Mientras Feliciano Castro y el gobernador llaman al diálogo a las autoridades universitarias, en el Palacio Legislativo se da lectura a 36 iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la institución

El viernes 28 de junio, Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezó una conferencia de prensa para anunciar que el Congreso del Estado desistía de un recurso de revisión contra el amparo interpuesto por la UAS contra cinco artículos de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, para abrir así la puerta al diálogo con las autoridades rosalinas.

Esto se dio luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamara a ambas partes a resolver las diferencias en un conflicto que ya cumplió dos años.

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El lunes 1 de julio, las autoridades de la UAS entregaron un documento en las oficinas del gobernador Rubén Rocha Moya, en el que manifestaron estar a las órdenes para “discutir el tema del conflicto de la Universidad con el Gobierno del Estado”, ante lo cual el gobernador respondió que el diálogo no era con él, sino con el Congreso.

Al día siguiente, el Congreso inició la lectura de 36 iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las primeras 18 tuvieron su primera lectura ese día; el miércoles 3 se citó a sesión extraordinaria para dar lectura a otras 18. Para la sesión ordinaria del jueves 4, se dispensó la segunda lectura de las que quedaron pendientes y se turnaron por mayoría y con la oposición de la fracción del PAS, a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la cual se declaró en sesión permanente el pasado viernes para realizar su estudio y dictaminación.

La diputada Alba Virgen Montes Álvarez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, acusó a Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, de “traicionar, mentir y engañar”, pues mientras “extiende una mano al diálogo con otra da un golpe”, al acatar órdenes que le llegan desde el tercer piso.

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“Feliciano Castro tiene prisa por reformar la Ley Orgánica de la UAS y tratar de tomar el control de la máxima Casa de Estudios sinaloense, de la misma forma denunciamos que los diputados que participaron en la conferencia de prensa, el viernes pasado (28 de junio), mienten al decir que ‘el desistimiento al amparo de la UAS fue una decisión de todos los diputados que formamos esta 64 Legislatura’, los diputados del PRI, ni del PAN y mucho menos a los integrantes del PAS, fuimos tomados en cuenta”.

Aseguró que tanto la Jucopo como la Mesa Directiva del Congreso están actuando ilegalmente al incluir en la discusión las reformas a la Ley Orgánica de la UAS, cuando existe una resolución de un juez federal para que primero se “resuelva la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa en los artículos que violan la autonomía universitaria”.

El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que no hay conflicto con la UAS, y que no hay ningún impedimento legal para realizar la reforma a su Ley Orgánica, ya que el amparo de la Universidad es para que el Poder Legislativo no realice la consulta previa de la reforma, sino que sea la propia institución.

“Queda claro que ya no hay ningún impedimento para que se proceda a la reforma de la Ley Orgánica, ¿qué quiere decir eso? Que si quieren que la consulta la hagan tanto la universidad como el Congreso, que la hagan, que si quieren solo ellos hacer la consulta, que la hagan, lo que importa es que le consulten a los universitarios, que los universitarios resuelvan qué quieren”, dijo.

A la par de la lectura de las iniciativas en la sede del Poder Legislativo, en el Centro de Justicia Penal zona centro, se realizaron las audiencias por compra ilegal de materiales para construcción y de electricidad, contra autoridades universitarias y su Comité de Adquisiciones, y otra más contra Héctor Melesio Cuen Díaz, a quien se le dictó un orden de aprehensión por no presentarse ante el juez voluntariamente. Hasta el viernes no había sido localizado.

El encargado del despacho de Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, cuestionó que ni el gobernador ni el Congreso “abonan a la reconciliación que instruyó el presidente”, y que Rocha miente al señalar que no existe un conflicto con la institución.

“Claro que hay conflicto, lo queremos arreglar, queremos atender el llamado del presidente (…) yo digo que discutamos no nada más la ley, discutamos todo”, puntualizó.

Detalló que la Ley General de Educación Superior del Estado violaba la autonomía universitaria por lo que la UAS se amparó, y cuando un Juez Federal les dio la razón, “el Congreso promueve un último recurso y al percatarse de que esa batalla estaba perdida, decidieron hacer control de daños desistiéndose de ese recurso para decir que existe buena voluntad”.

“Basta con escuchar a Feliciano Castro, a Sergio Mario, al diputado (José Manuel) Luque, a Serapio (Vargas), para saber cuál es la buena voluntad, claro que no existe, no quieran engañar a la gente, nada más que sean honestos, eso es lo único que se pide”.

