Los 164 millones de pesos que señaló la Auditoría Superior de la Federación como posible daño al erario serán aclarados, aseguró el subsecretario de Egresos, José Carlos Cañas Fernández.

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En la cuenta pública de 2022 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló como posible daño al erario 164 millones de pesos que los Servicios de Educación Pública Descentralizados del Estado de Sinaloa no entregaron la documentación que justificara el gasto.

Cañas Fernández mencionó que todavía están en plazo para solventar la observación.

Señaló que tienen 30 días para el informe de seguimiento.

“Estoy convencido”, gobernador, “de que es porque la información no es que no exista, sí existe, pero se dio de una manera que los auditores no la entendieron; sin embargo, estoy convencido de que esos 164 (millones de pesos) se van a solventar en seguimiento”, expresó.

En el ejercicio de los recursos públicos de 2022, en los Servicios de Educación Pública Descentralizada de Sinaloa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la ASF señaló que hubo un probable daño a la Hacienda Pública por 166 millones 334 mil 719 pesos, por gastos sin comprobar y pagos a trabajadores muertos o con licencia sin goce de sueldo.

El informe indica que en el rubro de Participaciones Federales a Entidades Federativas, la Secretaría de Administración y Finanzas realizó transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas a 55 dependencias, de las cuales 51 reportaron en qué se ejercieron los recursos y durante la auditoría lo hicieron otras tres, sin embargo, los SEPDES aclararon el gasto de 438 millones 280 mil pesos, pero no comprobaron 164 millones 447 mil 862 pesos.

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La ASF menciona que además pagaron 468 mil 509 pesos a ocho trabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas con permiso sin goce de sueldo y un millón 418 mil 348 pesos a 47 trabajadores de la SEPYC, por lo que presume un daño de un millón 886 mil 857 pesos.

Con recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, realizaron pagos a personal con licencia sin goce de sueldo por 555 mil 500 pesos; a personal después de la fecha de baja definitiva de la dependencia por 214 mil pesos; a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2022, por 136 mil pesos, lo que generó un probable daño por 906 mil 300 pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.