Hay elementos, dice el juez; es una arbitrariedad, dicen sus abogados
El rector separado de la UAS, Jesús Madueña Molina, fue vinculado a proceso penal por quinta ocasión.
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La semana pasada inició un nuevo proceso en el que también está involucrado el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, por el delito de abuso de autoridad.
Este es el segundo proceso penal que enfrentan Madueña Molina y Lizárraga Otero por presuntamente negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado; Madueña además enfrenta otros tres procesos por compras y contrataciones irregulares.
De acuerdo con el fiscal Juan Antonio Velázquez Robles, el 16 de mayo de 2023 Lizárraga Otero se negó a firmar el acta de inicio de auditoría, en la torre de Rectoría, ubicada en el campus Rafael Buelna.
En representación del rector, manifestó, no proporcionó información y documentos, ni facilitó un espacio a los auditores para realizar la auditoría de recursos propios de 2019, 2020 y 2021.
Mencionó que desde el 4 de mayo de 2023 la ASE envió un oficio a Madueña Molina en el que notificaba que derivado de una denuncia, el 16 de mayo realizarían una auditoría a los recursos propios de la universidad.
En el documento solicitan información contable y que proporcione un espacio para 12 auditores.
El 15 de mayo, Lizárraga Otero, en ese entonces abogado general de la universidad, contestó a la ASE con un oficio en el que pide que desestimen la auditoría y señaló que un juez de distrito había concedido un amparo contra cualquier acto del Congreso del Estado.
El mismo día la ASE respondió que la solicitud de desestimar la auditoría no era procedente, ya que la suspensión del juez de distrito era contra el Congreso y la Auditoría es autónoma para realizar sus funciones.
Al día siguiente, a las 10:30 horas un grupo de 12 auditores se apersonaron en el campus Buelna y fueron recibidos por Yamir de Jesús Álvarez, quien los llevó al edificio de rectoría.
En las instalaciones de rectoría fueron atendidos por Robespierre quien nombró como testigos para la auditoría a Alfonso Carlos Ontiveros Salas y a José Alfredo Peinado.
Los auditores hicieron el acta de inicio de auditoría, pero Robespierre en su calidad de apoderado legal de la UAS se negó a firmarla y a proporcionar la información que le solicitaron, argumentando de nueva cuenta que tenían una suspensión contra cualquier acto del Congreso del Estado.
Lizárraga Otero tuvo conocimiento en todo momento de que la suspensión era para una autoridad distinta, y que la ASE sí tiene competencia para auditar los recursos, dijo el fiscal.
Aseguró que en coautoría y de manera dolosa Madueña Molina y Lizárraga Otero cometieron el delito de abuso de autoridad.
Milton Ayala Vega, abogado de Madueña, dijo que la ASE no tiene facultades para fiscalizar los recursos de la universidad.
Los recursos de 2019, 2020 y 2021, indicó, eran federales y no de origen estatal, por lo que la auditoría del estado no tiene facultades para auditarlos.
Los abogados de Lizárraga Otero, Alfonso Carlos Ontiveros Salas y Alfonso Carlos Ontiveros Elgueázabal, señalaron que el abuso de autoridad fue de parte de la auditoría.
Mencionaron que la FGE no tiene ninguna prueba para acreditar que los universitarios cometieron el delito.
Durante la audiencia los abogados dijeron al juez que ya había sentencia de juicios de amparo en las que jueces federales han resuelto que la ASE no tiene competencia para auditar los ingresos propios de la universidad.
Señalaron que los imputados no son servidores públicos y que los recursos propios de la universidad son equiparables a los recursos privados, por lo que no forman parte de la cuenta pública y no pueden ser auditados por la ASE.
Tanto Madueña Molina como Lizárraga Otero se reservaron su derecho a declarar ante el juez.
La vinculación a proceso
El juez Carlos Alberto Herrera consideró que sí hay datos de prueba para presumir que cometieron el delito de abuso de autoridad por negarse a una auditoría y dictó auto de vinculación a proceso penal.
La Fiscalía pidió al juez un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria, pero solo concedió un mes.
Como medida cautelar impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial y deben acudir a firmar cada mes.
Al terminar la audiencia, el abogado Vega Ayala adelantó que impugnarán la decisión del juez de vincularlos a proceso.
“La vinculación no tiene un carácter definitivo, porque va a ser impugnada a través de un juicio de amparo y tenemos la plena certeza de que se va a ganar, hay un 100 por ciento de (seguridad) de que se gane, y esperemos que con esa misma sentencia el juez en esta misma sala de audiencias tenga que reconocer el error y la arbitrariedad que hoy cometió”, señaló.
Además de los procesos por abuso de autoridad, Madueña Molina tiene abiertos otros tres procesos penales por ejercicio indebido del servicio público junto con el Comité de Adquisiciones por compras irregulares por más de 133 millones de pesos en carne de res y pollo, tortillas y contratación de obras de rehabilitación y mantenimiento.
En los procesos por compras y contrataciones irregulares también están involucrados el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, Soila Maribel Gaxiola, Salvador Pérez Martínez, Héctor Melesio Cuen Díaz, Óscar Orlando Guadrón, Jorge Pérez Rubio, Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar e Ismael García.
Artículo publicado el 11 de agosto de 2024 en la edición 1124 del semanario Ríodoce.
