Comuna autoriza construcción de la industria de la empresa GPO
Jaime Romero Barreras, secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología del Municipio de Ahome, reveló que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) obtuvo dos licencias de uso de suelo y tres permisos de construcción para la planta de amoniaco en terrenos del puerto de Topolobampo, sin revelar si la Manifestación de Impacto Ambiental ya fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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El funcionario hizo la revelación, luego de que una treintena de miembros del colectivo ¡Aquí No! se apersonaran en la dependencia el pasado viernes para interponer una solicitud de información.
Y es que meses atrás, los integrantes han visto cómo la empresa no cesa las maniobras dentro y fuera del polígono vetado en dos procesos penales, incluyendo la impugnación a la Manifestación de Impacto Ambiental 25SI20131007, que derivó en una consulta indígena, cuyo cumplimiento aún no se valida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución definitiva del juicio de amparo en revisión 498/2021, y una nueva demanda de nulidad del proyecto “Planta de amoniaco de 2200 TMD” presentada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
A este se le asignó el caso 2989/23-EAR-025 que, hasta el 31 de enero del 2024, se encontraba en desahogo porque la Semarnat no había ofrecido pruebas en contrario, por lo que el municipio debió haber detenido los permisos que giró.
Romero Barrera reveló que el Ayuntamiento de Ahome otorgó dos licencias de uso de suelo en julio del 2023 y en septiembre del mismo año cuatro permisos de construcción para áreas de llenaderas, conexiones de agua, urbanismos y diversas edificaciones.
Dijo que la empresa cumplió con los requisitos que el municipio exige para otorgar los permisos, pero se reservó explicarlos.
Aseguró que, hasta el viernes, los permisos estaban vigentes pues no tenía ordenamiento de un juez en contrario.
“La única manera de parar esto es por orden de un juez, y nosotros no hemos recibido ningún mandamiento. Nadie está por encima de la ley, pero nosotros no podemos detener un procedimiento cuando la empresa cumple con los requisitos”.
Melina Maldonado Sandoval, lideresa tribal mayo-yoreme de Lázaro Cárdenas, y quien encabezó al contingente de opositores, afirmó que desde hace tiempo estaban observando que la empresa GPO no deja de trabajar en los polígonos impugnados y en sus alrededores, pero se habían mantenido en reserva porque estaba de por medio la organización de las fiestas religiosas de la etnia de Semana Santa.
Al concluir la Semana de Pascua, se reactivó la lucha en contra de los gobiernos federal, estatal y municipal y su complicidad con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.
En la reactivación, interpusieron un escrito de petición de información a Jaime Romero Barreras y denunciando el relleno y desecación de manglares sin contar con los permisos federales, y existiendo una sentencia que anula la Manifestación de Impacto ambiental.
El documento fue interpuesto también ante el alcalde, Gerardo Hervás Quindos, el director del Órgano Interno de Control, Fausto Rubén Ibarra Celis; director de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Odman Racheth Burgos Delgado, la síndica procuradora, Paula Samantha Guzmán León, la directora de la Unidad de Transparencia, Karla Patricia Lares González y la directora de Pueblos Indígenas, Silvina Valenzuela Valenzuela.
Y tras la explicación de Romero Barreras y su negativa de ahondar en los permisos, el colectivo recurrió a Transparencia a solicitar la información precisa.
Melina Maldonado consideró que aún es pronto para anunciar el paso legal a consecuencia de la liberación de los permisos municipales, pues de entrada sólo conocen que las Manifestaciones de Impacto Ambiental Regional están suspendidas y sin validez de ninguna clase, por lo que el municipio no tiene facultades para haber girado los permisos que presume existen.
El colectivo supuso que en el caso hay mano negra.
Artículo publicado el 05 de mayo de 2024 en la edición 1110 del semanario Ríodoce.