Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró la construcción de un fraccionamiento en la zona de Nuevo Altata en Navolato, por carecer de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la empresa Housesin presentó dicho estudio con el objetivo de obtener la autorización necesaria para reactivar los trabajos en la zona.

La MIA fue ingresada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 23 de abril, apenas seis días antes de que Enrique Díaz Vega, administrador único de la empresa y exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, fuera señalado en una acusación presentada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos.

La MIA contempla únicamente la construcción, operación y mantenimiento de un embarcadero, el cual representa la primera etapa de un desarrollo inmobiliario turístico-habitacional denominado “Residencial Manglares”.

El documento advierte que en fases posteriores se prevé la lotificación del terreno y la construcción de viviendas de distintas dimensiones, así como vialidades internas, áreas recreativas y verdes, y un canal de navegación con forma de herradura que rodeará una isleta y se ubicará junto a la Bahía de Altata. El proyecto también considera la instalación de cinco muelles pequeños y dos muelles con acceso directo a la bahía.

La descripción del desarrollo inmobiliario coincide prácticamente con la que Housesin promovía anteriormente en redes sociales bajo el nombre de “Lotes Exclusivos Manglares”, proyecto que fue clausurado por la PROFEPA hace casi un año por carecer de MIA e identificar la remoción de manglar sin autorización ambiental, hechos presentados por el periódico El Debate.

Las coordenadas geográficas contenidas en la Manifestación de Impacto Ambiental en relación al embarcadero están ubicadas en la parte poniente del lugar que fue denunciado en su momento.

El 11 de julio de 2025, la procuraduría ambiental informó que, en atención a una denuncia periodística sobre la devastación de manglar a causa del desarrollo de un fraccionamiento en Isla Cortés, Navolato, clausuró de manera parcial-temporal las obras en infraestructura construida y una excavadora.

Entre las irregularidades detectadas, la dependencia identificó trabajos de relleno realizados con arena marina extraída mediante dragado del estero Pelícanos. El material era contenido por un muro de concreto prefabricado, obras que se ejecutaban sin contar con la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Asimismo, se detectaron trabajos de cimentación y la construcción de una vialidad adoquinada de 7.20 metros de ancho en las inmediaciones del proyecto, el cual se encontraba bajo revisión por parte de las autoridades ambientales.

La PROFEPA también documentó la remoción de ejemplares de mangle blanco, mangle prieto y mangle botoncillo, especies protegidas por la legislación ambiental mexicana.

La dependencia precisó que el proyecto denominado “Desarrollo Nuevo Altata” contaba con una MIA autorizada como plan maestro; sin embargo, en el caso del fraccionamiento investigado, no existía ninguna autorización vigente. La dependencia enfatizó que cada desarrollo particular debía tramitar sus propias autorizaciones ambientales.

“El fraccionamiento ‘Lotes Exclusivos Manglares’ no tiene una MIA autorizada, mucho menos para remoción de manglares y rellenos”, señaló la PROFEPA tras la clausura.

El MIA señala que el predio del proyecto ya presenta un avance del 60 por ciento de su construcción y colinda con dos propiedades y la bahía de Altata. La inversión requerida de la obra será de 18 millones 291 mil 187 pesos.

El estudio de la empresa señala que el proyecto no se encuentra en zona de influencia de sitios RAMSAR, que no tendrá efectos sobre regiones marinas prioritarias de la zona y tampoco injerencia en zonas hidrológicas prioritarias.

Argumenta que la zona costera ya presenta un deterioro previo debido al desarrollo inmobiliario, la agricultura y la urbanización, por lo tanto, el embarcadero no destruirá un ecosistema virgen, ya que la flora en el predio es escasa y la fauna costera ya se ha desplazado.

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es su ubicación en una zona costera asociada a humedales y manglares. Durante la etapa de construcción, los impactos estarán vinculados a las actividades de preparación del sitio, excavación, movimiento de materiales y utilización de maquinaria pesada.

Durante la etapa de operación del embarcadero, entre los riesgos identificados se encuentra la posible contaminación del agua por derrames de combustibles, aceites y grasas provenientes de las embarcaciones, así como emisiones atmosféricas derivadas del uso de motores.

Una opinión autorizada

El investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Saturnino Díaz, advirtió que los manglares pueden sufrir afectaciones severas aun cuando las obras de infraestructura no impliquen la tala directa de la vegetación.

Explicó que proyectos como puentes, vialidades, barreras o desarrollos inmobiliarios cercanos pueden modificar el flujo natural de las mareas, alterar el transporte de nutrientes y sedimentos, y cambiar las condiciones de temperatura y renovación del agua.

El académico señaló que uno de los principales riesgos radica en la creencia de que construir a cierta distancia de los manglares evita cualquier impacto ambiental; sin embargo estos ecosistemas dependen de procesos hidrológicos que abarcan amplias extensiones y pueden verse alterados por obras ubicadas incluso fuera de la zona de vegetación.

Respecto a la Bahía de Altata, donde existe una amplia presencia de manglar, indicó que cualquier proyecto debe ser evaluado con especial cuidado para evitar modificaciones al intercambio natural de agua entre el mar abierto y la bahía.

“Son sitios en los cuales ni siquiera deberíamos pensar nosotros en construir absolutamente nada, sino, al contrario, dejar tales como están”, afirmó.

El trámite del MIA se encuentra en revisión.

Artículo publicado el 07 de junio de 2026 en la edición 1219 del semanario Ríodoce.