Instancias dan reveses a lucha indígena contra gigante de fertilizantes

Los colectivos que se oponen a la instalación de fábricas petroquímicas en la bahía de Ohuira, Topolobampo-Santa María recibieron dos reveses legales de instituciones gubernamentales.

Lea: ¡Aquí No! reinicia protestas con marcha en comunidad de Ohuira, en Ahome

Las resoluciones adversas no son nuevas ni sorpresivas, sino esperadas y ya consideradas, porque a través de los años se ha comprobado que el gobierno favorece a los inversionistas y atenta contra el medio ambiente y los ocupantes ancestrales de territorios, sin descontar a la población en general que colocan a un paso de la muerte por respirar aire contaminado con emanaciones tóxicas o por consumir productos del mar ya afectados por residuos peligrosos, consideró Enrique Ayala Carrejo, miembro de Sinaloa Despierta e impulsor de una serie de quejas legales en contra de la construcción de una planta de amoniaco en el sistema lagunar.

Según Ayala Carrejo las negativas a actuar ya no son novedad, pero son causales para intentar instancias superiores. “No nos sorprenden, lo esperamos en este y otros procedimientos, pues sabemos cómo se las gasta el Gobierno Federal, pero tenemos que tener esas resoluciones para buscar tribunales especializados y recurrir a ellos. De que la lucha legal continuará, es por sentado”, anunció.

El revés más reciente fue dictado por la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente (Profepa) apenas el 6 de agosto pasado, cuando resolvió improcedente la denuncia PFPA/31.7/2C.28.2/0095-23 -2 interpuesta por Ayala Carrejo y José Luis Luna Bojórquez en contra de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente por relleno de la zona Marítimo Federal Terrestre no autorizado ni concesionado en linderos de la bahía de Ohuira para la construcción de una plataforma, en donde se construirá una planta de amoniaco.

Los denunciantes presentaron una serie de pruebas como fotografías y planos de la zona impactada, aduciendo que la empresa retiró vegetación y mangle protegido en la norma oficial mexicana 059-SEMANART 2010, desecó lagunas y dañó bosques sin tener autorización de impacto ambiental ni permiso de cambio de uso de suelo, invadió zona federal marítimo terrestre y modificó el suelo careciendo de concesión.

Tras la denuncia, los inspectores corroboraron que la empresa contaba con concesión vigente, no se encontraron vestigios de daño a la flora y fauna y en los linderos no habían sido sobrepasados, por lo que los tres puntos fueron declarados improcedentes cerrándose el caso por no existir irregularidades.

Tanto Ayala Carrejo como Luna aseguraron que no fueron vinculados a la inspección como lo esperaban por lo que sospecharon que los inspectores torcieron sus investigaciones, lo que era de esperarse. “Sabemos que todas las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal actúan como empleados de GPO, por lo que no es extraño que no vean irregularidades”, opinó Ayala.

El reciente revés a la lucha legal de los pobladores originarios en contra de la industrialización de lo que consideran su mundo natural no fue el único. El 9 de mayo, la Sala Superior del Tribunal Colegiado de Circuito desechó por improcedente la queja 12/2023. Dicha queja fue interpuesta por los mayos-yoremes en contra de la resolución dictada el 27 de febrero del 2023 por la jueza sexto de distrito, que declaró cumplida la sentencia del amparo 518/2018 que ordenó la realización de la consulta indígena al Gobierno Federal como requisito para aprobar la manifestación de Impacto Ambiental de la fábrica de amoniaco.

Ambos casos se suman a las determinaciones legales del juez José Francisco Pérez Mier, adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, quien ha negado cuatro suspensiones provisionales y definitivas a indígenas, pescadores y residentes de la zona de impacto de la fábrica de amoniaco. Incluso, este, con apego a su autoridad ha atraído casos legales en los que las sentencias son adversas a los industriales, pero que en la resolución definitiva termina beneficiándolos.

De acuerdo con los integrantes de Sinaloa Despierta, la lucha legal está en un compás de silencio, pero muy lejos de ser vencida o claudicada, pues en los acompañamientos de la etnia mayo-yoreme aún hay instancias a donde recurrir, incluso, quedan a salvo los tribunales internacionales y algunas instancias más en donde se puede sentar en el banquillo de los acusados al propio mandatario nacional y a algunos de sus secretarios de Estado.

Aunque las resoluciones han favorecido a la empresa, esta se ha mantenido al margen de comentar los recursos legales ganados. Roberto Velasco Gutiérrez, director de operaciones de Proman, aseguró que las cosas marchan bien y sin trastorno.

Artículo publicado el 01 de septiembre de 2024 en la edición 1127 del semanario Ríodoce.