Una persona falseó durante dos años documentos para obtener contratos de la Universidad por 1.6 mdp y la Secretaría de Transparencia la sancionó sólo con 215 mil pesos
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Durante dos años una persona con actividad empresarial engañó a la Universidad Politécnica de Sinaloa con documentos falsos para obtener contratos y cobró un millón 685 mil 547 pesos y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) le aplicó una multa de 215 mil 088 pesos.
La persona sancionada es Sergio de Jesús Villa Reyes, quien presta el servicio de vigilancia con el nombre comercial de Unidad Especializada en Seguridad Empresarial Privada UESEP.
De acuerdo con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, dicha persona participó en concursos de adjudicación con documentos falsos.
“Proporcionó documentación falsa en el procedimiento de contratación de servicios de seguridad privada para el ejercicio 2022, así como para la celebración de los contratos CONTRATO/UPSIN/2021/VIGILANCIA y CONTRATO/UPSIN/2022/VIGILANCIA, para la prestación de servicios de vigilancia (seguridad privada) en la Universidad Politécnica de Sinaloa”, señala la STyRC.
La investigación contra el proveedor fue iniciada el año pasado por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaría de Responsabilidad y Normatividad, después de que la universidad dio vista de la irregularidad.
El proveedor participó con documentos falsos durante dos años consecutivos y obtuvo los contratos en las dos ocasiones.
Los contratos fueron entregados en un procedimiento de cotización por escrito a cuando menos tres personas.
El proveedor presentó su propuesta económica por invitación de la universidad.
El primer contrato fue adjudicado en el periodo del rector Alfredo Román Messina y firmado el 1 de enero de 2021, durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
Un año después, en 2022 ya en la administración de Rubén Rocha Moya, lo volvieron a invitar a participar y le adjudicaron el segundo contrato cuando era rector Héctor Daniel Brito Rojas, y quien en octubre de 2023 dejó el cargo y fue nombrado delegado de Vialidad y Transportes en Mazatlán, por el entonces secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares.
El contrato de 2022 fue firmado el 18 de febrero, pero la vigencia era a partir del 1 de enero.
La primera factura de ese año fue emitida el 24 de febrero por servicios del mes de enero.
Las facturas pagadas durante los dos años suman un millón 685 mil 547 pesos.
La STyRC determinó que el proveedor incumplió con el artículo 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sinaloa, que establece sanción al proveedor o empresas que “proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad”.
Como sanción la STyRC impuso una multa de 215 mil 088 pesos y una inhabilitación de nueve meses, por lo que no puede ser contratado por instituciones de gobierno durante ese periodo.
Tras resolver, la Secretaría giró un “aviso a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a las empresas productivas del Estado y Órganos Autónomos, que le fue impuesta a Sergio de Jesús Villa Reyes, la sanción administrativa consistente en inhabilitación temporal por un periodo de nueve meses, para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa”.
El documento señala que “en caso de que el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, el proveedor no haya pagado la multa que también le fue impuesta, la inhabilitación subsistirá en términos de lo establecido en el Artículo 83, párrafo tercero, de la Ley de la materia”.
Los contratos eran para la prestación de servicios de sistemas de seguridad privada en las instalaciones de la universidad ubicada en Mazatlán.
El servicio era de tres guardias en turno diurno, tres en turno nocturno y uno cubre turnos.
De acuerdo con el contrato de 2021 por cada agente la Universidad pagó 9 mil 200 pesos mensuales.
Las cláusulas establecen que el monto por guardia estipulado en el contrato no ampara los días festivos, días 31 de cada mes, incluyendo diciembre y los periodos extraordinarios como parte de la prestación del servicio, por lo que la universidad estaba obligada a pagar esos gastos adicionales.
En ese año en algunos meses la universidad pagó en total 74 mil 704 pesos y en otros como marzo pagó 79 mil 684 pesos porque incluye un día festivo y día 31.
Para 2022 el proveedor aumentó el costo y en ese contrato quedó estipulado que por cada agente serían 10 mil 200 pesos.
En 2022 el pago mensual era de 82 mil 824 pesos y los meses que incluían días festivos o día 31 como marzo, fue de 88 mil 345 pesos. En 2021 el proveedor también participó en un concurso para la adjudicación del servicio de limpieza en la Universidad Tecnológica de Escuinapa por 467 mil pesos por seis meses, pero fue adjudicado a una empresa que ofertó un precio más bajo.
Artículo publicado el 19 de mayo de 2024 en la edición 1112 del semanario Ríodoce.