Al hablar sobre las iniciativas de reformas, el diputado Feliciano Castro, mencionó que el Congreso puede consultar a los trabajadores y estudiantes de la UAS para reformar la Ley Orgánica de la casa de estudios sin necesidad de tener autorización de las autoridades universitarias, y que la reforma se hará con la Ley General de Educación, con el fin de no violentar el amparo federal vigente.

Afirmó que dicha ley no especifica si la consulta debe ser hecha por las autoridades universitarias o el Congreso, por lo que no es necesario el consentimiento del Consejo Universitario ni de Rectoría para hacer la consulta.

El amparo 262/2023 presentado por la UAS fue concedido en enero pasado, contra los artículos 3, párrafos tercero y cuarto, 19, 51, fracción VIII, 59 y 69 fracciones IX y X, de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, publicada el 28 de febrero de 2023 en el Periódico Oficial de Estado de Sinaloa.

El artículo 3 en sus párrafos tercero y cuarto, establece que la consulta para reformar la Ley Orgánica de la Universidad debía ser por el Congreso del Estado, el cual además podía llamar a rendir cuentas al Rector.

El artículo 19 señala que la SEPyC tendrá facultades en la revalidación de estudios; el artículo 51 fracción VIII, que los recursos que se le van a ministrar a las universidades públicas autónoma serán por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas; el artículo 59 somete a valoración y supedita los programas de estudio a la SEPyC, y el artículo 69 en sus fracciones IX y X establece que los ingresos propios deben tener el visto bueno de la SEPyC para ser autogenerados.

Las 36 iniciativas

En una jornada de tres días, el Congreso dio trámite a 36 iniciativas de diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la UAS, presentadas desde 2023 por universitarios, ciudadanos y diputados locales en conjunto y de forma individual, y en las que destacan como temas coincidentes: que la elección del rector sea mediante voto directo y secreto de la comunidad universitaria, se incorpore el principio de paridad de género, gratuidad en la educación superior y media superior y modificaciones en la institución en favor de la transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas.

Entre las iniciativas leídas está la presentada por 35 diputados de la actual Legislatura de Morena, PAN y del Grupo Plural, que propone además de los temas señalados, la disposición de fiscalización en los recursos universitarios.

Dos iniciativas presentadas por separado por dos ciudadanos, proponen reformas al artículo 33, para que uno de los requisitos para ser rector es que no sea ciudadano mexicano por nacimiento, sino que sea de nacionalidad mexicana, es decir que puede ser un ciudadano naturalizado.

Otra iniciativa firmada por docentes universitarios propone aumentar a dos el número de representantes de alumnos y dos de maestros por Unidad Académica en el Consejo Universitario.

Y que el rector sea elegido, por “mayoría en votación, universal, directa, libre y secreta de profesores, alumnos y personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa”.

En la gratuidad de la educación, se plantea que esta se de forma gradual y de conformidad con la suficiencia presupuestaria de la UAS.

“El Consejo Universitario no autorizará cuotas de inscripción o reinscripción, aunque se les brinde carácter de voluntarias o que condicionen el ingreso o la permanencia de estudiantes; a nadie se le negará el ingreso a la Universidad por falta de pago de inscripción. El funcionario de la Universidad que se niegue a inscribir a un alumno o alumna por falta de pago será removido de su cargo de manera inmediata”, señala otra iniciativa firmada por cuatro ciudadanos.

Otro grupo de ciudadanos también menciona que se reforma la actual Ley Orgánica para establecer como obligatoriedad que los servidores públicos con cargos de dirección y administración presenten su declaración patrimonial, de intereses y constancia.

Derogar la reelección del rector y que este pueda ser revocado del cargo a la mitad de su periodo, y que los directores sean también electos mediante el voto de estudiantes y trabajadores, son otras de las propuestas de una iniciativa presentada por jubilados de la UAS.

Otra iniciativa menciona que el Rector sea elegido de una terna presentada por una Comisión Autónoma Permanente de Consultas y Méritos Académicos, después de una amplia consulta realizada en cada unidad académica.

Para transparentar los recursos de la Universidad, un dictamen señala la creación de una Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización y Combate a la Corrupción.

Artículo publicado el 7 de julio de 2024 en la edición 1119 del semanario Ríodoce.