El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato del Movimiento Construye a la presidencia de la República de Ecuador, trae a la memoria de inmediato los asesinatos de los también candidatos presidenciales colombianos Luis Carlos Galán en 1989 y Carlos Pizarro Leongómez en 1990 y el mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994, porque en estos crímenes presuntamente estuvieron involucrados cárteles del narcotráfico.

Este nuevo magnicidio encendió las alertas especialmente en Estados Unidos y el mundo iberoamericano, como también, en las sedes de las instituciones internacionales interesadas en salvaguardar las frágiles democracias latinoamericanas de manera que hay un déjà vu a un problema que ha venido creciendo rápidamente y amenaza seriamente la vigencia del Estado y sus instituciones por su correlato de violencia y muerte.

Ecuador que hace una década solo pintaba como lugar de tránsito de drogas, se ha convertido en un país de “almacenamiento, procesamiento y distribución” y esto, conlleva, la configuración de franquicias locales que responden a los intereses de los cárteles mexicanos, considerados por el gobierno de los Estados Unidos como de los más poderosos del mundo.

En julio pasado George Papadopoulos, administrador adjunto de la DEA, publicó el documento Protección del territorio nacional de Estados Unidos: lucha contra el flujo procedente de la frontera suroeste, en el da cuenta de la dimensión y poder que tienen los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a través de una red de franquicias y alianzas criminales.

Acerca del primero señala que esta organización cuenta con “más de 26 mil miembros asociados, facilitadores y corredores afiliados al cártel en más de 100 países”, mientras, el segundo cártel “Se ha identificado que actualmente hay más de 18 mil 800 miembros, asociados, facilitadores y corredores afiliados al Cártel en más de 100 países”.

Un dato sorprendente en el informe de marras es que, mientras estas organizaciones criminales tienen individualmente decenas de miles de miembros en más de 100 países, la DEA opera solo en 69 países y con alrededor de 9 mil empleados, lo que muestra claramente una diferencia sustantiva que suponemos se compensa con las estructuras policiales y militares que colaboran en la lucha contra el narcotráfico.

En 2021 el Centro Internacional Marítimo Contra el Narcotráfico, Cimcon, de Colombia elaboró un mapa de las cinco rutas del narcotráfico que documenta el lugar que ocupan en el territorio ecuatoriano y las costas de México en el traslado de drogas y que divulgó el diario mexicano Milenio (https://www.youtube.com/watch?v=vlt9srgNtxg&ab_channel=MILENIO).

Se trata de las rutas que van desde Las Esmeraldas Ecuador-Guatemala y Chiapas; San Lorenzo Ecuador-Oaxaca y Guerrero, México; Puerto Rico, Ecuador-Michoacán y Guerrero, México; Puerto Rico, Ecuador, Jalisco y Sinaloa, México y Ayampe, Ecuador-Sinaloa-México.

Una constante, en los territorios capturados por el crimen organizado, es que para optimizar sus operaciones, negocios y ganancias resulta cada vez más indispensable capturar franjas de las instituciones públicas y, de representación política, en los tres niveles de gobierno (federación, estados y municipios) para tener una suerte de muro de contención contra decisiones políticas adversas a sus intereses.

Y este propósito de crear un Estado paralelo cuando se ve que tiene resistencia en la sociedad o la política estas organizaciones han acudido a la presión, intimidación y el asesinato de los líderes sociales cómo también de los liderazgos políticos contrarios a ese proceso de captura de las instituciones públicas.

Así, la incertidumbre que se vive en estos momentos en Ecuador, en México se vivió notoriamente en las elecciones concurrentes de 2021, cuando los distintos grupos del crimen organizado se convirtieron en el gran elector especialmente en los estados de la costa del Pacífico, donde intervinieron violentamente en la selección de candidatos, campañas electorales, la operación política el día de los comicios, incluso al asesinato de cerca de un ciento de dirigentes, militantes y candidatos.

De acuerdo, con el Primer Informe de Violencia Política en México 2021, preparado por la organización civil Etellekt durante el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 30 de mayo de 2021 hubo “782 agresiones globales contra políticos y candidatos, entre este gran número de agresiones registradas, en estas elecciones 2021 han asesinado a 35 candidatos a algún cargo público, y en general 89 políticos han sido privados de la vida”.

En estos días, en México, han concluido los procesos para definir quienes son los “coordinadores de los proyectos de país” que en realidad es para definir candidaturas presidenciales de las dos grandes coaliciones que se prefiguran para competir en el verano de 2024 y, el tema de los cárteles y su violencia, estuvieron ausentes del debate público, siendo el problema que la mayoría de los mexicanos identifican como su mayor preocupación.

En definitiva, los asesinatos de los presidenciables colombianos Galán y Pizarro, cómo el del mexicano Colosio, y ahora el del ecuatoriano Villavicencio, qué dicho de paso llamó al presidente López Obrador a hacerse cargo de su responsabilidad de este producto que se exporta y mata en su país, como lo hace Estados Unidos con el tema del fentanilo, es una amenaza latente que está como recordatorio contra todos aquellos que osen desafiar ese poder. Hace falta algo más que silencio, declaraciones y pronunciamientos políticos.

Al tiempo.

Artículo publicado el 10 de septiembre en la edición 1076 del semanario Ríodoce.