Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó por “notoria improcedencia”, la controversia constitucional presentada por Santiago Creel Miranda contra el decreto de Andrés Manuel López Obrador, en el que declara de “seguridad nacional” obras de infraestructura prioritarias.
Creel Miranda explicó en junio de 2023, que la orden publicada el pasado 18 de mayo por el Ejecutivo Federal constituye un acto arbitrario contra el derecho humano de las y los ciudadanos para que el gobierno federal se rija bajo los principios transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y máxima publicidad.
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El 18 de mayo de 2023, ocho ministros de la Corte declararon la inconstitucionalidad del primer decreto expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que catalogó como asunto “de interés público y seguridad nacional” las obras de infraestructuras prioritarias del gobierno de la 4T, por lo cual, ese mismo día por la tarde, el jefe del Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación su nuevo decreto.
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El llamado nuevo “decretazo”, que López Obrador publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones, entre otros.
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Según dijo el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto la intención del primer mandatario “es que el pueblo no sepamos si se está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum”.
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