros talleres.
De acuerdo con la FGE por el monto contratado, los servicios debieron licitarse y no adjudicarse de manera directa.
El defensor Milton Ayala mencionó que la fiscalía no tenía competencia por tratarse de recursos de origen federal.
Mencionó que además los delitos que acusan son cometidos por servidores públicos y los funcionarios de la universidad no entran en esa clasificación.
El apoderado de la UAS, Yamir de Jesús Valdez, dijo los fiscales actúan sin probidad ni lealtad.
La fiscalía, señaló, es corrupta y fabrica pruebas, por eso la Fiscal General Estado Sara Bruna Quiñónez tuvo que renunciar.
El asesor victimal de la universidad, Ramón Bonilla, mencionó que la Fiscalía está en duda por los señalamientos de la FGR.
Durante la audiencia, el defensor Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazábal presentó una denuncia contra la ex fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada por abuso de autoridad por los hechos que señaló la FGR y que llevaron a su renuncia.
Comentó que la Ley permite presentar denuncia de manera oral y lo hacía en ese momento ante los cinco agentes del Ministerio Público que se encontraban en la sala.
El juez consideró que hay datos de prueba suficientes para presumir que cometieron los delitos y dictó auto de vinculación a proceso.
