El cabildo, que ofreció un cambio político, vendió áreas de donación; el exalcalde Arturo Duarte García, involucrado

Un nuevo escándalo con el supuesto trafique de áreas verdes afloró al norte de Los Mochis cuando de la noche a la mañana una empresa privada comenzó a cimentar un negocio en una zona en donde los residentes creían que se construiría un parque, como se los prometió la inmobiliaria.

El caso en donde se presume un tráfico de influencias y la triangulación de prestanombres, salpicó al notario público y ex alcalde, Arturo Duarte García, quien el 13 de noviembre de 2014 publicó el decreto municipal numero 31, desincorporando 528.8 metros cuadrados con clave catastral 018-002-037 de la esquina de Justicia Social y calle Álamo, del dominio público, para cederla a dominio privado en favor de Celia Bojórquez Argüelles, a quien antes presuntamente se le había afectado un terreno con la pavimentación de la calle Santos Degollado.

Esto lo denunció Gladys Santa Cota, residente del fraccionamiento Villas Toscana, segunda sección.
“La supuesta indemnización con el predio público por la afectación a una señora, nunca fue enterada a los vecinos ni estos la aprobaron. Los colonos la teníamos por haber adquirido las casas con oferta y promesa incluida que se tendría un parque, escuela u hospital en una zona contigua, pero al que nueve años después le aparecen dueños”, dijo la representante de los residentes durante una protesta que realizaron para denunciar el supuesto trafique en el que el ex alcalde aparece como inquilino.

La investigación del involucramiento del político y la aparición de terceros fue denunciada ante el Congreso de Sinaloa y ante legisladores federales, para que se inicie una indagatoria y se finque responsabilidad penal y/o administrativa en un caso que está torcido, consideró la denunciante, que en sus dichos fue respaldada por más de una docena de habitantes que exigen se detenga el trafique de las zonas comunes y se respete por los gobiernos de las áreas verdes, de las que ya no existen en esa parte de la ciudad.

“El cabildo de Duarte García por arte de magia levantaron la mano y aprobaron la donación de uno y la venta de otro. Es impresionante lo que pasó a espaldas y ante los ojos de todos”, dijo.

El mismo predio y otros dos, de 2 mil 500 metros cuadrados y de 2 mil 509 metros cuadrados, respectivamente, estaban cedidos por la constructora Mezta al ayuntamiento de Ahome durante la administración de Zenén Aarón Xóchihua Enciso, como parte de equipamiento urbano para áreas comunes de los residentes que desde el 2011 comenzaron a ocupar sus viviendas.

La indagatoria señala que, en tiempos actuales, uno de los predios fue fraccionado y fue registrado a nombre de la empresa DIIES CANU S.A. DE C.V. cuyo domicilio fiscal lo es el predio, pero sin oficina de ninguna especie. La empresa fue registrada por Horacio Castro Martínez, su esposa, Yolanda Yedith Núñez Haro y la hija de ambos, Ana Carolina Castro Muñoz, quienes aportaron en conjunto 100 mil pesos como capital social.

Sin embargo, en asamblea de accionistas del 15 de febrero del 2022, protocolizada el 6 de diciembre de ese mismo año y registrada en el Registro público de la Propiedad el 10 de enero del 2023, se aceptó como socio a Abad Ávila Ochoa que aportó 100 mil pesos a la parte variable. La empresa fue registrada como constituida el 4 de enero del 2022 en el Registro Público de la Propiedad.

“Son empresas nuevas, de lo que se sabe es que Castro Martínez, administrador único fue trabajador de Mezta, y estos pretenden construir más casas en una zona en donde ya no caben y en un predio que era de las familias del fraccionamiento que tienen el derecho de vivir en una zona de recreación y al aire libre”, dijo.

Otro lote fue registrado por KAL ideas Empresariales, creada el 12 de diciembre del 2016 en Chihuahua por José Ricardo Kalisch Seyfert, Samuel Kalisch Valdez, Tengo Integración de Sistemas y Arquitectura Habitacional e industrial, según el instrumento 10,290 del libro 446 del notario público Fernando Rodríguez García e inscrita el Registro Público de la Propiedad el 19 de diciembre del 2016, cuyo domicilio fiscal es en Antonio Rosales 740, plaza Jhonston, propiedad de Duarte García.

Santa Cota dijo que las empresas mencionadas iniciaron el desplante de negocios o casas en los predios de interés público, pero sin contar con los permisos de construcción ni de uso de suelo, lo que derivó en la clausura.

Aseguró que hasta ahora han iniciado los trámites legales para frenar a las empresas que construyen en sus áreas verdes, iniciativas que no detendrán hasta la recuperación.

Insistió en que el Gobierno de Rubén Rocha Moya inicie las investigaciones para deslindar responsabilidades de lo que consideran un uso indebido del poder público y a la legisladora, Juana Minerva Vázquez González a que se involucre en el caso y defienda del derecho de los niños a tener un espacio de recreación.

Artículo publicado el 02 de julio de 2023 en la edición 1066 del semanario Ríodoce.