En 2016 había en el gobierno federal 6 mil 533 empleados ocupados en prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción, adscritos a los órganos internos de control de cada secretaría y dependencia.
En 2022 solo eran 2 mil 959.
La fuente de esta información es el Censo Nacional del Gobierno Federal 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colin, fue designada por el presidente López Obrador y, al inicio del sexenio, había colaborado con él como su secretaria de Economía.
Este mismo censo indica que en 2022 el gobierno federal celebró 178 mil 784 contratos para comprar algún material, rentar equipos o instalaciones o recibir un servicio.
De esos contratos, 19 mil 288 los realizó mediante un concurso para que se concretara la operación con quien presentara la mejor propuesta de precio y calidad y se hizo una convocatoria abierta para que participara en esa competencia quien quisiera. Esto es, se llevaron a cabo licitaciones públicas.
Otros 7 mil 403 contratos se dieron convocando solo a algunos participantes para que concursaran entre ellos, una invitación restringida.
De 2 mil 711 compras, no se sabe cómo las hicieron.
Los restantes 149 mil 352 contratos se asignaron a las personas y empresas que quisieron los funcionarios federales, los eligieron libremente, sin concurso, por adjudicación directa.
El monto pagado a estos proveedores y contratistas favorecidos por los funcionarios federales a través de una adjudicación directa, fue de 181 mil 661 millones 490 mil 368 pesos.
En materia de obra pública, el gobierno del presidente López Obrador asignó 1 mil 207 contratos mediante adjudicación directa por un monto de 22 mil 686 millones 457 mil 242 pesos.
El Plan Nacional de Desarrollo es el documento legal y político más importante que presenta un presidente a la nación.
En él, Andrés Manuel López Obrador prometió que pondría un control más para dificultar la corrupción: eliminar las adjudicaciones directas.
El presupuesto total qué pasó por las manos de los funcionarios federales en 2022; incluyendo, además de las compras y construcción de obras, el pago de salarios, programas en efectivo, etc., fue de 4 billones 481 mil 608 millones de pesos.
En 2016, antes de López Obrador, se llevaron a cabo 3 mil 979 auditorías a las instituciones de la Administración Pública Federal por parte de las autoridades de control, vigilancia y/o fiscalización para detectar irregularidades y actos de corrupción.
En 2022, ya con López Obrador, solo se realizaron 2 mil 318 auditorías.
En 2018, se iniciaron 12 mil 618 procedimientos de responsabilidad administrativa ante irregularidades detectadas.
En 2022, solo se iniciaron 3 mil 747 procedimientos.
En 2017, se impusieron 9 mil 256 sanciones contra servidores públicos de la Federación.
En 2022, solo se impusieron 2 mil 783 sanciones.
Los mecanismos internos del gobierno federal de combate a la corrupción han sido debilitados.
Hay menos personal dedicado a ello.
Se audita menos.
Se investiga menos.
Se denuncia menos.
Se castiga menos.
El control interno está desconectado.
Uno de los mecanismos de control externo, la Auditoría Superior de la Federación, también está disminuida.
En 2018 la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, nombró un nuevo auditor superior.
La Auditoría Especial de Cumplimento Financiero llevó a cabo 341 auditorías a la cuenta pública 2016, con el anterior auditor, de las que se derivaron 645 observaciones por 38 mil millones de pesos; en contraste, a la cuenta pública 2021, con el actual titular, solo le realizaron 269 auditorías, que dieron lugar a apenas 378 observaciones por únicamente 8 mil millones.
Uno más de los controles externos es la Fiscalía Especializada contra Delitos de Corrupción que depende de la FGR.
La relación del fiscal Alejandro Gertz con el presidente es muy buena y se refleja en que de las 12 mil 490 carpetas que se han abierto desde que empezó este gobierno federal, solo se han judicializado exitosamente 254 y han alcanzado sentencias firmes únicamente ocho.
A su vez, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción que debe medir, estudiar y proponer soluciones, ha sufrido una reducción de su presupuesto en 40 por ciento. Tiene menos manera de cumplir su función.
Controles apagados, desconectados, debilitados.
Otro control externo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está propuesto para que desaparezca.
Es el organismo autónomo que nos garantiza, a los ciudadanos, que podamos acceder a la información que tiene el gobierno sobre, entre otras cosas, cómo usa el presupuesto, cómo lo gasta, en qué, con qué proveedores y contratistas.
El presidente dice que es mucho invertir 1 mil millones en vigilar el ejercicio de más de 4 billones 481 mil millones.
Propone que los controles internos que dependen del mismo gobierno y que no tienen personal suficiente, sean los encargados de obligar a sus jefes a darnos la información que necesitamos.
Expone el jefe del Ejecutivo que eliminar al INAI es una de las razones para votar por su partido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo, el primero de febrero, que en las próximas elecciones se debe tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores a fin de aprobar sus iniciativas
Desaparecer un control, un contrapeso, es su propósito.
Funcionarios con los cajones abiertos, sin mayor límite que su libre albedrío.
El INEGI, por su parte, reporta que el 65 por ciento de la población mayor de 18 años considera que ocurren prácticas de corrupción de manera frecuente o muy frecuente en el gobierno federal.
Artículo publicado el 03 de marzo de 2024 en la edición 1101 del semanario Ríodoce.
