Una sentencia “con errores” subida por jueces de Bienestar como versión pública a los estrados electrónicos del Juzgado Quinto de Distrito provocó reacciones de indignación entre la comunidad indígena mayo-yoreme de los alrededores de la Bahía de Ohuira, el triunfalismo de empresas internacionales cuestionadas y reveló que instituciones gubernamentales están litigando en contra del medio ambiente, incluyendo a la Presidencia de la República.

El caso se aclaró este jueves cuando José Luis Luna Bojórquez, activista de Sinaloa Despierta y miembro honorario de Aquí ¡No! y autorizado para escuchar y recibir notificaciones legales acudió al Juzgado Quinto de Distrito a notificarse de la sentencia del juicio de amparo 215/2026-7B que pescadores del campo Paredones interpusieron en contra de las autorizaciones de Semarnat a la construcción de la planta de amoniaco del consorcio suizo alemán Proman a través de la mexicana Gas y Petroquímica de Occidente.

Luna Bojórquez llevaba la intención de obtener los alegatos para irse a segunda instancia pues una versión económica de la resolución indicaba que el juez desechó el caso, habiendo tomado de referencia los alegatos de Semarnat.

“Hablé con actuarios, mi dijeron que no hay sentencia aún, que la versión pública que se tiene contiene errores, que notificaría a superiores para que se retirara, y que no había fecha para dictar resolución”, dijo el activista.

La sentencia en su versión pública establece que el juez Adalberto Bañuelos se negó a entrar al análisis de fondo del asunto y se fue por la fácil, sobreseer el juicio evitando una sentencia de negar el amparo y protección de la justificación federal en contra de actos de Semarnat o concederla.

El juez, de acuerdo con las apreciaciones de los colectivos Sinaloa Despierta y Aquí ¡No! habría dado mayor peso a los alegatos de Semarnat que combatió el derecho de los pescadores de Paredones a defender su entorno natural del que toman sustento décadas antes de que se integrara como empresa Proman y GPO, e incluso mucho más atrás de que el gobierno de Mario López Valdez gestionara la construcción de un gasoducto desde Texas, Estados Unidos, hasta Ahome, en Sinaloa.

En contra de las comunidades indígenas y de pescadores del sistema lagunar de Ohuira-Topolobampo, la Semarnat alegó el 31 de marzo, en su informe justificado, que el juicio de amparo debía desecharse porque el acto que aprobaban los permisos ya estaba materialmente consumado porque la planta de amoniaco estaría concluida en agosto del 2027, y el 23 de abril pidió la nulidad del juicio bajo siete supuestos:                La demanda fue promovida fuera del plazo legal, los actos reclamados han sido consentidos por los quejosos, la afectación se sustenta en hechos futuros de realización incierta, el acto ya se encuentra plenamente consumado, se hizo una consulta indígena, las afirmaciones indígenas son genéricas y dogmáticas, carecen de sustento técnico y jurídico, y las opiniones de las Naciones Unidas son carentes de fuerza obligatoria para las autoridades del Estado Mexicano.

Tras los hechos, Claudia Susana Quintero Sandoval, también de Aquí ¡No! fijó postura: “Que no se engañe a la gente diciendo que el gobierno no está en contra nuestra. Actualmente, las comunidades indígenas estamos litigando directamente contra la Semarnat por haber otorgado esa autorización ilegal. Y por supuesto que la empresa GPO está metida en el juicio como tercero interesado defendiendo sus millones, pero es el propio Estado, a través de sus instituciones ministeriales y ambientales, el que está litigando contra los pueblos. Sí, presidenta: su gobierno sí litiga contra nosotros en los tribunales”.

“Usar el aparato del Estado para fabricar un consentimiento, ignorar a los directamente afectados, despacharnos en un minuto de campaña y luego decir que ‘no se litiga contra el pueblo’ es la máxima expresión de la discriminación jurídica. El consentimiento de la Bahía de Ohuira no se promedia, no se inventa en 24 horas y no se vende. Aquí seguimos, con los amparos en la mano, con la razón legal y con la dignidad de un pueblo que no se va a callar ante la simulación”.

Por los hechos, la comunidad mayo-yoreme y los pescadores cerraron filas en contra del gobierno que los pretende aniquilar en favor de empresas extranjeras.

Quintero sella su afirmación con el ¡aquí seguimos!

 Artículo publicado el 31 de mayo de 2026 en la edición 1218 del semanario Ríodoce.